Día: 29 octubre, 2026

Cuauhtémoc Rea Salgado

Atoyac de Álvarez, Gro.— La conservación de las zonas serranas vinculadas a la Reserva de la Biosfera Sierra Tecuani avanza con la incorporación de ejidos a esquemas voluntarios de protección ambiental. Este año, El Cacao y San Vicente de Benítez, en el municipio de Atoyac, obtuvieron la certificación como Áreas Destinadas Voluntariamente para la Conservación (ADVC).

Carlos Manuel Reyes García, director de la Reserva, informó que también comenzó la consulta pública para crear y certificar una nueva área de este tipo en una zona ubicada entre los municipios de Coyuca de Benítez y Acapulco.

Como parte de la siguiente etapa, siete ejidos cercanos a la Reserva iniciarán el próximo año sus respectivos procesos de certificación. La intención es ampliar la participación de las comunidades en la conservación de sus territorios, que se sumarán a los nueve ejidos que, según el funcionario, ya cuentan con esta acreditación.

El anuncio se dio al término de la primera sesión ordinaria del Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera, encabezado por Alfredo Sánchez, donde se validó el Reglamento Interno de este órgano. El Consejo funciona como enlace entre los ejidos vinculados con la Reserva y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

Reyes García señaló que, desde la publicación del decreto presidencial que creó la Reserva en 2024, han participado distintas instituciones en los trabajos de conservación y desarrollo de la zona. Entre ellas mencionó al programa Sembrando Vida, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Estado de Guerrero (SAGADEGRO), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo Mexicano para la Conservación.

Boletín

Chilpancingo, Gro.- Diputadas y diputados de la LXIV Legislatura exhortaron al Ayuntamiento de Acapulco a implementar y fortalecer acciones integrales de prevención, recolección, limpieza, manejo y disposición adecuada de residuos sólidos urbanos en playas, arroyos, barrancas y puntos de acumulación de basura a cielo abierto, que reduzcan los riesgos de inundación, contaminación y afectación a la población durante la temporada de lluvias y huracanes.

Lo anterior, a propuesta de la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez (Morena), quien desde tribuna expuso que no sólo se habla de la basura, sino de salud pública, protección ambiental, prevención de riesgos y, sobre todo, de la responsabilidad que se tiene con las familias de Acapulco.

La legisladora señaló que “Acapulco no puede seguir atendiendo las consecuencias de las lluvias sin atender también las causas que agravan sus efectos”, como ocurrió con las recientes precipitaciones e inundaciones por el paso del huracán Simón, cuyas corrientes arrastraron residuos desde las partes altas de las colonias hacia los cauces, vialidades y la bahía de Santa Lucía.

Subrayó que, de acuerdo con los reportes oficiales, durante una jornada intensiva de cuatro días se recolectaron mil 740 toneladas de residuos en vialidades y colonias, mientras que en la franja costera las labores de limpieza reportaron entre 195 y 235 toneladas acumuladas durante cinco días, lo que representa calles afectadas, espacios públicos deteriorados, ecosistemas amenazados y familias expuestas a los riesgos que se incrementan cuando los residuos obstruyen el escurrimiento del agua.

La diputada reconoció el trabajo de limpieza de las brigadas municipales y estatales en calles y playas, pero indicó que “la prevención es indispensable”.

En ese sentido, el exhorto es para que el Ayuntamiento de Acapulco considere dentro de su programación y presupuestación para el Ejercicio Fiscal 2027 los recursos específicos para un programa permanente de prevención, limpieza, recolección y disposición adecuada de residuos, que identifique los puntos críticos de acumulación de basura, establezca prioridades de atención y fortalezca las jornadas de limpieza en arroyos, barrancas, cauces, vialidades y sitios donde existen tiraderos a cielo abierto.

Además, se llama a fortalecer la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales, particularmente en materia de protección civil, con el objetivo de lograr una cultura de responsabilidad compartida entre ciudadanía y gobiernos.

Boletín

Chilpancingo, Gro.- Para conocer si las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) presentan un adecuado funcionamiento, el Congreso del Estado exhortó a las autoridades de los 85 municipios a que envíen un informe detallado sobre la situación operativa, infraestructura, equipamiento, recursos humanos, servicios que prestan, población atendida y necesidades prioritarias de estos centros.

Al presentar el acuerdo parlamentario, la diputada Leticia Rodríguez Armenta (Morena) aseguró que las UBR representan una alternativa fundamental para acercar los servicios de rehabilitación a la población que los requiere, mediante acciones de orientación terapéutica, aplicación y seguimiento de tratamientos, promoción de la salud y canalización a instituciones especializadas cuando la naturaleza de cada caso así lo amerita.

Ante ello, consideró indispensable conocer las condiciones en que las mismas operan, para identificar las necesidades que enfrentan y sus áreas de oportunidad, en busca de fortalecer su funcionamiento, particularmente en las comunidades rurales, localidades de difícil acceso y zonas con mayores condiciones de vulnerabilidad social y económica.

La legisladora subrayó que la discapacidad debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos, inclusión, igualdad y no discriminación, reconociendo que todas las personas tienen derecho a acceder a servicios de salud, habilitación y rehabilitación, contribuyendo con ello a mejorar su calidad de vida, favorecer su autonomía y promover su participación plena y efectiva en la sociedad.

Respecto a los municipios que no cuentan con una UBR, el Poder Legislativo solicita informar expresamente dicha circunstancia, así como las acciones, gestiones o previsiones que, en su caso, se contemplen para acercar los servicios de rehabilitación a las personas con discapacidad de su demarcación territorial.

Además, se pide que la información sea remitida dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo, para que la comisión legislativa de Atención a las Personas con Discapacidad realice un diagnóstico estatal sobre las condiciones de estos centros, y en el ámbito de sus atribuciones realice las acciones conducentes para el cumplimiento de los programas de prestación de servicios, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero.

Boletín

Chilpancingo, Gro.- El Pleno de la LXIV Legislatura de Guerrero aprobó adiciones a la Ley de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado para establecer con claridad que se deberá incorporar la perspectiva de género en el gasto público, garantizando la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, conforme a los Anexos Transversales del Presupuesto de Egresos.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Joaquín Badillo Escamilla, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, indicó que tales anexos son las herramientas que agrupan, identifican y visibilizan los recursos asignados a temas prioritarios que involucran a múltiples dependencias.

En ese sentido, ejemplificó que en lugar de que el gasto de un sector se encuentre disperso y oculto entre los presupuestos de distintas secretarías, como de Educación, Salud y Bienestar, el anexo transversal los reúne bajo un mismo rubro para dar seguimiento a políticas públicas específicas.

Abundó que el presupuesto público no puede ser concebido únicamente como un instrumento técnico de asignación de recursos, sino como una herramienta fundamental para la garantía de derechos. Ante ello, remarcó que con este dictamen derivado de una iniciativa presentada por la diputada Erika Isabel Guillén Román (PRD), se establece de manera expresa la obligación de incorporar la perspectiva de género de manera transversal en todas las etapas del ciclo del gasto público.

En la misma sesión se aprobó un dictamen de adición a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado con el propósito de que el Informe General de la Auditoría Superior del Estado contenga los resultados del ejercicio de las previsiones de gasto contenidas en los Anexos Transversales, lo que permitirá evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios.

Estas últimas modificaciones fueron propuestas por el diputado Alejandro Carabias Icaza (PVEM), mismas que, conforme a la argumentación de Badillo Escamilla, “no pretenden alterar la naturaleza del presupuesto, ni generar nuevas cargas financieras automáticas para el erario estatal, sino perfeccionar la forma en que se presenta y sistematiza la información presupuestaria, dotando al Presupuesto de Egresos de una herramienta que permita hacer visible la transversalidad del gasto, identificar concurrencias institucionales y fortalecer la comprensión pública sobre la forma en que el Estado atiende sectores estratégicos”.

El legislador resumió que las reformas a ambos ordenamientos conectan dos momentos fundamentales de la gestión pública: por un lado, la programación y aprobación del gasto; y por el otro, su revisión, evaluación y fiscalización posterior.

“Así, el Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado contarán con mayores elementos para examinar la consistencia entre lo presupuestado, lo ejercido y los resultados obtenidos”, afirmó.