Por Ricardo Castillo Barrientos
Los críticos acérrimos de la elección del Poder Judicial pasan por alto la renovación parcial del 50% de los juzgadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con excepción de los ministros y ministras. Permanecerá el 50% con experiencia jurídica. La mitad de magistrados y jueces seguirán fungiendo hasta 2027, con la renovación total de la estructura judicial de mayor responsabilidad.
Se han venido manejando diversas aristas sobre la Reforma Judicial y la elección del 1º. de junio, la mayoría de las opiniones escritas y verbales en medios de comunicación y digitales, se han pronunciado ferozmente en contra; frente a una campaña institucional de concientización fallida, invitando a votar este domingo. Se prevé una baja asistencia entre 15% y 20% de electores, de un padrón electoral de casi 100 millones de ciudadanos, equivalente entre 10 y 20 millones de votantes.
Los comentocrátas han insistido en lo viciado del proceso electoral de principio a fin, con afirmaciones referentes a una farsa y un premeditado fraude electoral, tendiente a favorecer a los candidatos del Poder Ejecutivo y MORENA; y quien resulte presidenta, será una persona afín a ese partido y a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, existe indiferencia o falta de interés en participar en las elecciones, debido al desconocimiento de los aspirantes a juzgadores, además ignoran las funciones de los impartidores de justicia, en consecuencia, una reducida participación ciudadana; más la reducción del 50% de las casillas, distantes de los domicilios de los electores.
Los opositores a la Reforma Judicial han hecho un llamado a no votar, consideran avalaría al conjunto de anomalías registradas durante el proceso de reforma instaurado por el ex presidente López Obrador y ratificado por la presidenta Sheinbaum, a quien recriminan de dar continuidad al proyecto del ex mandatario nacional.
La Constitución General de la República establece el derecho a votar y ser votado en comicios electorales, dando origen a elecciones más democráticas, donde se debe ejercer ese derecho a favor o en contra, o nulificando el sufragio; lo cual dista de ausentarse de las urnas y propiciar el abstencionismo ciudadano.
Los mexicanos elegirán 881 juzgadores del Poder Judicial, distribuido así: 9 ministros (a); 15 magistraturas de Salas Regionales; 464 magistraturas de circuito; 2 magistraturas del Tribunal Electoral; 5 del Tribunal de Disciplina Judicial y 386 juzgadores de Distrito.
Por lo que respecta al estado de Guerrero, se elegirán 10 magistraturas y 10 jueces de Distrito del vigésimo Primer Circuito, además lo correspondiente a los mandatos nacionales.
Todo el entramado judicial electoral resulta complejo para la ciudadanía, que no alcanza comprender la dimensión del proceso democrático, donde se trasfiere al escrutinio ciudadano, la impartición de la justicia en el país, detentada con anterioridad en pocas manos.
Marea Baja.- A iniciativa del ingeniero Jeovel Guinto González, ex secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado y del empresario restaurantero, Enrique Castro, las cámaras empresariales y colegios de profesionistas, más representativas del puerto, llevaron a cabo una reunión estratégica con el vice coordinador de la Cámara de Diputados federal, Alfonso Ramírez Cuellar.
En la reunión se plantearon los grandes proyectos de transformación impulsados por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando las acciones en infraestructura urbana, recuperación económica, fortalecimiento del turismo. vivienda, seguridad y conectividad.
Por su parte, Guinto González, destacó el Proyecto Integral de la Cuenca del Balsas, que coordina el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, iniciativa federal tendiente a detonar el desarrollo del sur del país y las ocho regiones de la entidad.
Marea Alta.- El organismo paramunicipal CAPAMA, va de mal en peor, con la destitución del director Hugo Lozano Hernández y el nombramiento del subsecretario de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco, Antonio Rojas Montiel, como Encargado de Despacho, sin tener conocimiento ni la mínima experiencia en la materia, al igual que su antecesor.
La CAPAMA ha venido operando de manera irresponsable e ineficiente en los últimos lustros y objeto de saqueo de sus recursos financieros, sin ningún problema, rayando en la impunidad; sufriendo los usuarios la escasez del vital líquido durante varios días o semanas.
No hay otra que transferir la CAPAMA a la CONAGUA, para mejorar la operación técnica, el saneamiento financiero y administrativo, y no siga siendo un botín de los funcionarios o la caja chica de la presidencia municipal.
Maremoto.- En verdadero escándalo se ha convertido la controversia institucional entre la alcaldesa Abelina López Rodríguez y el Auditor Superior del Estado, César Peralta Hidalgo, debido a la falta de comprobación de 898 millones de pesos de programas federales, ejercidos por el Ayuntamiento de Acapulco, en 2023.
Desde siempre, la Auditoría Superior del Estado /ASE), ha coadyuvado con la Auditoria Superior de la Federación (ASF), en la fiscalización de los recursos federales transferidos a los Ayuntamientos, sin que exista la menor oposición, excepto la alcaldesa porteña que se niega a rendir cuentas, bajo el argumento de la inexistencia de un convenio entre ambas entidades fiscalizadoras.
En breve, el auditor Peralta Hidalgo, dará vista a la Fiscalía General del Estado (FGE), porque la alcaldesa de Acapulco estaría incurriendo en graves delitos ante la negativa de ser fiscalizado su gobierno por una entidad estatal.
La sangre no llegará al río, porque meterán reversa en este espinoso caso. por la protección que MORENA le brinda a la alcaldesa y otras instancias de gobierno de alto nivel político. Otro calambre político más de sus adversarios, como al tal “Chinto”.
