Boletín
CHILPANCINGO. Para garantizar la integridad y el respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes guerrerenses, el Congreso del Estado trabaja en una serie de reformas para prevenir, erradicar y sancionar la trata de personas en las comunidades originarias del estado de Guerrero, mismas que contemplan la prohibición del matrimonio forzado y la práctica de la “dote” como negocio.
En las propuestas de reforma y adiciones a distintos ordenamientos se expone que la trata de personas es un fenómeno delictivo muy extendido en todo el mundo, y en el que México figura como el segundo país con más víctimas, siendo el estado de Guerrero el principal ejemplo, donde en localidades de La Montaña, derivado de la marginación y la pobreza extrema, algunos padres o tutores entregan a sus hijas cuando apenas cumplieron los 12 años, a cambio de dinero.
Por lo anterior, en el Poder Legislativo de Guerrero se analiza una propuesta para que la Asamblea de los Pueblos, de acuerdo con sus usos y costumbres, participe en las tareas de prevención y erradicación de la trata de personas en las comunidades originarias, y que evite los matrimonios forzados.
Además, para contribuir en la erradicación de dicha problemática se plantearon reformas al Código Penal del estado para imponer penalidades de dos a seis años de prisión y de 100 a 800 días de multa al oficial del Registro Civil o cualquier otra autoridad que autorice el matrimonio de una persona menor de 18 años.
Lo que se plantea que no sólo se realicen reformas para que los padres o tutores obliguen a sus hijas a contraer matrimonio y la práctica de “dote” como negocio , sino que también las autoridades garanticen el respeto y los derechos de la niñez y la adolescencia.
Cabe mencionar que en el 2019 se reformó el Código Civil federal para establecer la edad mínima de 18 años para poder contraer matrimonio, mientras que en Guerrero se reformó el Código Civil para prohibir el matrimonio con menores de 18 años. Sin embargo, estas pautas jurídicas no han sido suficientes, pues se siguen presentando casos en comunidades donde padres o tutores venden a sus hijas bajo el amparo de la figura del matrimonio, con el argumento de que se rigen por sus usos y costumbres.
Es por ello que legisladoras y legisladores del Congreso de Guerrero han planteado diversas reformas en la materia que son de vital importancia para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, quienes constituyen la tercera parte de la población.
Se indica en las propuestas legislativas que el acceso y ejercicio de los derechos de este sector se ve limitado por una visión social que los concibe como “objetos de protección”, excluyéndolos de la participación y toma de decisiones sobre su propia vida, e incluso justificando la violencia que se ejerce en su contra.
