IRZA
– En lugar de acudir al IEPC lo hizo ante el Congreso local
– Pidió constancias de mayoría de 9 alcaldes, una diputada y un síndico
– Entre estos la presidenta municipal Norma Otilia y el síndico Marmolejo
– Los documentos requeridos ya se los entregaron el martes pasado
Chilpancingo, Gro., (IRZA).- La Fiscalía General del Estado redireccionó hacia el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) la petición de las actas que acreditan como autoridades a 9 presidentes municipales, una diputada local y un síndico procurador sujetos a investigación (sin precisar si estas indagatorias son judiciales, administrativas o de otro tipo), luego de que el Congreso rechazó su petición por incompetencia legal.
De acuerdo con la consejera Luz Fabiola Matildes Gama, presidenta del Consejo General del IEPC, la información requerida por la FGE fue entregada el martes 18 de julio, a través de la Secretaría Ejecutiva de ese organismo electoral.
– ¿Qué les solicitó la FGE? – se le preguntó este miércoles en entrevista.
– “Constancias de mayoría y validez, nada más. Es lo único que tenemos, o sea, el IEPC entrega las constancias de mayoría y validez en el caso de las diputaciones y en el caso de los ayuntamientos”.
Matildes comentó que la FGE no precisó cuántas constancias solicitó, el motivo y uso que les dará, requerimiento que el órgano electoral no debe obstruir porque “la Fiscalía tiene la facultad de solicitarnos esa información”.
El lunes 17 de julio Agencia de Noticias IRZA informó, con base al oficio FGE/FEDG/924/2023, fechado el viernes 7 de este mes, que la FGE solicitó al Congreso copias certificadas de las constancias que acredita como “servidores públicos” a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, y a su síndico procurador, Andrei Marmolejo Valle, sujetos a investigación judicial mediante la carpeta 12020910200016250623.
A través de un segundo oficio, número FGE/FEIDG/925/2023, la FGE solicitó la misma información de 8 presidentes municipales y de la diputada local del PRD, Elzy Camacho Pineda, todos de la región Tierra Caliente, con excepción de César Ortiz Flores, de Canuto A. Neri (Acapetlahuaya), municipio ubicado en la zona norte del estado.
En entrevista con Agencia de Noticias IRZA, la diputada Yoloczin Domínguez Serna, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, dijo que la información solicitada por la FGE no era competencia del Poder Legislativo.
La respuesta, explicó, fue a través de la presidenta de la Mesa Directiva, la perredista Yanelly Hernández Martínez, en el sentido de que las constancias de nombramiento “están prácticamente fuera de nuestro campo de acción, eso le compete otra instancia que es el IEPC y se le respondió como tal”, por lo que ahora la FGE redireccionó su solicitud hacia el organismo electoral.
Agregó: “el Congreso no es la instancia, ¿sí?, a quien se le debe solicitar esa información es a la instancia competente que en este caso es el IEPC”.
Abogados penalistas consultados por Agencia de Noticias IRZA criticaron la “pifia” administrativa de la Fiscalía General del Estado sobre la petición que formuló en primera instancia ante el Poder Legislativo.
Reflexionaron sobre dos conclusiones: simular un proceso de investigación contra los 9 presidentes municipales, un síndico procurador y una diputada local, pero sin efectos tangibles, y, lo peor, se evidenció ignorancia sobre los procedimientos de petición.
