Trinidad Zamacona López
“Las promesas de campañas deben ser cumplidas, de lo contrario solo son falacias para arribar al poder”
En esta semana la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, cumplió 8 años, en los cuales podemos decir que son muchas declaraciones pero pocos resultados.
El Subsecretario de gobernación Alejandro Encinas Rodríguez, y Presidente de la Comisión de la Verdad, quien recientemente presentó el informe a la opinión pública del avance de las investigaciones del paradero de los jóvenes.
En este informe dijo que lo que pasó con los 43 jóvenes de Ayotzinapa, fue “un crimen de Estado” eso es lo que veo que sea un avance, que el gobierno reconozca que fue una desaparición forzosa en donde participaron las fuerzas armadas.
Pero sobre el paradero nada, eso es lo grave que digan que están muertos, y que fueron brutalmente asesinados, eso es lo que agrava más el asunto, decirles a sus familiares, que sin tener pruebas científicas, asevere que están muertos, eso es lo que se considera una burla para las familias de estos estudiantes.
No existe ninguna prueba científica para comprobar lo que dijo Encinas Rodríguez, en su informe, es decir estamos donde nos dejó la verdad histórica, de Jesús Murillo Karam; como decirles a los padres de los jóvenes desaparecidos que están muertos sin mostrar nada que pruebe lo que le dices.
Es por ello que sus protestas en estos ocho años de falta de justicia, fue más violenta, sobre todo en la embajada de Israel en la Ciudad de México, y en el Palacio de Justicia en el Municipio de Iguala de la Independencia; quemaron vehículos de empresas privadas, igual como lo hicieron en la 35 zona militar en Chilpancingo, y aun así los resultado para dar con el paradero son nulos.
Pero cuales son las diferencias de los informes de Murillo Karam y el de Encinas Rodríguez; en la primera versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, se indicó que los estudiantes se encontraban juntos y fueron quemados; sin embargo, se dio a conocer que fueron metidos en bolsas y separados en grupos para deshacerse de ellos de distintas manera, uno lanzados al rio san juan, otros se los llevaron hacia otros lugares.
La primera versión indicó que los estudiantes se encontraban juntos y fueron quemados; sin embargo, se dio a conocer que fueron metidos en bolsas y separados en grupos para deshacerse de ellos de distintas maneras, unos arrojados en bolsa en el rio san Juan,
Este jueves 18 de agosto, el comisionado presidencial afirmó que el caso “fue un crimen de Estado”, el informe confirma que hubo coalición entre integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano, como autoridades federales, estatales y municipales, por lo que pidió órdenes de aprensión para mandos militares.
Con Peña Nieto, la “Verdad histórica” fue planteada el 27 de enero de 2015 por el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.
Este jueves 18 de agosto del 2022, nace la otra verdad histórica con Alejandro Encinas Rodríguez; en ella se reconoce que fue un crimen de Estado, además de que también se reconoce que el ejército tuvo mucho que ver en la desaparición de los jóvenes, en la anterior verdad no se dijo o se reconoció la participación de las fuerzas castrenses; en esta verdad de la 4T ya se detuvo a un militar, el capitán en retiro José Crespo, fue uno de los que estuvo a cargo de los soldados el día 26 de septiembre del 2014 en Iguala de la Independencia; también fue detenido el General José Rodríguez Pérez, era en el 2014 comandante del 27 Batallón de infantería en el año 2014, además de que se le señala de ejecutar a seis de los estudiantes; el informe dice el Subsecretario es el resultado del trabajo intenso de estudiar los testimonios de más de 115 personas testigos colaboradores directos, y de más de 80 millones de llamadas telefónicas, también es una de las diferencias.
Recientemente salió a la luz pública un informe confidencial entregado a la Presidencia de la Republica, en donde Alejandro Encinas Rodríguez, detalla la forma en cómo se dio con los mensajes de las personas que se vieron involucradas esa noche, y después que hicieron con los jóvenes;
Encinas en su columna del Universal del día Martes, dijo “Es el caso de los autos de libertad dictados por el Juez Samuel Ventura, a 77 personas que, efectivamente fueron objeto de la tortura por parte de las autoridades de la entonces de la Procuraduría General de la Republica,, lo cual es inadmisible. Sin embargo lejos de ordenar restablecer el proceso, y señalar y castigar a los torturadores, el juez dicto la libertad absolutoria a algunos de los principales perpetradores de la desaparición”
Es lógico que están luchando con carpetas de investigaciones mal hechas, y quieren que los jueces les hagan el trabajo a los que investigaron, si están mal se van a ir no porque no sean culpables, más bien se van porque no está bien investigado, la presunta responsabilidad no está acreditada; si acreditan que existió tortura también se van a ir; es un nunca acabar de culpar a los demás.
Encinas Rodríguez, acusa a la Fiscalía General de la Republica, encabezada por Alejandro Gertz Manero, de filtrar el día sábado pasado, la información reservada a la investigación judicial que lastiman más a las víctimas, y favorece la impunidad, y que la transparencia y máxima publicidad en el caso de los jóvenes, no puede estar por encima de la dignidad de las familias, y consecuencia de ello fue que el Fiscal Especial del caso Ayotzinapa, demitió a su cargo de Fiscal del caso, Omar Gómez Trejo, es un golpe a la ineficacia de la investigación; y el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, justificó que su salida de la fiscalía fue por la diferencias al interior de la Fiscalía General de la República, sobre los procedimientos que se siguieron para girar las órdenes de aprensión contra presuntos responsables de la desaparición de los 43 jóvenes de la normal “Raúl Isidro Burgos”. Súmele que se cancelaron de al menos 21 de las 83 órdenes de detención que la unidad que investiga el caso Ayotzinapa que pidió a mediados de agosto.
El mismo juez que concedió las órdenes de aprensión, ha accedido a la petición de la FGR y ha dejado sin efecto, dichos pedimentos. Eso es lo que no cuadra en una investigación que debe de ser seria, sin resultados a 8 años, es una ofensa a los familiares de los jóvenes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre del 2014.
La justicia no llega, la investigación está en retroceso; los padres ya no confían en la 4T, el compromiso se esfuma por la falta de resultados a un tiempo en donde la esperanza de encontrarlos con vida.
La tragedia fue la bandera de los políticos de izquierda en el pasado proceso electoral, ese era el tema de moda para convencer a los electores, ofrecer esclarecerlos o encontrarlos, sonaba atractivo, pero hoy se vuelve un problema sin resolver.
Pero ya por la tarde un juez de distrito concedió una suspensión definitiva a Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, contra la vinculación a proceso por los delitos de tortura, la administración de la justicia y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa, esto ya lo habíamos comentado también de que si la FGR, iba a lograr mantener en prisión al ex colaborador de Enrique Peña Nieto; el tiempo nos da la razón de nuevo, es complicado cuando en un país, mandas a los peores fiscales a hacerle una imputación a alguien que conoce el derecho penal, así como el sistema de justicia sus debilidades y sobre doto sus defiencias.
Sin embargo el Ex Procurador Murillo Karam, seguirá en prisión debido a que el juez federal analiza si le concede el amparo definitivo o no que tramitó por su “detención ilegal”, además falta conocer si habrá impugnaciones y la revisión de los Tribunales, es decir ya les ganó la primer partida, independientemente si apela o no, lo cierto es que ahora agotará todos los recursos a su alcance para salir libre; la detención también lo habíamos dicho, no cumplió con los protocolos para los detenidos, hechas por las corporaciones policiales.
A Murillo Karam, le decretaron la medida cautelar de prisión preventiva justificada argumentando el juzgador que eso evitaría riesgos procesales, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), como es el caso de sustraerse de la justicia por su capacidad económica, relaciones, además del poder político que se le vio en el tiempo que fue funcionario público. Para lograr la vinculación a proceso, la FGR acusó a Murillo Karam por tortura desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia por el caso Ayotzinapa, están las declaraciones de detenidos que fueron torturados y exfuncionarios que falsificaron documentos, pero que no lo señalan directamente; lo que se ve difícil que se sostenga.
