Nayeli Rubí Pérez Ochoa
En México los partidos no han estado históricamente preocupados ni comprometidos con la igualdad de género en el ámbito político como lo han venido haciendo desde unos años atrás.
Las mujeres no han tenido las mismas oportunidades que los hombres para acceder a los cargos de representación popular, no han contado con ayuda necesaria para hacer más accesible la armonización de sus responsabilidades familiares y maternales con la vida política ni tampoco han contado con similares recursos económicos para sus campañas electorales. Estas diferencias entre hombres y mujeres han generado brechas de género que por mucho tiempo minaron las oportunidades de una democracia igualitaria.
Fue el 17 de octubre de 1955 cuando por fin las mujeres mexicanas pudieron votar por vez primera en unas elecciones federales. Ya lo habían hecho en las municipales a partir de 1947, pero entonces se consideró que no estaban preparadas para participar en la política nacional.
Hasta 1953 se reformó la Constitución para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena, después de que la Organización de las Naciones Unidas llamó a los países miembros a reconocer los derechos políticos de las mujeres, ya que no podía considerarse democrático a un país si más de la mitad de su población no participaba en la toma de decisiones. Lo cual deja de manifiesto el enraizado arraigo machista del pueblo mexicano y mundial, que necesitó la presión de un organismo internacional para reconocer un derecho tan fundamental.
Entre un gran sinnúmero de féminas que participaron en la inmersión de la mujer en la vida política se encuentra Hermila Galindo, quien promueve en el año de 1917, por primera vez en la historia de México, su candidatura a Diputada Federal al 5º distrito electoral del Distrito Federal. Quien, a pesar de haber sido elegida, se le negó el derecho a tomar el cargo por razón de su género, sin embargo, creó un panorama alentador para los grupos feministas que acercaban de manera lenta pero firme sus pasos hacia el pleno ejercicio del derecho a ser votadas, pues a pesar de no existir impedimento legal que frenara su participación, se les imponían obstáculos que de maneras diversas y hasta descaradas, impedían su participación.
Una vez inmersas, aunque en muy baja proporción, se presentaron la discriminación y los límites que pusieron los partidos y la estructura general del Estado a fin de evitar el ascenso de las mujeres.
De acuerdo con Investigadoras de la Universidad Autónoma de México, en general, las legisladoras de los partidos opinan que para llegar a los puestos, a ellas se les exige más que a los hombres, deben tener mayor capacitación, demostrar que tienen un nivel educativo más alto, más disponibilidad de tiempo y movimiento, en síntesis demostrar que son mejor en todo.
Aun con la totalidad de estos atributos requeridos, las propuestas legislativas emitidas por las legisladoras, rara vez eran tomadas en cuenta y en otras más provocaban burlas, bromas sexistas y menosprecio. En ocasiones esas mismas propuestas fueron retomadas por algunos diputados y entonces sí merecían ya el interés de los demás.
A partir de la adopción de la primera medida de acción legislativa para mejorar la distribución de candidaturas a favor de las mujeres en 1993, el Congreso ha aprobado sucesivas oleadas de reformas como estrategia para garantizar la presencia de las mujeres en órganos de decisión que organizan la vida política, económica y social del país, hasta convertirse, hoy en día, en un terreno fructífero para la paridad.
A pesar del conjunto de reformas que se realizaron en el año 2008, que obligaban a los partidos a cumplir con una cuota de género de por lo menos el 40 por ciento de candidaturas, hubo resistencia, siendo una regla el postular candidatas en los distritos que consideraban perdidos.
En la elección federal de 2009 se presentó un hecho insólito en la historia política reciente de México: nueve diputadas federales, recién electas por el principio de representación proporcional, presentaron al mismo tiempo solicitudes de licencia ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para separarse del cargo de manera definitiva, cuando apenas habían tomado posesión de este, en todos los casos los suplentes eran varones.
La reforma del año 2019 a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar que la mitad de los cargos de decisión política en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), en los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y organismos autónomos sean para mujeres, lo que se conoce como “paridad en todo” o paridad transversal, constituye un avance en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso al poder político.
En tal reforma el legislador tuvo que evitar todos los vacíos legales para garantizar el efectivo acceso de las mujeres al derecho a ser votadas, ahora es una grata realidad ver mujeres en todo tipo de cargos, de elección popular o no, se ha alcanzado lo que en algún momento se creyó imposible.
