Por el Mtro. Guillermo Arteaga González.
La trágica muerte de un estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, “Raúl Isidro Burgos”, en un retén policiaco la semana pasada, es una herida abierta en el tejido ya fracturado de esta institución educativa y su fracturada relación con las autoridades, este incidente, que involucra a agentes estatales abriendo fuego contra una camioneta que ignoró una señal de alto, resultando en la pérdida de una vida de un estudiante de la mencionada normal, refleja la persistente impunidad y la violencia desenfrenada que continúa plagando al país, las Normales Rurales, instituciones educativas radicales por demás en México, han sido durante mucho tiempo símbolos de lucha y resistencia, sin embargo, en lugar de ser protegidas y respetadas, sus estudiantes a menudo se enfrentan a la persecución y la violencia, así como a la animadversión de un gran sector de la población ya que sus protestas han afectado a muchos a lo largo de los años, ante este último incidente es solo otro ejemplo de cómo el Estado ha fallado repetidamente en garantizar la seguridad de la población incluyendo a la de los estudiantes.
El hecho de que los agentes estatales abrieran fuego contra la camioneta sin una justificación clara es profundamente perturbador, si bien es cierto la respuesta de los agentes fue excesiva, también debemos cuestionarnos sobre el actuar de los estudiantes, este acto de brutalidad policial es una afrenta a los derechos humanos más básicos y una violación flagrante del deber de proteger a los ciudadanos, pero a su vez, que hacían debemos preguntarnos ¿qué hacían los estudiantes con una camioneta con reporte de robo? Sin lugar a duda la muerte de uno de los estudiantes debe ser el tema central, no obstante, debemos recordar que los estudiantes han participado en numerosos actos que pueden ser cuestionados y en muchas ocasiones fuera de los márgenes de la ley, esta última debe aplicarse a todos por igual sin importar quien seas y a que te dediques, pero tal parece que los integrantes de esta Normal Rural se saben exentos de las normas y lo evidencian cada vez que pueden.
La indignación y la rabia que ha surgido como resultado de este trágico evento son comprensibles, sin embargo, la indignación por sí sola no es suficiente para generar un cambio significativo, se necesitan acciones concretas y medidas estructurales para abordar las profundas fallas en el sistema de justicia y seguridad de México, esto incluye investigaciones imparciales y transparentes sobre el incidente, el enjuiciamiento de los responsables y reformas sustanciales para garantizar que hechos como este no vuelvan a ocurrir en el futuro la lucha por la justicia para el estudiante asesinado no debe ser olvidada ni trivializada, es un recordatorio necesario de la urgencia de abordar los problemas sistémicos que han permitido que la impunidad y la violencia policial prevalezcan en México, solo cuando se tomen medidas concretas para garantizar la rendición de cuentas y proteger los derechos humanos fundamentales, se podrá comenzar a sanar las profundas heridas que este incidente ha infligido a la sociedad mexicana, el estudiante asesinado merece justicia, y es responsabilidad de todos exigirla y asegurarnos de que se cumpla y por su puesto aclamar que no se repita.
Las recientes declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre el asesinato de un estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa en un retén policiaco han generado una mezcla de escepticismo en la sociedad mexicana, en su conferencia matutina, el presidente afirmó que se atrajo la investigación y se castigará a los responsables, mientras expresaba su pesar por la pérdida del joven, a pesar de ello, estas palabras deben ser analizadas con un escepticismo crítico, especialmente a la luz de la larga historia de impunidad y violencia policial en México, particularmente en relación con los estudiantes de Ayotzinapa.
El presidente López Obrador ha prometido enérgicamente castigar a los responsables y evitar la impunidad en este caso, pero estas promesas son difíciles de aceptar sin un esfuerzo sustancial y transparente por parte de las autoridades para investigar a fondo el incidente y llevar a los culpables ante la justicia, la retórica no es suficiente, se necesitan acciones concretas y medidas tangibles para abordar los problemas emergente que permiten que la violencia policial siga prosperando en México en todos los niveles, es especialmente preocupante que el presidente haya caracterizado a los estudiantes como las verdaderas víctimas en este caso y haya atribuido la muerte del estudiante al abuso policial, si bien es cierto que los estudiantes de Ayotzinapa han sido objeto de una persecución sistemática y violencia por parte del gobierno en el pasado, estas declaraciones podrían interpretarse como un intento de desviar la responsabilidad del Estado en garantizar la seguridad y protección de sus ciudadanos, es fundamental que se reconozca el papel central del Estado en este incidente y se garantice que aquellos responsables de abusos de poder sean llevados ante la justicia, independientemente de su afiliación política o institucional.
Además, es importante recordar la larga historia de tensiones entre los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y el gobierno, que han resultado en enfrentamientos violentos y desapariciones forzadas en el pasado, este contexto inflamable subraya la urgencia de abordar las causas fundamentales de la violencia y la impunidad en México, en lugar de simplemente responder a las crisis cuando surgen, las palabras del presidente López Obrador deben ser respaldadas por acciones concretas y una voluntad genuina de abordar las profundas fallas en el sistema de justicia y seguridad de México, los familiares y amigos del estudiante fallecido merecen justicia y verdad, y es responsabilidad del gobierno garantizar que se cumplan sus demandas.
