Día: 19 diciembre, 2024

Edvin López

CIUDAD DE MÉXICO. Durante la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que el objetivo de la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es erradicar la corrupción, asegurar que el uso de recursos de los trabajadores sea transparente y generar un esquema en la que también participen los desarrolladores privados, con el objetivo de garantizar la construcción de vivienda social.

“Lo que estamos planteando con la reforma es un cambio en la estructura del Infonavit, que sea transparente, que los trabajadores tengan la certeza de que están bien cuidados sus ahorros, que haya absoluta transparencia en la asignación de viviendas, en la asignación de créditos”, puntualizó.

Explicó que la reforma plantea que el Infonavit no sólo sea un fondo de ahorro que distribuya los recursos a desarrolladores inmobiliarios, sino que pueda construir vivienda de interés social y cumpla con su objetivo central: otorgar el derecho a la vivienda a las y los trabajadores.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que la reforma plantea equiparar la gobernabilidad de esta dependencia con la del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), manteniendo el sello tripartito, que se compone del sector gobierno; sector trabajadores y sector empresarial. Por lo que la reforma contempla:

Un sistema de vivienda con orientación social que se amplía en tres vertientes:

1) Crédito barato y suficiente para derechohabientes que ganan menos de dos salarios mínimos; 2) Desarrollo de vivienda, que permita al Infonavit comprar terrenos, recibirlos en donación y construir; 3) Arrendamiento social con opción a compra, para que las y los trabajadores puedan rentar sin que el pago exceda el 30 por ciento de su salario.

Creación de la constructora del Infonavit: que realizará proyectos de desarrollo inmobiliario para los trabajadores que menos ganan y que históricamente no han tenido acceso a vivienda barata y suficiente.

Aseveró que la empresa constructora del Infonavit es indispensable ya que en los últimos 10 años se redujo notablemente la construcción de vivienda, particularmente la de interés social con un valor promedio de 550 mil pesos.

Explicó que, con la creación de la constructora del Infonavit, se podrá reducir el tiempo y los costos de producción de vivienda, mediante la compra consolidada de los principales materiales de construcción; se le dará prioridad a la mano de obra en los estados, lo que coadyuvará al crecimiento regional y por ende a la economía de todo el país; y las viviendas estarán ubicadas en los centros de desarrollo urbanos, es decir, contarán con todos los servicios: agua, electricidad, transporte, salud, educación.

Homologación de los órganos de gobierno: Al igual que sucede en el IMSS, se respeta el tripartismo paritario del Infonavit (ejecutivo federal, trabajadores y empresarios); el director general como representante del Ejecutivo, será nombrado y removido por la Presidenta de la República; se eliminan las Direcciones Sectoriales de trabajadores y empresarios, que actualmente no tienen funciones sustantivas ni responsabilidades, pero sí prerrogativas y percepciones económicas por encima del sueldo de la Presidenta y finalmente se termina el esquema de pago por asistencia a las sesiones de Asamblea, Consejo, Comités y Comisiones, ya que los asistentes actualmente cobran entre 60 y 90 mil pesos por sesión.

“Con la reforma no solo va a existir una responsabilidad directa, trazable y transparente en el manejo de los recursos, sino que permitirá, como hoy no sucede, la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación”, destacó el director general del Infonavit.

Casos de corrupción detectados Romero Oropeza expuso que la reforma a la Ley del Infonavit tiene modificaciones al marco normativo de la dependencia para evitar corrupción como el caso de Telra Realty, empresa que en 2014 fue contratada por un monto de 100 millones de pesos (mdp) para diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de vivienda de acreditados que cambian de lugar en donde residían; sin embargo, la compañía no entregó el servicio contratado en el tiempo establecido y contrario a ello, el Consejo de Administración no sólo no los penalizó sino que autorizó el pago de una indemnización por un monto de 5 mil mdp.

En este caso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió a través de información otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que hubo triangulación de recursos entre las empresas contratadas por el Infonavit y la cuenta bancaria de un funcionario de esta dependencia que fungía como asesor del director general en 2018, antes del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, el sector empresarial y de trabajadores instruyeron en octubre de 2023 al Infonavit interponer un amparo contra el informe de resultados de la ASF con el voto en contra del sector gobierno y de la Dirección General. A la fecha no se han atendido las recomendaciones de la ASF con el argumento de que el órgano fiscalizador no tiene competencia sobre lo que llaman “los recursos privados”.

Asimismo, destacó que como parte del programa Línea III consistente en financiar a constructores de vivienda para derechohabientes, se autorizaron 22 proyectos entre 2017 y 2018, que no han sido concluidos y que presentan adeudos vencidos con el Infonavit de 575 mdp. Adicionalmente existen 18 desarrolladores con adeudos por 768 mdp, esto como deficiencias en el seguimiento a pagos y aplicación de penalizaciones.

También señaló que se detectó una red delictiva donde intervienen trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos valuadores, que se han coludido para otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda. A la fecha, luego de una revisión se advirtió que en 21 estados del país existen 12 mil créditos en mil 400 viviendas, lo que significa que fueron vendidas hasta cuatro veces cada una por año. Lo que constituye una estafa a los trabajadores cobrándoles hasta el 40 por ciento de sus ahorros y lo cual asciende a más de mil 200 mdp.

Entre los casos de corrupción identificados, en 2019 el Infonavit informó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el pago entre 2013 y 2014 de más de 3 mil 600 mdp a cuatro despachos para recuperar viviendas por la vía judicial —práctica que en las administraciones del expresidente López Obrador y la Presidenta de México ya no se lleva a cabo—, con lo cual se realizaron juicios fraudulentos en los que participaron funcionarios del Poder Judicial y notarios de Nayarit en contra de 60 mil derechohabientes.

De este caso el Infonavit no recuperó ninguna vivienda y miles de personas fueron despojadas de sus inmuebles sin un juicio justo. Además se encontró que funcionarios del Infonavit contrataron ilegalmente un seguro de vida colectivo a la empresa Mapfre Tepeyac S.A. entre 2013 y 2014 por 550 mdp para los derechohabientes con crédito, pese a que el Instituto cubre este tipo de seguros.

Explicó que la cobertura de éste únicamente aplica en el fallecimiento de las personas acreditadas en casos de desastre natural y/o pandemias, lo que hacía que esta póliza fuera incobrable, además de que su contratación se dio sin el conocimiento de los trabajadores. Octavio Romero Oropeza expuso que en 2011 el Consejo de Administración del Infonavit autorizó convertir en fideicomiso el Registro Único de Vivienda (RUV) pese a que el ingreso que genera el RUV no debe ser calificado como utilidades, sino que debe ser reintegrado al ahorro de los trabajadores. A pesar de que el director general del Infonavit instruyó no realizar este mecanismo, se repartieron las utilidades. Por ello tres funcionarios han sido cesados y se están analizando las acciones legales correspondientes.

Finalmente, explicó que el director sectorial de los Trabajadores tiene un ingreso anual neto de 3 millones 255 mil 338 pesos, mientras que el director sectorial empresarial de 3 millones 145 mil 199 pesos e incluso el secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Infonavit tiene un ingreso anual neto de 2.2 mdp; en los tres casos, el monto es mayor al ingreso neto anual de la Presidenta de la República.

“El director y los coordinadores, los gerentes; todos estos tienen un salario superior al de la Presidenta, independientemente del nivel en el que se encuentren”, expuso.

Trinidad Zamacona López

“No se puede confiar en alguien que violó la ley para beneficiarse a sí misma”

Después de que la FES, Aragón determinó que la Ministra Jasmín Esquivel Mossa, plagió la tesis de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, togada en funciones, dicha institución determinó que Esquivel Mossa, al presentar su trabajo resultó ser una copia de la tesis del Licenciado Báez Gutiérrez, pero también reconoció que no tiene facultades para retirarle el título y la cédula profesional.

Por ello es que muchos integrantes de la sociedad, piden que los abogados, deben de tener ética profesional, y se entiende por este concepto como el “Actuar éticamente lo que implica, entonces actuar acorde con las normas y reglas de comportamientos impuestas por la sociedad que nos rodea, por eso la ética vive en cada ser humano sea cual sea su profesión y su entorno” esto aplica a todos los seres humanos, más para aquellos que buscar dar un servicio profesional, al tener todo en regla garantiza a quien solicita sus servicios que dicho profesionista es ético en su actuar frente al estado y la ley.

Ahora diremos que “El abogado debe obrar con probidad y buena fe. No ha de realizar actos dolosos o afirmar o negar con falsedad, hacer citas inexactas, mutiladas o maliciosas, ni realizar acto alguno que estorbe la buena y expedita administración de justicia”.

Los efectos del fallo del plagio de la tesis de la Ministra en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son tan graves que sus actos o resoluciones son nulas de pleno derecho, y que los afectados pueden recurrir al amparo, con la declarado de la FES Aragón, y con el comunicado de la UNAM, sus actos dependen de un procedimiento político, en caso de que no quiera renunciar por ética profesional. Cuestión que no sucedió siguió como togada en el más alto tribunal del país.

Después de que paso todo eso tanto la FES Aragón como la UNAM, se declararon sin norma alguna para sancionar a aquella persona que plagio una tesis para obtener  un título y después una cedula profesional para ejercer la carrera de licenciado en derecho, esa es la cuestión.

La Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jasmín Esquivel, ministra  (SCJN), aseguró en un comunicado que el Quinto Tribunal Colegiado Federal en Materia Administrativa confirmó “que no existió plagio alguno” en su tesis de licenciatura, por unanimidad de votos, el quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, dejó firme la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que determina en forma definitiva e inatacable lo siguiente, que que la UNAM, reconoció que la letrada cumplió con todos los requisitos para obtener ese gradeo de licenciatura, esto en concordancia con lo que determino el juez civil de la Ciudad de México, mismo que señalo en su sentencia que Esquivel Mossa, es la única titular de los derechos de autor sobre la tesis profesional.

Que la propia UNAM debe de respetar el principio de legalidad,  así como todos los derechos surgidos de la tesis presentada hace más de 40 años, ya que durante ese tiempo no se cuestionó su validez.

Y bueno se basa en lo que dijo el Abogado General de la UNAM, que en el momento de los hechos, no había o existía un procedimiento previsto en la legislación universitaria para anular el título profesional, por lo tanto se encuentra impedida aplicar la ley de forma retroactiva en perjuicio de la togada de referencia.

El fallo del quinto tribunal es una mordaza, atenta contra la autonomía universitaria, pues se convierte en un órgano externo que le da instrucciones de que frene cualquier procedimiento en contra de la Ministra, eso también es atentar contra la libertad de expresión y contra el principio de transparencia, pues en la resolución se establece que no se debe de dar a conocer los resultados, esto para no vulnerar los derechos de la Ministra en funciones, es decir que pesó más lo político que lo jurídico.

Pero el dicho de la Ministra de que la absuelven es falso, pues en realidad, el tribunal emitió una resolución que frena cualquier procedimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para determinar la autoría de la tesis, cosa muy diferente, frenar que absolver de culpa alguna, el que no seas culpable de algo, no significa que seas inocente de todo.

La UNAM máxima casa de estudios fue notificada el viernes 13 de diciembre y en un boletín del 16 de diciembre informó que  acatará en sus términos la resolución del tribunal que la instruye a dejar sin efecto cualquier acto o procedimiento contra la ministra Esquivel Mossa, pero eso no quiere decir que no se rompe con la autonomía universitaria, pues un poder ajeno al consejo universitario, a las autoridades de la UNAM, ya no están en libertad con esta resolución de dar a conocer los resultados, pues la mordaza que les aplicaron, les impide seguir con el procedimiento en su contra, lo que trastoca el artículo 3º de la Constitución Federal, fracción VII, que se refiere a la autonomía universitaria, vaya forma de violar la autonomía y la libertad de expresión de una institución a través de sus órganos de investigación.

Poco a poco los tribunales federal se van metiendo más en las decisiones de las universidades públicas del país, y los rectores no dicen absolutamente nada al respecto, al último ellos van a decidir quién debe de ser el rector de tal o cual universidad, es tiempo de alzar la voz, en defensa de la autonomía universitaria como un derecho constitucional.