IRZA
Chilpancingo, Gro. (IRZA).- Trabajadores despedidos de la Fiscalía General del Estado (FGE) presentaron en el Congreso local una demanda de juicio político contra la titular de la institución, la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón, por presuntamente violentar sus derechos y por su mando dictatorial.
En conferencia de prensa después de entregar el recurso ante la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Poder Legislativo, los trabajadores denunciaron que la fiscal ha violado sus derechos laborales individual y colectivamente, y señalaron que les dijo que ella sólo recibe y acata las órdenes del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González.
La conducta de la fiscal, acusaron, es “autoritaria, arbitraria y prepotente. Estamos hablando de una persona que utiliza el poder, que abusa de este y que no respeta el más mínimo de los derechos humanos”.
Marco Antonio Maya Valle denunció que, desde su designación como titular de la FGE, Valdovinos Salmerón ha despedido a más de 500 trabajadores y los ha reemplazado por personal militar, y todos concentrados en oficinas centrales.
A eso se debe que muchas agencias del Ministerio Público de varios municipios, como Iguala y Zihuatanejo, así como áreas de investigación, se encuentran cerradas, como la Fiscalía Especializada Antisecuestro, añadió.
Tan solo a él, refirió, hasta antes de ser despedido fue cambiado de sede en seis ocasiones, tres en la región Norte y tres en Costa Grande, porque “cuando quiere destituirte comienza previamente a cambiarte de áreas de adscripción”.
“Y es directamente ella la que toma esas decisiones, no es de que ella no sabe lo que hacen sus subalternos, claro que trae todo un equipo que la apoya, porque muchos casos, muchos despidos, ella directamente los trató con los compañeros, a los cuales amenazaba, intimidaba abierta y directamente. Ella ha sido la propulsora de esta política de hostigamiento, de intimidación ante los empleados de la Fiscalía”, abundó.
Maya Valle agregó que ya recurrieron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de la Defensa Nacional, porque Valdovinos Salmerón “mucho se ampara en que ella es un elemento activo del Ejército Mexicano y que viene bajo las órdenes del general Luis Cresencio Sandoval, y que es su jefe inmediato. De hecho, así lo menciona, que es su jefe inmediato”.
Informó: “y acudimos también para que el Ejército conozca perfectamente y sepa de todos los antecedentes que he narrado, de los alcances que ha hecho esta señora y que realmente ha sido catastrófico para la sociedad guerrerense”.
Aseguró que la fiscal “no ha presentado ningún tipo de avance en las investigaciones de cualquier delito” y que, en consecuencia, la Fiscalía de Guerrero es de las tres más atrasadas del país.
Los trabajadores exigieron la restitución de sus empleos y el pago de indemnización, tras asegurar que la mayoría de los despedidos no tienen otros ingresos. También confiaron en que el Congreso local dará trámite puntual a la demanda de juicio político contra la fiscal, pese a estar conscientes de que ni siquiera la han llamado a comparecer por su desempeño al frente de la institución.
En la protesta participó Patricia Jaqueline Salgado González, privada de su libertad un día después de ser designada como fiscal regional en Tierra Caliente, quien denunció que hasta el momento la titular de la FGE le sigue negando medidas cautelares.
“Mi oficio de despido es el 746 de fecha 11 de octubre de este año (…), en lugar de que mi Fiscalía me proteja, me desprotegió, no me está ayudando”, narró. El argumento para despedirla”, añadió, “es que no me tienen confianza”.
Dijo que presuntamente le iniciaron “procedimientos administrativos”, mismos que desconoció, “porque yo acababa de hacer mis exámenes de control y confianza”, y sostuvo que los empleados a cargo de su carpeta de investigación en la Fiscalía de Desaparecidos “no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo, y se supone que es una gente especializada y es de la gente que ella llevó a la Fiscalía”, y “no hay ningún avance”.
