(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Nuestra amada Costa Grande, como ninguna otra región del estado y del país, fue escenario para la cruenta Guerra Sucia, periodo que abarcó desde el final de la década de 1960 hasta finales de los años 1980, y que consistió en una estrategia político militar para exterminar a los grupos y movimientos opositores al régimen unipartidista, donde el oficialismo era la constante, incluida la prensa.
Estos grupos, ante la represión que tuvo su máximo momento en la masacre de Tlatelolco, en 1968, y luego con El Halconazo de 1971, se alzaron en armas y dieron pie a una virulenta reacción oficial que, sin embargo, fue tan bien diseñada y ejecutada que tardó 20 años, tiempo en el cual uno a uno fueron desarticulados los grupos opositores y sus líderes cazados y asesinados.
El Partido de los Pobres, el Movimiento de Acción Revolucionaria, la Liga Comunista 23 de Septiembre, por citar algunos, fueron blanco de la represión político-militar, lo que se llama Guerra Sucia, que en realidad fue un terrorismo de Estado.
A diferencia de lo que sucedió en otros países de Centro y Sudamérica, donde la represión fue menos cuidada, más rápida y virulenta, en México fue quirúrgica y silenciada dentro y fuera del país. Fue de carácter selectivo y bajo la cobertura de una prensa cómplice, censurada y también amedrentada.
De hecho, se conoce poco de ese oscuro periodo porque los archivos fueron eliminados. Y aunque Vicente Fox abrió la primer fiscalía para investigar los movimientos políticos del pasado (Femost), los resultados fueron mediocres, pues hasta la fecha prevalecen los pactos de silencio e impunidad, así como el secreto de Estado, ya que aún se tienen clasificados documentos militares a los que los grupos defensores de los derechos humanos no han tenido acceso.
El colectivo Eureka, por ejemplo, tiene contabilizadas 557 personas arrestadas por motivos políticos y que siguen en paradero desconocido al día de hoy.
Eureka fue fundado por Rosario Ibarra de Piedra, cuyo hijo fue desaparecido. “Mientras México apoyaba a la Revolución Cubana, al Gobierno de Salvador Allende y al Sandinismo, en su interior el régimen priista “ocultaba” la persecución a los movimientos de izquierda que pedían la democratización del país”, expuso Jorge Gálvez miembro de este comité.
Las historias son espeluznantes. Gente lanzada al mar desde helicópteros luego de haberlos torturado. Enterrados en destacamentos militares, como Rosendo Radilla. Hombres jóvenes echados al Pozo Menéndez, y un largo etcétera que, en realidad, se han quedado en el nivel de las fábulas porque, como decíamos, se tiene muy poca documentación oficial al respecto, y mucho menos hay información periodística, salvo de los eventos más obvios y escandalosos, como lo fueron la Matanza de Tlatelolco y El Halconazo.
Pero no sólo fueron perseguidos los guerrilleros; en realidad se se arrasó con todo: disidentes de izquierda, estudiantes, obreros y campesinos. Todo lo que estorbara al régimen fue acorralado y sus líderes silenciados.
Después de Tlatelolco, siguieron dos décadas de arrestos, torturas y desapariciones perpetradas por la ya extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) con la complicidad del Ejército.
Fue hasta el gobierno de AMLO que el tema vuelve a retomarse, a la luz de la existencia de las decenas de miles de desaparecidos, producto de la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón, y que ya asciende a unas 100 mil personas.
No sólo se tiene una fiscalía para investigar lo que sucedió en la Guerra Sucia, así como otra para el Caso Ayotzinapa, sino que por fin se autorizó la visita del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas en su primera visita a México, luego de 10 años de negativas para su ingreso al país.
Obviamente, uno de los estados a visitar por este comité es Guerrero, no sólo por el Caso Ayotzinapa, sino porque la entidad ha sido escenario de violencia permamente.
Realmente la Costa Grande fue refugio de los alzados de la Guerra Sucia. Uno de los casos más sonados fue el de Lucio Cabañas Barrientos, nacido en El Porvenir, Atoyac de Álvarez, el 12 de diciembre de 1938; y asesinado en Técpan de Galeana, el 2 de diciembre de 1974.
Lucio fue un maestro rural mexicano, egresado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, líder estudiantil y jefe del grupo armado Partido de los Pobres en la sierra de Guerrero, durante la década de 1960 y hasta su muerte en 1974.
Lucio inició su formación política en la Asociación Cívica Guerrerense (ACG), que en ese entonces dirigía el sanlusiteco Genaro Vázquez Rojas, y luego se acercó al Partido Comunista Mexicano. El 18 de mayo de 1967, Lucio convocó a una reunión en Atoyac, donde se desató una balacera, pues el intento era asesinarlo. Se remontó desde entonces a la sierra. En abril de 1974 la guerrilla dirigida por Lucio Cabañas decidió secuestrar a Rubén Figueroa, senador de la República y candidato a la gubernatura del estado de Guerrero. Figueroa estuvo secuestrado durante 5 meses y fue rescatado el 8 de septiembre de ese año por un operativo policiaco-militar.
Después de este acontecimiento el estado respondió con toda su fuerza contra la guerrilla de Lucio Cabañas e inició su persecución sin cuartel, hasta que 3 meses después, la madrugada del 2 de diciembre de 1974 se dio el último enfrentamiento con tropas militares, iniciándose un tiroteo en la selva cafetalera El Otatal, municipio de Tecpan, donde Lucio fue asesinado con el tiro de gracia, aunque hay una versión de que al verse en desventaja se colocó su rifle en la garganta y se quitó la vida. Quién sabe. Falta ver lo que la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia logra excavar de las catacumbas del poder político y militar de México. Entre tanto, también se busca a los desaparecidos casi 100 mil desaparecidos de la Guerra contra el Narcotráfico.
