Lilia Arellano
*México, ¿narco-Estado?
*Michoacán y Sinaloa, son territorios infiltrados
*L-12: acuerdo exonera a causantes del colapso
Al igual que en el gobierno del panista Felipe Calderón – quien fue obligado por los Estados Unidos a través de la firma del Plan México o Iniciativa Mérida a declarar la “guerra al narco” a fin de alcanzar legitimidad ante el pueblo de México no otorgada en las urnas, atacando a algunas organizaciones criminales y protegiendo a otras, como lo constata el juicio a Genaro García Luna-, la administración del presidente López Obrador, por acción y omisión, empuja al país a convertirse en un “narco Estado”, debido a la indolencia mostrada en el combate a la delincuencia organizada, la cuale ahora se da el lujo de colocar a los gobernadores en diferentes entidades del país. De seguir por ese camino, el siguiente paso para los capos de la droga será poner al próximo presidente de la República, tal y como lo señalara en su exposición el todavía gobernador de Michoacán Silvano Aureoles, situación muy riesgosa para México por las consecuencias que tiene para Estados Unidos y su amplia e insaciable población adicta a las drogas. En este escenario, una intervención armada no puede descartarse.
La situación empeora cuando los próximos mandatarios estatales hablan de llegar a acuerdos, de establecer diálogo con las organizaciones criminales para pacificar sus territorios. Ese, a decir de quienes han manejado la seguridad pública durante años, es el más grave error. Con las mafias no se dialoga, se les marcan lineamientos, se les ordena la operación, si es que, como se ha visto, existe impotencia para combatirlos y quieren evitarse daños a terceros, a la población, a los ciudadanos inocentes y ajenos a este tipo de actuaciones, operaciones, delitos o inclusive, consumo. En los EU se presentan en las leyes y en la práctica límites y se castiga a quienes pretenden hacer crecer a sus organizaciones ampliándolas al secuestro, a la venta de piso o protección, a meterse en la política, infiltrar autoridades de alto rango. Las reglas las pone el gobierno, no dialoga con ellos para llegar a convenios en los cuales la ausencia de autoridad es clara y notoria.
El pleito poselectoral por las gubernaturas de Sinaloa y Michoacán, dos estados profundamente infiltradas por el narcotráfico desde hace décadas, donde probado está incluso en tribunales de Estados Unidos, los gobiernos del PRI, PRD y ahora Morena, negocian con las organizaciones criminales, quienes controlan amplias zonas de dichas entidades al grado de no dejar pasar a las autoridades federales y estatales, como lo confirmó la reciente visita del Nuncio Apostólico Franco Coppola a tierras tarascas, evidencia la lucha, palmo a palmo, por el territorio mexicano entre los diversos cárteles de la droga y los grupos políticos afines, incrustados en los gobiernos federal y estatales, quienes los respaldan. Los juicios a políticos mexicanos en tribunales estadounidenses confirman este escenario, negado una y otras vez por nuestras autoridades del más alto nivel. En Washington tienen claro que los nuevos mandatarios no enfrentarán al Cártel de Sinaloa, pues el gobierno federal no ha mostrado interés en ello en los últimos tres años.
Si bien es cierto nadie en todo México y, en particular, en los estados con fuerte presencia de las organizaciones criminales y donde se traza la ruta de la producción, comercialización y exportación de estupefacientes al creciente mercado estadounidense, quiere más matanzas, desaparecidos ni desplazados por el crimen, no se puede estar de acuerdo con una política del disimulo donde se deje operar al crimen organizado a cambio de acotados acuerdos de paz, los cuales, finalmente, no se respetan si los interés de los capos se ven amenazados. Ante la estrategia actual de “abrazos, no balazos” asumida por el auto denominado régimen de la cuarta transformación, los cárteles de la droga cada día se fortalecen en capacidad bélica, económica y política.
Ante las acusaciones de Silvano Aureoles, actual gobernador de Michoacán, en el sentido de que Morena es un “narco partido apoyado por grupos criminales para ganar la pasada elección en varios estados y, con la llegada de militantes morenistas al poder en entidades clave para el narcotráfico y, en específico, con Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador electo pero impugnado ante los organismos electorales, Michoacán podría “revivir sus días más oscuros, violentos y volverse un narco gobierno”, el presidente López Obrador pide pruebas para sostener dicha denuncia. “Pues que pruebe, si tiene elementos”, dijo el mandatario al exhortar al militante del PRD a dar sustento a sus acusaciones. “Lo más importante es que se presenten pruebas, porque si no, son noticias sensacionalistas, amarillismo”, reiteró el inquilino de Palacio Nacional.
Aureoles fue directo en sus declaraciones a diversos medios de comunicación: “Si se confirma el triunfo de Alfredo Ramírez Bedolla representará otra vez el regreso del crimen organizado al palacio de Gobierno de Michoacán porque ellos lo pusieron”. Aseguró el 71.6% de los votos que dieron la victoria a Alfredo Ramírez, provienen de municipios y regiones con un fuerte control por parte de organizaciones criminales. Con base a estas denuncias, el saliente gobernador michoacano pide nuevos comicios. “Morena es un narco partido, la elección de Michoacán debe anularse, los michoacanos no queremos que regrese el narcogobierno, un gobierno impuesto por el narco”. Y añadió: “El presidente López Obrador debe estar muy preocupado porque el partido por él fundado está al servicio del crimen organizado. México se encamina a ser un narco-Estado”.
También precisó los ex gobernadores Leonel Godoy Rangel, del PRD, y Jesús Reyna, del PRI, son los personajes detrás de la victoria de Alfredo Ramírez. Cabe recordar Jesús Reyna, además de haber sido gobernador interino de Michoacán durante el 2013, fue acusado y aprehendido por la Procuraduría General de la República en 2014 por presuntamente haber protegido al grupo criminal conocido como “Los Caballeros Templarios”. El ex mandatario priísta permaneció detenido, sin recibir juicio ni sentencia durante 4 años y 8 meses, hasta el retiro de las acusaciones por no poder comprobar su culpabilidad y obviamente ante la carencia de una investigación seria y efectiva.
Para el caso de Sinaloa, el próximo gobernador del estado es el morenista Rubén Rocha Moya, originario del municipio de Badiraguato, la “cuna” del narcotráfico y del Cártel de Sinaloa, donde nacieron Joaquín “El Chapo” Guzmán, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. No obstante, el político sinaloense quien alcanza la gubernatura de su entidad en su tercer intento y es amigo del presidente López Obrador, niega tener algún vínculo con la delincuencia organizada; dice que su vida la ha dedicado a la academia, en la Universidad Autónoma del Estado, y recientemente, a la política como diputado local y senador de la República. Sin embargo, el Centro Nacional de Inteligencia tiene documentados presuntos nexos de Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada. Incluso su contrincante, el senador Mario Zamora, y el representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, denunciaron el crimen organizado intervino en la elección de Sinaloa para respaldar a Morena con el levantón de hasta un millar de representantes de casilla y de supervisores de los partidos de la alianza Va por México.
Rocha Moya reveló en una entrevista el pasado 22 de abril, que impulsará un entendimiento con el crimen organizado para pacificar el estado. Habló de entrar a un acuerdo directo enmarcado en leyes y políticas públicas. Y lo más probable es que se apegue a la dinámica del titular del Ejecutivo federal de “abrazos, no balazos”, que no logra reducir los altos niveles de violencia. Ésta solo disminuye cuando los cárteles así lo determinan, y aumenta cuando se fragmentan o cuando otro grupo delictivo invade alguna zona del Estado. Ya adelantó durante su campaña, en una reunión con integrantes de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, su gobierno impulsará un Plan de Seguridad Estatal acorde con la Estrategia Nacional de Seguridad, mejorará sueldos, prestaciones y seguros de vida a policías, pero no propuso absolutamente nada en cuanto a limpiar a las corporaciones de la infiltración del crimen organizado.
De los pasillos
Ante las denuncias de periodistas, columnistas y defensores de derechos humanos por el espionaje desde áreas de seguridad civil y militar del gobierno federal contra quienes mantienen posiciones criticas a la cuarta transformación, el cual acusan busca mermar el trabajo periodístico, presionar, amedrentar e intimidar, el inquilino de Palacio Nacional señaló es falso se investigue y espíe a columnistas y periodistas críticos de su gobierno, pero pidió se presenten pruebas, y en este caso, indicó, no sólo se iniciará una investigación, sino se despedirá a los funcionarios que realicen estos actos. En su conferencia de prensa matutina, AMLO acusó los medios “se ponen todos de acuerdo” para cuestionar su gobierno sin pruebas… Los representantes de los medios de comunicación imputaron se ha utilizado a las instituciones del gobierno contra políticos pero ahora lo hacen contra periodistas, “es el uso político de los órganos del Estado”. Criticaron que en el discurso el tabasqueño niegue el espionaje y diga que es diferente; sin embargo, en la práctica es todo lo contrario y hace lo mismo que gobiernos y presidentes anteriores contra comunicadores incómodos a su administración.
Los otros datos en poder del presidente López lo lleva a asegurar ha disminuido la percepción social sobre la corrupción. Vale la pena señalar no solamente no ha bajado esta percepción sino aumentó al conocerse que antes de tener completas las investigaciones sobre los hechos registrados en la Línea 12 del Metro, cuando aún no hay señal alguna de encontrar responsables, llega, como con los mafiosos a los abrazos y a las adulaciones. Acordó con Carlos Slim, serían sus constructoras y en general el Grupo Carso quienes se encargarán de poner en funcionamiento esta Línea sin costo alguno, o sea, las reparaciones van por su cuenta y ¿los muertos no cuentan, esos no merecen se castigue a nadie? A doña Claudia le ordenó, sin respeto alguno a ser una funcionaria electa por el voto de los chilangos, no se metiera más en el caso y ni tarda ni perezosa declaró solamente el Ejecutivo federal informaría sobre este caso…Pobre clase media ¡no tiene presidente! Y para no caer en las noticias falsas solamente haremos referencia a la comida en Palacio llevada a cabo solamente con los once morenistas ganadores en la contienda del 6 de Junio… De pasada se dieron instrucciones a los ministros del TEPJF, porque al tenerlos como gobernadores electos, se brincó lo que pudiera haberse desprendido de las impugnaciones presentadas. Los billetes serán el apodo no de uno, sino tal vez de todos.
