Nayeli Rubí Pérez Ochoa
El pasado viernes dos de diciembre, en el recinto judicial de Iguala de la independencia, se llevaba a cabo la Audiencia de Desahogo de pruebas de Aurelia García, en la que se pretendía se desahogaran en su totalidad, para que así, después de más tres años de encierro, se acercara a la absolución o condena a recibir.
Sin embargo, de manera grosera, después de todos estos años, la Fiscalía General del Estado, solicitó el aplazamiento de la audiencia pues requerían la asistencia de un técnico en la materia que interrogara al paramédico que atendió a Aurelia el día de su aborto espontáneo, lo cual concedió la Juez Mariela Alfaro Zapata, por lo que hasta el 8 de diciembre se continuará con la audiencia referida, total, ni la juez ni los fiscales se encuentran sufriendo las vejaciones que significa estar dentro de un penal.
Así es, a Aurelia García se le imputa el delito de Homicidio en razón de parentesco, esto, por sufrir un aborto espontáneo, lo que a cualquiera sorprende, en especial a las mujeres, ya que en increíble que pretenda criminalizarse lo que no está dentro del control de nadie, particularmente en situaciones de vulnerabilidad como la de esta joven.
El embarazo, declara Aurelia que fue producto de una violación, razón por la cual, ante la mentalidad de los colonos y familiares respecto de la perdida de la virginidad antes del matrimonio, dejó su lugar de origen, Xochicalco, municipio de Chilapa de Álvarez, mudándose a la ciudad de Iguala, a la que llegó con completo desconocimiento del producto que tenía en su interior, de lo que se deriva que no realizaba los cuidados necesarios propios de una mujer embarazada, como citas médicas periódicas y mejor alimentación.
En el mes de octubre de 2019, después de una semana de dolores y sangrado, sufrió un aborto espontáneo, al día siguiente del mismo, en la cama del hospital en que se encontraba recuperándose, se le detuvo para posteriormente ser ingresada al Penal de Iguala mientras se resolvía su situación jurídica por el delito de homicidio en razón de parentesco, no puede pasar desapercibido que Aurelia no entendía el por qué de su detención, pues no hablaba español y aún así se omitió la designación de un intérprete.
Es increíble que, incluso con el sistema penal acusatorio y oral se sigan presentando los mismos problemas del sistema inquisitivo, que la pronta resolución de los problemas dependa de la presión que se ejerza por medio de colectivos que difunden, reclaman y critican con justa razón a los que imparten justicia.
La violación al derecho de ser informada del proceso que se le sigue, los derechos que como imputada tiene, así como sus causas, por no haberse designado el respectivo intérprete, es un equívoco que no debe tolerarse, supuestamente en el sistema existen profesionales en la materia que se encargan se revisar que los asuntos sigan el curso correcto, máxime si se trata de un procedimiento en el que se decidirá la libertad de la persona, derecho fundamental de todo ser humano, por el cual todas las autoridades en su respectivo nivel de competencia, deben velar y garantizar.
El motivo que origina que se caiga múltiples veces en el mismo error, es la falta de sanciones efectivas a los funcionaros que intervienen en los asuntos, porque es inverosímil que nadie se percate de la violación que implica el desconocimiento de los sucesos que se viven.
Sin embargo, la principal responsabilidad es del Estado en general, de los servidores públicos con los mayores cargos, basta de derramar bilis en contra de los defensores y ministerios públicos, a quienes la excesiva carga laboral impide el correcto cumplimiento de sus labores, pues los altos mandos, con su deficiente administración de los recursos obtenidos de los impuestos de todos los mexicanos, así como de la pobre organización, es lo que originan que estos casos sigan sucediendo, lo que sólo se destapan cuando son a tal grado graves, que es imposible de ignorar.
Añoramos que el juicio de Aurelia García siga sin más dilaciones, que la Fiscalía omita más jugarretas macabras y que la Autoridad se las permita, así también, es de esperar una sentencia absolutoria en la que se considere la violación a su derecho de estar informada, la prisión preventiva excesiva y su situación de vulnerabilidad. Los años perdidos no podrán recuperarse de ninguna manera, sin embargo, quedan muchos más por vivir, que la justicia llegue pronto.
