Ricardo Castillo Barrientos
El puerto de Acapulco ha tenido la fortuna de convertirse en la sede permanente de la Convención Internacional de Minería, como lo fue la Convención Nacional Bancaria, por la problemática de inseguridad se trasladó a otra ciudad del país.
La Convención Internacional de Minería es un magno evento que reúne a más de ocho mil asistentes de la industria minera del país y extranjero, donde dan a conocer los avances del sector, sólido pilar de la economía nacional y estatal.
La Convención Minera dejó buenos dividendos a la economía de nuestro destino turístico superior a los 200 millones de pesos, cuantiosa derrama que contribuye a la fuente de empleos y a un mayor circulante en transacciones comerciales.
Después del sector turismo, la actividad minera es la segunda en importancia en la economía guerrerense, porque representa el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal y el 98% de las exportaciones de la entidad, generando más de 30 mil empleos directos, en el 10% de las 590 minas concesionadas en la entidad, según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado.
Históricamente, el estado de Guerrero ha sido pródigo en minerales metálicos: oro, plata, zinc, cobre, hierro y florita, en la actualidad son explotados por empresas transnacionales canadienses y mexicanas, en comunidades ejidales de los municipios de Eduardo Neri, Cocula, Teloloapan, Arcelia y Coyuca de Catalán. Taxco interrumpió la producción por una larga huelga de trabajadores mineros.
En torno a la industria minera se han generado fuertes conflictos entre las empresas y autoridades ejidales en la firma de renovación de contratos de rentas de miles de hectáreas de tierras ejidales, con beneficio en obras sociales comunitarias, recursos económicos, empleos y protección del medio ambiente, evitando la contaminación de mantos friático y ríos.
La entidad tiene un alto porcentaje de concesiones autorizadas por el gobierno federal, 590 unidades, siendo una mínima cantidad las explotadas, debido a la falta de inversiones o el riesgo que podría implicar el arrendamiento de tierras comunales, cuando comunidades y autoridades agrarias se oponen rotundamente a la extracción de minerales en sus terrenos, por el temor de resultar despojados o los daños irreversibles causados por la contaminación minera.
Los ejidatarios de la región de La Montaña se han manifestado en contra del otorgamiento de concesiones, sin previa consulta con las comunidades por parte de autoridades federales, aunque los terrenos son nacionales los habitantes consideran que deben ser consultados antes de autorizar cualquier concesión, pues ellos serían los principales perjudicados o beneficiarios.
El diálogo entre autoridades y comunidades debe prevalecer para el mejor desarrollo de esta importante industria extractiva; así como, la preservación de la ecología y el habitat de la población.