Aprueban dictamen que abroga el régimen estatal de protección social en salud en Guerrero

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CHILPANCINGO. El Congreso del Estado aprobó el dictamen por el que se abroga el Decreto Núm. 13 que crea el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Guerrero (REPSSG) como organismo público descentralizado, derivado de las reformas con que la Secretaría de Salud federal asume el control, a través del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), en la prestación de servicios a las personas sin seguridad social en Guerrero.

Al fundamentar el dictamen en su calidad de integrante de la Comisión de Salud, el diputado Heriberto Huicochea Vázquez manifestó que la aprobación es un reflejo del cumplimento a la responsabilidad del Poder Legislativo para realizar la homologación de los ordenamientos jurídicos, derivado de las reformas, adiciones y derogaciones a la Ley General de Salud y la Ley de los Institutos Nacionales de Salud aprobadas por el Congreso de la Unión y la Cámara de Senadores, y que debe ser homologadas en las entidades federativas.

El legislador explicó que los integrantes de la Comisión dictaminadora expusieron su preocupación por las y los profesionales de la salud que laboraban para el Sistema Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Guerrero, por lo que, al dictaminar, se agregó un artículo transitorio que dice: Los derechos laborales del personal serán salvaguardados conforme a la ley en la materia y las bases para el desarrollo del proceso de extinción.

Por último, el diputado Heriberto Huicochea explicó que el dictamen en mención se deriva de la iniciativa presentada por el Ejecutivo del estado, a quien se le reconoce el ánimo de transformar los servicios de salud, a fin de estar en concordancia jurídica con la federación.

A su vez, el Congreso de Guerrero, con la aprobación de este ordenamiento en materia de salud, da cumplimento a lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diferentes leyes federales y estatales que estipulan que todas y todos los mexicanos tienen derecho a los servicios de salud a través de las instituciones públicas vigentes.

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