Lilia Arellano
“El peor de todos los despotismos, es el gobierno militar”: Robespierre
- Narcogobierno y militarización
- Entra la Marina a la opacidad
- Crece expulsión de mexicanos
- RM con el “dedo en el gatillo”
Ciudad de México, .- No es fácil y mucho menos tranquilizante enterarnos un día si y otro también de encontrarse controlado por las organizaciones criminales más de un tercio del territorio mexicano. El sábado anterior, durante la gira presidencial por Sinaloa, se presentó de manera real y muy cruda la extensión de las operaciones de los grupos delincuenciales, no solamente de los dedicados a los estupefacientes, sino a otros delitos de alto impacto como extorsiones, trata de blancas, venta de órganos, huachicoleo, secuestro. Así también se demostró al tabasqueño la existencia de narcoretenes, los cuales han sido instalados en no pocas autopistas, carreteras e inclusive en los caminos rurales, los sacacosechas.
El fin de semana, en la tierra del capo del narcotráfico más famoso, Joaquín “El Chapo” Guzmán, el presidente López Obrador rechazó tengan los grupos criminales el control de algunas zonas del país, luego de enterarse de la actuación de civiles armados con equipos militares tácticos quienes instalaron un retén en la carretera Badiguarato, Sinaloa con destino a Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Admitió la presencia en estados como Sinaloa y Jalisco de civiles armados “pensando que se debe cuidar la región” y, como siempre, culpo a los “conservadores” de ser quienes consideran son las organizaciones criminales quienes tienen en su poder territorios.
Durante una entrevista en Mazatlán, Sinaloa, el mandatario reiteró no hay contubernio entre autoridades y delincuentes como sucedió en el sexenio de Felipe Calderón con Genaro García Luna, aunque generando mayor inseguridad e incertidumbre admitió: “hay algunos lugares del país, no sólo en Sinaloa, personas que están actuando, pensando que se debe cuidar una región, que no llevan armas y a veces hay confusiones, pero en general todo bien”. Ante el cuestionamiento sobre el control de los grupos delincuenciales en diversas regiones del país, López Obrador refutó: “No, no, no, no, eso lo piensan los conservadores, ya, yo no soy, yo no soy Felipe Calderón para que quede claro”.
Pero la terca realidad desmiente al presidente y sus dichos de “todo está bien”. No hay un rincón en México donde el narco no tenga presencia. En esta administración su poder ha aumentado y produce cada año más víctimas. El crimen organizado se manifiesta en forma violenta y provoca auténticas escenas de guerra en entidades como el Estado de México, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Sinaloa, Baja California, Colima, Quintana Roo, Morelos, Sonora, Chihuahua, entre otros cuyas tasas de homicidio superan las de los peores años de países tan violentos como Honduras o El Salvador. Ni la presencia de tropas del Ejército o la Guardia Nacional enviados por López Obrador para pacificar entidades, ni las endebles autoridades locales han sido capaces de frenar la ola criminal y de violencia. México es un país con una autoridad al margen del Estado.
Al menos un tercio del territorio es controlado por las organizaciones criminales, como lo denunciaron agencias de inteligencia de Estados Unidos. Hay al menos 150 bandas del crimen organizado, según el último mapa criminal presentado por un grupo de investigadores del Centro de Investigación y Docencia Economías (CIDE). La mayoría, aliadas o financiadas por las dos más importantes: el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa, las cuales han incrementado su poder con armas propias del Ejército –tanques y fusiles de alto calibre-, matan con saña, desaparecen cadáveres en fosas, extorsionan, secuestran y trafican con drogas y personas.
El Cartel de Sinaloa tiene más de 40 años de trayectoria sin que su principal líder, Ismael “El Mayo” Zambada, haya sido jamás detenido. Con la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, esta organización sufrió un duro revés, pero sus hijos, “Los Chapitos”, se pelean territorios en el norte y centro del país. Este poderoso grupo cuenta con una expansión en 14 de los 32 estados del país. Por su parte, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderados por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, controla al menos territorios en 23 entidades. Los enfrentamientos entre las células de estas organizaciones criminales han provocado masacres, pueblos calcinados y abandonados, fusilamientos a plena luz del día, cadáveres colgando de puentes y decenas más arrojados a las calles. Los cadáveres se acumulan en esta administración federal, más de 120 mil hasta el momento, al igual que las desapariciones, más de 100 mil según los datos oficiales. La población en muchas regiones ha sido desplazada por el narcotráfico, pero el presidente López Obrador insiste en no cambiar su estrategia de “dejar hacer, dejar pasar” las actividades criminales y declara: “no pasa nada”.
Los medios de comunicación han dado cuenta, en las últimas semanas, de episodios terroríficos. En Colima, los ciudadanos han sido testigos de semanas completas de balaceras, se suspendieron clases, se cerraron negocios; en Michoacán, pueblos enteros fueron tomados por los narcos ante la indiferencia de las autoridades locales, mientras se multiplican las masacres, como la del pasado mes de marzo en Zinapécuaro, donde 20 personas fueron acribilladas en una fiesta. Zamora se convirtió en la ciudad más violenta del mundo, según un rankíng anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. En San José de Gracia se registró el fusilamiento de más de una decena de personas, en donde los delincuentes tuvieron hasta tiempo de “limpiar” el lugar y llevarse a sus cadáveres.
En Zacatecas, los habitantes amanecen con la noticia de una nueva masacre, con policías torturados y colgados de puentes y cadáveres embolsados en las calles de Fresnillo, cuerpos abandonados en coches frente a la sede de gobierno estatal, estudiantes secuestrados, torturados y asesinados. Nadie se siente seguro en esta entidad gobernada por David Monreal. Todo lo anterior, no obstante la militarización promovida por López Obrador. Además de la presencia habitual del Ejército y la Marina, se ha sumado la Guardia Nacional, desviada a capturar migrantes, no a la seguridad del territorio nacional. AMLO ha impulsado a los militares a funciones inéditas en México, como la construcción de un aeropuerto que pretende ser internacional, un sistema ferroviario y cientos de sucursales bancarias, así como el control de puertos y aduanas del país. “El rol político del Ejército se ha venido fortaleciendo a lo largo de los años. Y el rol de las autoridades civiles se ha venido debilitando debido a la fragmentación de la corrupción política que ha causado la delincuencia organizada”, explicó Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia, en una entrevista de radio.
Contra lo prometido en las tres campañas presidenciales, cuando López Obrador, afirmaba: “tenemos que ir sacando al Ejército de las calles”, ya en el poder, con mayoría absoluta en el Congreso, promovió nuevas leyes para legalizar los patrullajes militares dentro de las ciudades, vistos en la realidad como meros “desfiles” sin consecuencias contra los delincuentes. Desapareció la Policía Federal y formó la Guardia Nacional, también dirigida por militares. Enfático pronunciaba:“el Ejército no está preparado para esta función, es otro su encargo, es defender la soberanía nacional y no debe seguirse exponiendo al Ejército, es una institución que debemos cuidar todos, no socavar al Ejército”. Contrario a lo ofrecido como candidato, ha quedado demostrado siempre tuvo la intención de militarizar la seguridad pública del país.
Desde su primera búsqueda por la Presidencia en 2006, propuso darle más poder y facultades al Ejército en tareas de seguridad, al considerar era la institución menos corrupta y más efectiva, según reveló un cable de Wikileaks, con fecha del 31 de enero de 2006, en el cual describe una reunión con el entonces embajador de Estados Unidos en México, Antonio Garza. El documento titulado “Apocalipsis no: AMLO asegura al embajador que tendrá una administración sólida y fuerte”, reportan la participación en esa reunión de los entonces asesores Rogelio Ramírez de la O y José María Pérez Gay. “El quiere dar a los militares más poder y autoridad en operaciones antinarcóticos porque es la menos corrupta de todas las agencias en México y puede ser más efectiva. Señaló, sin embargo requerirá una enmienda constitucional, pero creía firmemente poder conseguirla. También explicó que dar a los militares más autoridad limitaría a la Fiscalía General de la República, que AMLO consideró demasiado corrupta para tener la iniciativa antinarcóticos”, dice el cable de Wikileaks.
Y ahora, desde que asumió la Presidencia de México, dos de sus proyectos insignia han recaído en la ingeniería militar: uno es la construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”. El otro es un tramo del Tren Maya, una ambiciosa red ferroviaria de pasajeros en el sureste del país. La Sedena también tiene a su cargo la construcción de 1,600 sucursales del Banco del Bienestar del gobierno, así como 266 cuarteles de la Guardia Nacional. A su vez, a la Secretaría de Marina le ordenaron tomar el control administrativo de los puertos mercantes, además de darle todas las facultades para, al igual como lo ha hecho el Ejército en el Felipe Ángeles, licite lo pendiente en la obra del Tren Transístmico y en esta nueva responsabilidad lo primero en salir son las dudas sobre porque rechazaron las ofertas de Eca, Mota Engil, Grupo Indi, Construcciones Urales, RECSA y al Grupo México. Semar negociará adjudicaciones directas, con los cochupos de siempre y la de moda opacidad. Tal parece no sólo la militarización en las obras provocó la renuncia de Javier Jiménez Spriu a la SCT, sino la irregularidad operación de la cual en algún momento habrán de entregar cuentas.
DE LOS PASILLOS
Ricardo Monreal ha hecho una serie de planteamientos serios en torno al 2024 y de entrada está la propuesta de la presentación de un Proyecto de Nación, pero también sobre la fórmula con la cual puede seleccionarse al candidato morenista para presidencia. Respeto a la voluntad popular, fin del dedazo presidencial, elecciones libres, sin cargada de funcionarios a favor de algún candidato o con la preferencia especial de Palacio Nacional, deben permanecer como base, como herencia democrática, de ahí la insistencia del zacatecano de no recurrir a las encuestas como método de selección. De ahí la insistencia en lograr sea el Instituto Nacional Electoral el órgano organizador de elecciones primarias en los partidos políticos, para la designación de sus candidatos a puestos de elección popular, entre ellos, el candidato de Morena a la Presidencia de la República de 2024. Para nadie es un secreto que, una vez que concluya el proceso electoral del 5 de junio, puede arrancar el Parlamento Abierto para analizar la reforma electoral en la Cámara de Diputados, es decir, el debate sobre la propuesta de Monreal puede tomar forma en la colegisladora y detonar su debate en el Congreso Nacional de Morena. Mientras esas fechas llegan, Monreal Ávila fue a Hidalgo, obviamente a promocionar al candidato morenista a gobernador Julio Menchaca, quien fue su compañero de bancada y desde hace un par de años aparecía en el reflector del líder de la Jucopo. Aprovechó el escenario para darle consejitos: “Aquí hay muchos jóvenes, mucha gente honesta y honrada que quiere una oportunidad para enfrentar el proceso del cambio en Hidalgo. ¡Ni lo mismo ni los mismos! No te rodees de bufones ni aduladores. No los necesitas; necesitas sólo al pueblo”…
Crece la deportación de mexicanos desde Estados Unidos. En el primer semestre de este año, el número de mexicanos repatriados desde EU creció 71.2% con respecto al mismo periodo de 2021, de acuerdo con datos oficiales. La Secretaría de Gobernación informó que durante los primeros tres meses del año pasado fueron devueltos al país 41 mil 140 connacionales, mientras este año Estados Unidos ha enviado 70 mil 413. Los estados con mayor número de repatriados son: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla y Michoacán. De acuerdo con Tonatiuh Guillén López, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, existen dos factores empujando a más mexicanos cruzar a Estados Unidos: la crisis en la economía mexicana y la violencia generada por el crimen organizado en buena parte del país… Pero a los de 4T eso les da mucho gusto porque se incrementan las remesas y se les aplaca el hambre y la necesidad a millones de familias mexicanas… Luchadores y sobrevivientes connacionales, sin pretenderlo, los ayudan y mucho con la responsabilidad gubernamental de darle a los ciudadanos lo necesario para una vida digna.
