Rubén Martín
Con más de 300 mil muertos, casi 95 mil desaparecidos reconocidos oficialmente, más de 52 mil cuerpos sin identificar, tres mil fosas clandestinas y una estela de episodios con su reguero de masacres, cuerpos colgados, desmembrados y torturados, México vive una crisis excepcional de violencia organizada, nombrada desde el ámbito de los derechos humanos como una crisis humanitaria de grandes proporciones.
Por su magnitud, México vive una guerra informal que no es reconocida por las autoridades de todos los niveles, dedicándose apenas a administrar esta violencia que azota a la mayoría de la población, especialmente a los más pobres, y donde muchas veces la violencia es funcional para la imposición de distintas dinámicas de acumulación de capital como ocurre con frecuencia en megaproyectos estatales o privados.
Este es el contexto en el que llega a México el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) en el que cuatro de diez de sus integrantes se encontrarán con familias organizadas que tienen desaparecidos, víctimas de violencia, organizaciones civiles de derechos humanos, autoridades y distintos sectores sociales para recoger testimonios, reportes, análisis y con todo ese material, realizar un informe que será presentado en marzo del próximo año para compartir sus conclusiones y recomendaciones.
La delegación del CED estará recorriendo el país del 15 al 26 de noviembre y está compuesta por Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta del Comité y jefe de la Delegación, por Juan-Pablo Albán Alencastro, Juan-José López Ortega y Horacio Ravenna.
El CED es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por sus Estados Partes. Desde su creación, es la primera ocasión que el CED lleva a cabo una visita a un país miembro firmante de la Convención contra desaparición forzada, y como ha subrayado el mismo CED, habían solicitado la visita de trabajo a México desde el año 2013, al inicio del gobierno del priista Enrique Peña Nieto, sin embargo esta fue negada.
Ante esta negativa del gobierno de Peña Nieto y ante el notable crecimiento del fenómeno de las desapariciones, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigió “enérgicamente” al Estado mexicano reconocer la competencia del Comité en agosto de 2016. Pero el gobierno siguió siendo omiso.
Si ahora el CED está en México es gracias a las exigencias y tenacidad de las madres organizadas que buscan a sus desaparecidos. En el año 2018, María Herrera, una madre michoacana que ha sufrido la pérdida de cuatro de sus hijos, exigió que el gobierno mexicano aceptara la visita de la CED ante instancias jurídicas.
En 2019, a comienzos del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, María Herrera, acompañada de organizaciones de derechos humanos, ganó un amparo para exigir al gobierno esta petición. Para sorpresa de María Herrera y abogados, la Secretaría de Relaciones Exteriores, impugnó la decisión. La presión de las familias llevó a que en agosto de 2019, finalmente, el gobierno mexicano aceptara la visita que ahora se concreta.
Aunque es la primera visita al país, el CED ya se había pronunciado sobre la grave situación de las desapariciones forzadas en México: en su primer informe, reconoció que en México hay un contexto de “desapariciones generalizadas en gran parte del territorio”. Además México es el segundo país del mundo en solicitar acciones urgentes al CED, por atrás de Iraq. De un total de 1,031 acciones urgentes solicitadas en el mundo, 424 corresponden a México, recordó en un artículo reciente el Centro Prodh.
Los integrantes de la CED que llevan a cabo la visita a México ya han empezado a recoger testimonios dolorosos, conmovedores y con la esperanza de que esta visita contribuya a cambiar el contexto de desapariciones generalizadas que existe en el país. El jueves, en Monterrey, los integrantes del CED escucharon a madres de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León que en ese estado hay 5,790 personas desaparecidas, 2,089 personas sin identificar, 410 desconocidas que se encuentran en fosas comunes, y seis grandes campos de exterminio donde han sido detectados hasta 600 mil restos orgánicos de humanos (Proceso, 18 noviembre 2021).
Ese mismo día, en Nayarit los colectivos de familias denunciaron la crisis forense que existe en el estado así como el crecimiento de fosas clandestinas y también expresaron su preocupación por la seguridad de los familiares de las víctimas, ya que “están en riesgo, toda vez que son tan visibles y alzan la voz frente a estas violaciones de derechos humanos”. En Nayarit también se denunció que el órgano de procurar justicia, la Fiscalía General del Estado de Nayarit, ha actuado en realidad como parte de la “estructura criminal” y ha cometido crímenes de lesa humanidad (La Jornada, 19 noviembre 2021).
Juan José López Ortega, representante del CED, estuvo la mañana de viernes pasado en Guadalajara, en una reunión con más de 50 representantes de organizaciones de familiares, quienes expusieron tanto los casos individuales y masivos de desapariciones, crisis forense y respuesta burocrática poco eficiente del gobierno de Jalisco. Y escuchó también las denuncias de que se cometen desapariciones forzadas en Jalisco, como quedó evidenciado en el episodio represivo conocido como el Halconazo tapatío, del 5 de junio de 2020. En ese episodio el gobernador de Jalisco reconoció que la Fiscalía estatal está infiltrada por el crimen organizado.
Relatos y testimonios como estos recogerán los enviados del Comité Contra Desapariciones Forzadas de la ONU a la largo del país durante una semana más. Los familiares de desaparecidos tienen esperanza de que sus testimonios, evidencias e indagaciones que los integrantes del CED recojan en su gira en México produzca un informe contundente que obligue al Estado mexicano a dar una respuesta eficaz a la exigencia de presentar con vida a los casi 100 mil desaparecidos que hay en México.
Pero por más que esté justificada esta esperanza, ningún organismo de la ONU “salvará” a México de esta crisis de violencia generalizada. Es necesario que desde abajo se articulen las familias y la sociedad se movilice masivamente de forma solidaria para poner freno a esta guerra informal que padecemos. La salida no vendrá de la ONU y del Estado mexicano, que es cómplice por comisión u omisión de esta crisis por desapariciones y los episodios brutales de violencia. Tendrá que ser buscarse con la sociedad organizada desde abajo.
