Guillermo Arteaga González
En el escenario mexicano, especialmente en regiones como Guerrero, la justicia se convierte en un tema delicado y urgente, la reciente noticia sobre la fuga del policía responsable del tiroteo contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ha vuelto a encender la mecha de la indignación y la protesta en la capital del estado, este incidente, que tuvo lugar el martes 12 de marzo, revela una vez más las profundas grietas en el sistema de justicia mexicano y la persistente impunidad que alimenta la desconfianza y el descontento social, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina confirmó la noticia que detonó una serie de reacciones enérgicas por parte de los estudiantes de Ayotzinapa, el hecho de que el responsable de un acto tan grave como disparar contra un vehículo en movimiento, causando la muerte de uno de los estudiantes, haya logrado escapar de la justicia, es un golpe directo a la confianza de los familiares y estudiantes en las instituciones encargadas de velar por la seguridad y la legalidad.
Es importante señalar que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa tienen una larga historia de protestas y lucha contra el gobierno, desde antes de la desaparición forzada de 43 de sus compañeros en 2014, un caso que aún sigue sin resolverse completamente, han mantenido una postura hostil y exigente frente al gobierno y las autoridades, esta nueva afrenta a la justicia solo refuerza sus reclamos y alimenta el fuego de su indignación, la reacción de los estudiantes, expresada en la movilización hacia las instalaciones de la fiscalía general del estado ha sido violenta como ya es su costumbre en este contexto de frustración y desconfianza, la falta de resultados claros en casos tan emblemáticos como el de los 43 estudiantes desaparecidos ha generado un ambiente de desesperanza y desamparo entre ellos, especialmente entre aquellos que han sido directamente afectados por la violencia y la impunidad.
Ante esta situación, es imperativo que las autoridades asuman su responsabilidad de manera transparente y efectiva, la fuga del policía implicado es un acto de falta de ética profesional, que también pone en entredicho la capacidad del sistema de justicia para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos humanos, es necesario que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y transparente sobre este caso, que se identifique y sancione a todos los responsables, incluyendo a quienes permitieron la fuga del policía en cuestión, la impunidad solo alimenta el ciclo de violencia y desconfianza en las instituciones, y es urgente romper con esta dinámica para avanzar hacia una sociedad más justa y segura para todos.
Es fundamental que se fortalezcan los mecanismos de rendición de cuentas y se promueva una cultura de respeto irrestricto a los derechos humanos, la violencia y la impunidad no pueden ser toleradas en un estado de derecho, y es responsabilidad de todos, tanto ciudadanos como autoridades, trabajar en conjunto para construir un país donde la justicia y la equidad sean pilares fundamentales.
Esta protesta llevada a cabo por estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en las instalaciones de la fiscalía general del estado de Guerrero ha vuelto a poner en evidencia una lamentable realidad, la utilización de la violencia como método de protesta, los acontecimientos violentos que se desarrollaron durante esta manifestación, incluyendo el uso de petardos y artefactos explosivos caseros, así como la confrontación directa con elementos de seguridad, merecen una crítica contundente y un llamado a la reflexión sobre las formas de expresión legítima en una sociedad que se presume democrática, esta es una situación grave que debe ser investigada a fondo y sancionada conforme a la ley, sin embargo, el uso de la violencia como respuesta a esta noticia es inaceptable y contraproducente.
Es comprensible la indignación y el dolor que sienten los estudiantes y la comunidad de Ayotzinapa ante la impunidad y la falta de justicia en casos como este, la desconfianza hacia las autoridades y el sistema de justicia es una realidad palpable en muchas regiones de México, especialmente en lugares donde la violencia y la corrupción han dejado profundas cicatrices en la sociedad, no obstante, canalizar esa indignación a través de la violencia solo perpetúa un ciclo de confrontación y sufrimiento, resulta especialmente preocupante el hecho de que en esta protesta resultaran heridos al menos 15 elementos de la guardia nacional que se encontraban resguardando las instalaciones, el uso de artefactos explosivos caseros y la confrontación directa con las fuerzas de seguridad no solo pone en riesgo la integridad de los propios manifestantes, sino también de personas civiles que puedan encontrarse en el lugar de los hechos de manera fortuita o desempeñando sus labores.
Es necesario recordar que el ejercicio legítimo del derecho a la protesta debe realizarse de manera pacífica y respetuosa, la violencia y la confrontación no son herramientas efectivas para lograr cambios significativos en la sociedad, sino que generan más división y conflictos, además el respeto por la integridad física y los derechos de todas las personas, incluyendo a los elementos de seguridad, es fundamental para mantener un estado de derecho y una convivencia pacífica, la relación entre la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos y las autoridades gubernamentales ha estado marcada por episodios trágicos y dolorosos, es crucial que tanto las autoridades como los estudiantes reflexionen sobre la importancia de la protesta pacífica y el respeto por los derechos humanos en cualquier situación, la violencia nunca debe ser tolerada ni justificada, y es necesario buscar caminos de diálogo y negociación para resolver los conflictos de manera constructiva y respetuosa, solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa para todos.
