IRZA
– Especialmente las otorgadas en Chilpancingo
Chilpancingo, Gro.(IRZA).- El gobierno de Guerrero revisará las concesiones del transporte público que operan en Chilpancingo y analiza implementar su propio sistema para atender a la población cuando choferes y permisionarios suspenden actividades.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, comentó que el estado no puede “obligar” a los choferes a salir prestar el servicio, “si temen por su seguridad”, pero aseguró que “el Estado sí debe tener una forma de poderle dar una solución a la sociedad”.
Comentó que el Acabús, de Acapulco, “con todos y sus defectos”, fue el único que prestó el servicio durante la devastación que dejó el huracán “Otis”, en cambio, los permisionarios del transporte elevaron al doble y al triple sus tarifas.
Por eso insistió en la necesidad de que el gobierno tenga alternativas para la población, “debemos tener un instrumento que nos permita hacerle frente a estas crisis y que la gente no esté sufriendo por la falta de transporte público”.
Y planteó dos alternativas: que el estado cuente con su propio servicio, y la otra, liberarlo como ha ocurrido en otros estados del país. Esto, tras señalar que las concesiones se utilizan, incluso, “para estar en contra de las autoridades de los operativos de seguridad”.
“Es importante que el Estado dé una respuesta rápida, pero tenemos que hacerlo a través de una planeación correcta del transporte y el Estado tenga reservado para sí mismo poder ejercer esta responsabilidad, que lo tiene, porque el transporte es concesionado”, explicó.
Y porque, reveló, los concesionarios “han sido presa de los grupos de la delincuencia, y creo que debemos romper esas tendencias también dentro del transporte. Que el transporte no esté en juego en manos de la delincuencia. Necesitamos que esto sirva plenamente a la sociedad y el Estado entiende esta responsabilidad”.
También comentó que las crisis generan oportunidades, por lo que anunció una revisión, mediante un estudio técnico, a las concesiones del transporte, tras revelar que hay familias completas que poseen de 5 a 10 permisos.
La administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, dijo, no ha otorgado ninguna nueva concesión, porque ese proceso “genera disputas” entre grupos y líderes, “incluso entre grupos de la delincuencia que utilizan a los transportistas”.
“Nuestra idea no es despojar al auténtico trabajador del volante, pero sí necesitamos un mecanismo de control que nos permita dar una alternativa a la sociedad. El transporte es para servir a la sociedad, no para que se sirvan de este mecanismo unas cuentas personas un grupo o una organización”, insistió.
Además de que “gran parte de los problemas de tráfico” registrado diariamente en Chilpancingo “se generan porque hay un exceso de unidades del servicio público en la zona céntrica de la ciudad”.
Insistió: “vamos a hacer un estudio técnico, ya lo he encargado. Que se revise cuál es la situación de la concesión en Chilpancingo, a quiénes están otorgadas y también revisar cómo se están operando estas. Es importante que ante toda esta situación el Estado retome la rectoría en este tema”.
