Ricardo Castillo Barrientos
La triste y lamentable tragedia de la noche de Iguala, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, con la desaparición forzada de 43 normalistas, ha resultado una arma de doble o triple filo para el presidente Andrés Manuel López Obrador, al mantener insatisfechos e inconformes a las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, después de recibir el pasado 8 de julio, el “Primer reporte del presidente de México sobre los jóvenes desaparecidos en Iguala de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero”.
Las conclusiones del documento que carece de carácter legal, fue rechazado tajantemente, en especial, cuando se exculpa al Ejército Mexicano de participar en esa fatídica noche, siendo notable la presencia de algunos elementos, en el hospital Cristina, bajo el mando del capitán José Martínez Crespo, la noche del 26 de septiembre.
El presidente de la República sostiene que la SEDENA entregó toda la información solicitada, en 12 mil fojas, a la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa (COVAJ), y a la Unidad Especial de Inteligencia para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) y a los abogados de los padres de familia, con Vidulfo Rosales Sierra al frente, con la cobertura del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, “Tlachinollan”, bajo la dirección del antropólogo Abel Barrera Hernández y el apoyo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. A. C., así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En el Primer reporte López Obrador admite la responsabilidad del Estado, sin embargo, señala la intención de debilitar al Ejército Mexicano como institución, aún cuando se ha procesado a 20 militares: dos generales y dos oficiales de rango medio, por presunta omisión y estar vinculados con la delincuencia organizada.
Durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se negó enfáticamente la participación de militares en los hechos y es hasta el gobierno del presidente López Obrador, que se procede contra altos mandos militares y soldados del 27 Batallón de Infantería de Iguala, pero que no se encontró “absolutamente nada” sobre el Ejército Mexicano como institución militar.
Además se establece que hay 142 personas en prisión o en libertad condicional, entre ellos, el ex Titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, y la liberación de 60 implicados por supuestas torturas cometidas por Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de quien el gobierno mexicano ha solicitado su extradición de Israel, país donde se encuentra refugiado y no ha sido posible regresarlo a México, por no existir un tratado en la materia.
En respuesta al documento, los padres de familia lo consideran un “Resumen de especulaciones y conjeturas en justificación de una promesa de campaña, que no cumplió al término de su sexenio o que están alejados de la realidad para lavarle la cara al Ejército”.
En una carta divulgada en redes sociales, agregan que “el documento es muy confuso, repleto de inconsistencias, descalificaciones varias que realiza, no solo para nuestros abogados, sino también hacia defensores de derechos humanos y a periodistas reconocidos”. En suma, afirman de manera contundente: “Nos ha mentido, nos ha engañado y traicionado”.
Una pifia garrafal se observa en el Primer reporte sobre la operación del C-4 de Iguala, operado por militares y el CISEN y no por el gobierno estatal que mantenía bajo su control los C-4 de Chilpancingo, Acapulco y Zihuatanejo-Ixtapa, excepto Iguala. En otras entidades del país, es operado por los gobiernos de los estados.
Como las esperanza nunca muere, está programada una reunión de los padres de familia con el presidente López Obrador y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, para avanzar hasta la localización de los restos de los jóvenes desaparecidos.
Marea Baja.- Por fin el director de Ecología Municipal, Jesús Castillo Aguirre, se ha puesto las pilas, al multar y clausurar parcialmente al pomposo hotel Emporio, por derramar en plena Costera Miguel Alemán, aguas residuales, mismas que también afectaron la arena de playa.
El vertimiento de aguas negras a la hermosa bahía de Acapulco y Punta Diamante, son un eterno problema e invisible para las autoridades ambientales de los tres órdenes de gobierno, raras veces aplican las leyes de protección al medio ambiente, porque duermen el sueño de los justos y sus altos jefes están en lo suyo y no los ponen en acción como lo ha hecho mi lejano pariente Castillo Aguirre.
Marea Alta.- Como siempre, temporadas van y temporadas vienen, y es cuando los prestadores de servicios turísticos afilan dientes, uñas y pezuñas para saciar sus apetitos económicos en detrimento de los turistas que nos privilegian con su honrosa visita, en la peor crisis que se tenga memoria en el puerto de Acapulco, en las últimas décadas.
Es bastante lamentable que los principales beneficiarios de la derrama económica no cuiden sus fuentes de trabajo, pues actúan dando precios exagerados y así, ahuyentan al turismo nacional y al poco internacional. La PROFECO no vigila ni hace nada porque se respeten los precios de los servicios que se brindan en hoteles y playas.
Maremoto.- Mañana sábado estará en Acapulco, el presidente López Obrador, para hacer una evaluación sobre los avances y seguimiento del proceso de reconstrucción, en la zonas turísticas y en colonias populares.
Por la tarde, llevará a cabo la inauguración de la ampliación de la carretera tipo C, San Marcos-límites con Oaxaca, en la mera Costa Chica, sin concluirse en su totalidad.
Durante su paso por Marquelia, vecinos de la playa Las Peñitas, saldrán en su búsqueda para pedirle su apoyo, a fin de resarcir los daños ocasionados por el “mar de fondo”, que destruyó las enramadas cercanas a la playa, a causa de los socavones provocados por el fuerte oleaje de hasta dos metros y medio.
