Guillermo Arteaga González
La relación entre los poderes de una nación es esencial para garantizar la estabilidad y la democracia, sin embargo, en el México de Andrés Manuel López Obrador, esta relación ha sido tensa y conflictiva, una de las principales disputas ha girado en torno a la percepción del Presidente sobre el Poder Judicial, en específico sobre sus salarios y el proceso de selección de Jueces, Magistrados Y Ministros, desde el inicio de su mandato, López Obrador ha criticado constantemente los salarios que perciben los integrantes del Poder Judicial de la Federación, argumentando que son exorbitantes y que no corresponden con la realidad socioeconómica del país, si bien es cierto que hay remuneraciones que pueden parecer altas, es esencial comprender que el Poder Judicial requiere de independencia y autonomía para operar con imparcialidad, los salarios competitivos son una herramienta que garantiza la atracción de profesionales altamente capacitados y reduce la vulnerabilidad ante posibles corruptelas, en un país como México con altos índices de corrupción no debe dejarse la puesta abierta a las tentaciones por parte de los encargados de procurar justicia.
Más allá de los salarios, una de las declaraciones más controvertidas del Presidente ha sido la propuesta de que Jueces, Magistrados Y Ministros sean electos directamente por el pueblo, este argumento puede parecer atractivo a primera vista, plantea varios riesgos, el sistema judicial no es simplemente una extensión del sistema político, la función de jueces y magistrados no es representar intereses populares, sino interpretar y aplicar la ley con imparcialidad y justicia, el riesgo de que estos cargos sean determinados por el voto popular es que se politice aún más la justicia, abriendo la puerta a campañas electorales donde candidatos podrían ser apoyados por intereses particulares y, una vez en el cargo, podrían sentirse obligados a actuar en beneficio de quienes les brindaron apoyo.
Es esencial recordar que la justicia no debe ser sujeta a popularidad o a intereses de corto plazo, una decisión judicial basada en la legalidad y la justicia puede no ser popular, pero es esencial para el estado de derecho, López Obrador argumenta que la elección popular de estos cargos reduciría la influencia de “la élite del poder económico y político de México”, no obstante, la verdadera garantía contra la influencia indebida no reside en el método de elección, sino en la creación de instituciones fuertes, transparentes y con mecanismos claros de rendición de cuentas, es legítimo que un presidente busque reformas que fortalezcan el sistema judicial, pero es esencial que estas propuestas sean analizadas críticamente y con una perspectiva a largo plazo, la independencia del Poder Judicial no debe ser sacrificada en nombre de disputas políticas o de percepciones momentáneas.
Desde su llegada al poder, AMLO ha impulsado una serie de reformas constitucionales que, desde su perspectiva y la de su movimiento, son esenciales para la “transformación” del país, estas reformas han generado fuertes polarizaciones en el panorama político y social de México, pero lo que quizá no se anticipó es que sería el poder Judicial el que en numerosas ocasiones, frenaría o modificaría estas propuestas, con decisiones que han echado abajo o modificado reformas clave para el gobierno del Presidente de la República, el Poder Judicial ha demostrado que su función va más allá de la simple interpretación de la ley, actúa como un verdadero contrapeso, asegurando que las transformaciones propuestas se alineen con la Constitución y los principios democráticos del país, este papel del Poder Judicial no debe verse como una confrontación directa al ejecutivo, sino como una muestra de la madurez democrática de México, en cualquier democracia sana, es fundamental que existan mecanismos de control y equilibrio para evitar la concentración excesiva de poder y garantizar que las reformas propuestas respeten las bases constitucionales.
El juego del poder en la política suele estar plagado de movimientos estratégicos, y México no es la excepción, la reciente decisión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, impulsada por aliados del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de extinguir 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial, ha despertado una ola de críticas y especulaciones, para muchos este acto no es más que una represalia encubierta del presidente hacia un Poder Judicial que se ha mostrado firme y, en ocasiones, en desacuerdo con varias de sus reformas propuestas, estos fideicomisos, que sumaban un total de 15 mil 434 millones de pesos, no solo representaban una fuente significativa de recursos para el Poder Judicial, sino también garantizaban su autonomía y capacidad de operar sin injerencia externa, en palabras de sus propios miembros.
La forma en que se llevó a cabo esta decisión, con una votación claramente dividida entre aliados de AMLO y la oposición, sugiere que detrás hay una motivación política. Si bien el argumento oficial puede centrarse en la austeridad y la eficiencia del gasto público, no se puede ignorar el contexto más amplio de tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, es importante destacar que la autonomía del Poder Judicial es un pilar fundamental en cualquier democracia, esta autonomía garantiza que las decisiones judiciales se tomen con base en la ley y no bajo presiones o intereses políticos, la extinción de estos fideicomisos podría interpretarse como un intento de debilitar y subordinar al Poder Judicial, limitando sus recursos y por ende, su capacidad de actuar con independencia.
En respuesta a esta determinación, las calles de Jalisco, Toluca, Puebla, Monterrey y la CDMX se vieron ocupadas por trabajadores del Poder Judicial de la Federación, la decisión del poder legislativo en torno a los fideicomisos ha sido interpretada por muchos no solo como una vulneración a sus derechos laborales, sino también como un ataque a la independencia y autonomía del Poder Judicial, es esencial entender la importancia de mantener una justicia autónoma en cualquier democracia, el Poder Judicial no solo interpreta y aplica la ley, sino que también actúa como contrapeso frente a los otros poderes del Estado, la justicia no puede, ni debe, estar sujeta a consideraciones presupuestarias o políticas, de hecho, la justicia debe garantizarse sin importar el costo, porque su ausencia o debilitamiento tiene un precio mucho más alto para la sociedad en términos de injusticias, abusos y desequilibrios de poder.
Las manifestaciones en diferentes estados del país son un reflejo de la preocupación legítima de los trabajadores del Poder Judicial sobre su estabilidad laboral y sobre la capacidad del sistema judicial para continuar operando con eficiencia y autonomía, la eliminación de los fideicomisos podría traducirse en recortes de personal, en la reducción de la capacidad para llevar a cabo programas de capacitación y en la limitación de recursos para la operación diaria.
Sin embargo, es válido también cuestionar ciertos aspectos del funcionamiento del Poder Judicial, una crítica recurrente ha sido el nivel de las percepciones monetarias de sus funcionarios de primer y segundo nivel, en un país con marcadas desigualdades como México, es legítimo preguntarse si es justificable que ciertos funcionarios judiciales reciban remuneraciones que superan por mucho el salario promedio de los ciudadanos a los que sirven, es comprensible que, en un esfuerzo por garantizar la independencia y atraer a profesionales capacitados, se ofrezcan salarios competitivos, pero, al mismo tiempo, es esencial que exista un equilibrio y que los salarios se ajusten a la realidad socioeconómica del país, las manifestaciones del Poder Judicial ponen sobre la mesa una discusión compleja y necesaria, por un lado, es imperativo garantizar una justicia autónoma y con recursos suficientes para operar, por otro, es esencial que el Poder Judicial, al igual que todas las instituciones del Estado, se someta a escrutinios y ajustes para asegurar su eficiencia y sintonía con la realidad nacional, la clave está en encontrar un equilibrio que garantice la justicia sin sacrificar la austeridad y la responsabilidad fiscal.
