Adela Navarro Bello
En dos años nueve meses, desde que tomó posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018, y hasta agosto de 2021, las personas privadas de la libertad han incrementado en México, un 12.13 por ciento, pasando de ser una población de 197 mil 988 reos, a ubicarse en los 222 mil 18.
De acuerdo a las cifras del sistema penitenciario nacional, desde diciembre de 2018, cada mes, incrementan entre 800 y mil, las personas privadas de su libertad. Pero el incremento significativo, lo sitúan en la población privada de la libertad del fuero común. Donde en 2018 eran 165 mil 213, y para agosto del 2021 ascienden a 193 mil 580. Las personas privadas de la libertad del fuero federal, por el contrario, han decrecido: de 32 mil 775 en diciembre de 2018, pasaron a contabilizarse 28 mil 438 este 2021. Aunque no aclaran los delitos por los que se encuentran tras las rejas, conocido es que muchas personas que cometieron un delito federal, se encuentran en una prisión del fuero común, de hecho, el gobierno de la República también tiene menos penales que los censados en 2018, cuando contaba con 19, contra los 15 que hoy reconocen.
Del 100 por ciento de las personas privadas de su libertad, los 222 mil 18, el 42.9 por ciento, no está sentenciado, continúa siendo procesado, pero su juicio lo siguen tras las rejas.
Esta semana, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se dejó ver molesto ante la resolución de la Corte del lunes 25 de octubre, que determinó inconstitucional la prisión preventiva oficiosa cuando se trate de delitos de defraudación fiscal, como de expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales falsos, es decir, de facturas.
Sin agregarlo al catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, los delitos de defraudación fiscal, habían sido incluidos -en un decreto publicado el 8 de noviembre de 2019- en el delito de delincuencia organizada, que sí cuenta con prisión preventiva oficiosa, es decir, que, forzosamente quienes estén acusados del mismo, serán puestos tras las rejas en lo que se lleva el juicio que determinará si es responsable o no.
El presidente López Obrador, quien considera que los delitos de defraudación fiscal son cometidos por una minoría privilegiada, dijo al respecto de la resolución de la Corte: “Se trata de delincuentes de cuello blanco, entonces no pueden ir a la cárcel los fifís… Nosotros vamos a respetar la decisión de la Corte, porque queremos estar en un auténtico, en un verdadero Estado de Derecho”.
E insistió en que el cambio, se realice desde el mismo poder judicial: “Todavía es tiempo para que se reforme el Poder Judicial, que lo hagan en ellos mismos, pero esas decisiones no le ayudan al Poder Judicial. ¿Por qué no actúan así cuando se trata de hacerle justicia al pueblo raso?”.
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, respondió horas después al evidente descontento del presidente de la República. Dijo en una publicación en redes sociales: “La mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional”.
Y, de viva voz e imagen, a través de un video, compartió su posición al respecto, que, es evidente, contrasta con la del presidente de la República:
“Una persona debe estar privada de su libertad, o no, mientras se demuestra su culpabilidad, de eso trata la prisión preventiva oficiosa, en la mayoría de las democracias, salvo casos excepcionales, las personas se encuentran en libertad, salvo que haya ya una sentencia en la cual se acredita su culpabilidad, su responsabilidad. En México, desde hace mucho tiempo, hemos abusado de la prisión preventiva, muchas veces se detiene para investigar, y esto ha afectado, sobre todo a miles de personas pobres que no tienen la posibilidad de tener un abogado o una abogada de calidad, por eso la prisión preventiva oficiosa, aquella que se dicta en automático, sin valor las circunstancias del caso, es contraria a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto no implica que, sin prisión preventiva oficiosa, delincuentes peligrosos o que han defraudado de manera muy importante al país, estén en libertad, lo único que significa es que en estos casos, la juez o el juez, tendrán que dictar una resolución que justifique, que fundamente, porque una persona debe de estar detenida, mientras se resuelve sobre su responsabilidad. Se trata de avanzar en la protección de los derechos humanos de todas y de todos”.
Efectivamente, el 42.9 por ciento de la población privada de su libertad, lo está mientras es investigada y procesada para determinar si es responsable de los delitos que se le imputan, es decir, se presume inocente, pero está tras las rejas.
Algo que también hizo el presidente López Obrador, fue ampliar el catálogo de delitos considerados como graves, y por lo tanto que requieren de prisión preventiva oficiosa. A los siete ya existentes en la Constitución mexicana, abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, “así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud”, agregó: feminicidio, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento y ejercicio abusivo, robo a transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, desaparición forzada, y delitos en materia de armas de fuego y explosivos.
De esta forma, hay más personas, que, presumiendo la comisión de un delito, son privadas de su libertad para investigar si son responsables o no.
De acuerdo a las declaraciones y videos del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, en su disertación sugiere que este fallo, favorece a las personas de escasos recursos, aquellas que no tienen para pagar un buen abogado que les garantice seguir un proceso en libertad, pues además, a criterio del Juez, del poder y del dinero, se dan casos donde el juzgador determina, con un criterio particular, quien continúa su proceso en libertad, y quien lo hace privado de la misma, lo que genera un ambiente desigual, justo lo que el presidente quiere erradicar del sistema judicial mexicano.
El presidente López Obrador, con su respeto a la Corte, con el alarde de un pleno respeto al Estado de Derecho, ha dejado la pelota, está en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto la prisión preventiva oficiosa, lo hizo a partir de una determinación con la cual no está de acuerdo, pero lo hizo. Habrá que ver si en la Corte, continúan por ese camino, y reducen el catálogo de delitos considerados como graves, y con ello regulan aquellos que en realidad y por la gravedad del caso, merecen la prisión preventiva. Aunque esto signifique ir contra la política del presidente de la República y el populismo punitivo que trae como consecuencia la ampliación y exageración de la medida cautelar de prisión preventiva y de las penas para aparentar una reacción eficaz del Estado contra el delito.
