Con información del SUR
Chilpancingo .- El secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, señaló que las cédulas que se escinden de los grupos delictivos son las que tratan de generar desestabilización en el estado, incluso agrupados en movimientos sociales, con la población como autodefensas o llevando gente a bloqueos carreteros.
En entrevista para el periódico el SUR, en su oficina en el Recinto estatal de gobierno, acerca de las amenazas a la población en Zihuatanejo y de las diferentes protestas de transportistas que exigen seguridad, dijo que las autoridades deben tener claro cuál es la manifestación legítima de las que son causadas por la delincuencia organizada.
En el caso de Zihuatanejo, donde circularon amenazas en redes sociales, precisó que aún se analiza la procedencia de los mensajes que causaron sicosis entre la población, y que se adjudican a la delincuencia organizada, para conocer sus alcances y establecer la estrategia de seguridad según sea el caso.
Subrayó que a diferencia del periodo de la llamada la Guerra Sucia, ahora no hay persecución de la oposición, “efectivamente (hoy) son otros grupos los que están involucrados de la delincuencia organizada (en los ataques a la sociedad)”.
Dos días antes, el integrante de la desaparecida Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad), Nicomedes Fuentes García, señaló que el caos de ahora es peor del que se vivió en los años 70, donde el Estado emprendió una represión perfecta contra dirigentes de organizaciones sociales y de izquierda, “hoy todo el mundo está en riesgo”.
En este contexto, Reynoso Núñez coincidió en que son dos momentos históricos diferentes, “antes la persecución era para ciertos grupos por la manifestación de las ideas. Había una persecución del Estado a quien pensaba diferente, incluso recordarás que en aquellos años existían delitos de disolución social (por promoción de ideas o programas de un gobierno extranjero), y otras sanciones con el objetivo de mantener un régimen político”.
En los nuevos tiempos, destacó la apertura democrática. “El Estado no persigue a nadie por la manifestación de las ideas, obviamente, hoy existe una estrategia de seguridad compleja por la violencia en el país, que ya tiene décadas”.
Por ello, todos los días se trabaja para fortalecer el sistema de seguridad para que la población se sienta más segura; como ejemplo adelantó que este mayo fue el mes de menor índice de homicidios que se registró en dos años.
El último dato público del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), es de 123 víctimas de homicidio doloso en abril; 104 en enero, 97 en febrero, y 118 en marzo.
Destacó el trabajo que realizan de manera coordinada los tres órdenes de gobierno para la seguridad pública, “porque efectivamente son otros grupos los que están involucrados de la delincuencia organizada. Muchas cédulas delictivas también que se van escindiendo de estos grupos, los que están tratando de desestabilizar, los que generan y que incluso se han involucrado en el movimiento social”.
Detalló que en algunos casos dichas cédulas se involucran con autodefensas, en otros, en los bloqueos donde utilizan a la población.
“Nosotros estamos identificando esa parte. Es importante que el Estado tenga claro lo que es una manifestación legítima de la sociedad y lo que son manifestaciones causadas por la delincuencia organizada, es lo que estamos discerniendo, trabajando en ella”.
De la situación actual en Zihuatanejo, después que el jueves cerraron tortillerías, escuelas y estuvo restringido el transporte por amenazas que circularon en redes sociales, señaló que el ambiente sigue “un poco tenso”, y las autoridades trabajan para que vuelva la tranquilidad.
Subrayó que las tres instancias de gobierno, y a través de las mesas regionales de seguridad, están atendiendo puntualmente el tema.
De la presencial policial y militar en las acciones de seguridad pública, explicó que se incrementó en Acapulco con mayores efectivos militares, donde “se multiplicó el esfuerzo por combatir la delincuencia, por sectores en los que está dividida la ciudad”.
Pero en el caso de Zihuatanejo, precisó que aún no se contempla mayor seguridad pública porque la ciudad no tiene una alta incidencia de delitos.
“Hay que observar lo que está sucediendo ahí, y en su momento fortalecer las capacidades institucionales, si se diera el caso, para dar respuesta en caso de hubiera un incremento de la incidencia delictiva”.
Explicó que la investigación sobre procedencia de los mensajes de amenaza se realiza a la par del análisis de seguridad “no son temas que tomen mucho tiempo en tenerse resultados”.
De estos mensajes distribuidos por grupos de Whatsapp, y por otros medios de comunicación en Zihuatanejo, alertando a la población para que no tomara ciertas acciones y sobre el cierre de negocios, informó que la Mesa de Coordinación para la paz está muy atenta al problema.
“Por ello se ha puesto especial interés primero en identificar quienes están emitiendo estos mensajes, y en segundo, no menos importante, en establecer los mecanismos necesarios para salvaguardar a la población”.
Aseguró que todas las instancias de seguridad están involucradas en el tema, incluso la policía cibernética. “Se están revisando de donde provienen, quienes son, cuál es la veracidad de los mismos y todos los alcances que pueda tener”.
Cuestionado sobre la posible autoría de la delincuencia organizada, como acción de presión para el gobierno, confirmó que podría ser, sin embargo, advirtió que “estos fenómenos se dan comúnmente en algunos municipios y en ciudades, tienen más efecto que en otras, pero por lo regular son eventos que se dan periódicamente”.
De las protestas de transportistas en Zihuatanejo y en Chilpancingo por seguridad, confirmó que entienden que sí tiene presión por parte de grupos de la delincuencia,
“Hubo situaciones de algunos taxistas que estuvieron siendo obligados por la delincuencia organizada a venir a estos bloqueos. Estamos atentos al tema, se le está dando seguimiento puntual” .
Aseguró que hay acciones coordinadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos, “obviamente que tenemos que hacer la parte es la investigación se tiene que revisar de para determinar de dónde provienen estas amenazas con el objeto de integrar las carpetas de investigación que correspondan y tomar aciones de tipo jurisdicción.
