Lilia Arellano
*Candidatos bajo fuego
*En la antesala electoral, ejecutan a cientos de candidatos
*Por los ataques, Jueces y magistrados recurren a la ONU
*Se preparan en el Senado para aprobar iniciativas de LO
Hasta el momento, la crisis de seguridad resentida en el territorio mexicano no es atendida adecuadamente por la actual administración federal y la ola de violencia sigue imparable. El número de ejecuciones supera a la fecha las 79 mil víctimas. La ciudadanía esta inerme ante el fortalecimiento de las organizaciones criminales, quienes no sólo controlan un tercio del país, sino incluso aplican a los integrantes de los cuerpos de seguridad y procuración de justicia del país la “ley” tácita de “plata o plomo”. Desde el año 2018 se registran más de mil 500 asesinatos de policías e integrantes de corporaciones de procuraduría o fiscalías, en las 32 entidades de la República, en donde las ejecuciones se han cometido de forma sistemática y constante.
Y, mientras avanza el actual proceso electoral, se incrementa la violencia contra personajes ligados a la política. De acuerdo a la consultora Etellekt, entre el 7 de septiembre de 2020, cuando arrancó la carrera rumbo a las urnas, y este mes, se registran 238 agresiones contra políticos, con un saldo de 218 víctimas entre precandidatos, candidatos, ex alcaldes, regidores, funcionarios partidistas o de gobierno, es decir, dos en promedio por cada una de las 28 semanas de este proceso comicial.
Diciembre de 2019, el primer mes de la actual administración federal, registró 2 mil 440 homicidios dolosos y se convirtió en el mes más sangriento desde 1997. El 2019 cerró con 35,588 homicidios dolosos convirtiéndose así en el más cruento de la historia del país. El 2020 se mantuvo en los mismos niveles pues se cometieron 35,484 ejecuciones del crimen organizado, pese al confinamiento decretado a causa del COVID-19. Al escribir estas líneas, las ejecuciones en este año rebasan las 6 mil 140 víctimas. Así, la cifra por la ola de violencia no resuelta en el gobierno de la auto denominada cuarta transformación supera las 79 mil 600 víctimas y contando.
Nadie está a salvo, ni siquiera los policías o agentes de las procuradurías o fiscalías. Mucho menos los periodistas o incluso los políticos participantes en el actual proceso electoral. Las pruebas las vemos todos los días en los medios de comunicación social en todo el país, como es el caso del asesinato de Ivonne Gallegos Carreño, candidata de “Va por México” a la alcaldía de Ocotlán de Morelos, en Oaxaca. La ex diputada local y ex funcionaria de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, había recibido amenazas de muerte, fue baleada el sábado mientras circulaba en una camioneta sobre la carretera federal 175, en el tramo Santo Tomás Jalieza.
En este mes, el número de políticos asesinados asciende ya a seis. De acuerdo con el indicador de Violencia Política en México (IVP) de Etellekt Consultores, desde el inicio del proceso electoral, el 7 de septiembre de 2020, y hasta el 20 de marzo de 2021, seis meses y medio, se han registrado un total de 238 agresiones contra personas políticas, con un saldo de 218 víctimas de diversos delitos, de las cuales 166 eran hombres y 52 mujeres. De éstas, 61 personas fueron asesinadas (53 hombres y 8 mujeres), y 18 de ellas aspiraban a puestos de elección popular en Veracruz (7), Guerrero (4), Quintana Roo (2), Guanajuato (1), Chihuahua (1), Chiapas (1), Jalisco (1) y Oaxaca (1).
Por la ola de violencia y la intervención de las organizaciones criminales en los comicios, el pasado 4 de marzo el gobierno de López Obrador anunció su estrategia de seguridad para los candidatos, lo cual se ha convertido en una promesa más recorriendo el camino de lo incumplido o de lo fallido o, más pronto que tarde, se incluirá en la cadena de mentiras dichas desde el templete de Palacio Nacional. Es prácticamente imposible dediquen miles de policías a la vigilancia de otros tantos candidatos a los puestos de elección popular seleccionados para el proceso de junio 6. Si lograran dedicar seguridad a cada uno de los aspirantes, la ciudadanía quedaría en manos, abiertamente, de la delincuencia organizada. En la distracción de uniformados para este fin y los dedicados a vigilar las fronteras norte y sur, las puertas a las mafias estarían abiertas de par en par.
Solamente en la primera quincena de marzo han sido asesinados seis aspirantes a alcaldías en los municipios de La Perla, Veracruz (Melquiades Vásquez Lucas), Nuevo Casas Grandes, Chihuahua (Yuriel Armando González Lara); Isla Mujeres, Quintana Roo (Flor de María Ballina Sánchez); Casimiro Castillo, Jalisco (Alfredo Sevilla); Chilón, Chiapas (Pedro Gutiérrez); y el del sábado, de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. En la actualización del citado informe, se suma un ataque a balazos contra la fachada del domicilio particular de un precandidato a la alcaldía de Cárdenas en Tabasco, en donde no hubo personas lesionadas.
Durante el actual proceso electoral, los atentados contra políticos y funcionarios sin militancia o aspiraciones, suman 139 víctimas mortales, de acuerdo al registro de la consultoría. De éstos, 139 se cometieron en 25 entidades y abarcan 114 municipios. Veracruz encabeza el primer lugar con 12 por ciento de las víctimas. En el rubro de personas políticas asesinadas, 13 pertenecían al PRI, 10 a Morena, 9 al PRD, 8 al PAN, 6 al PVEM y 4 a Movimiento Ciudadano; las 11 víctimas restantes a otros partidos políticos nacionales y locales.
Policías en
la mira
“Causa en Común” reporta: entre enero de 2018 y el 18 de marzo de 2021, mil 530 mujeres y hombres pertenecientes a instituciones de seguridad pública municipal, estatal o de procuración de justicia del país, fueron asesinados. Los elementos caídos en México durante este periodo casi superan a lo registrado en Colombia, cuando los actos criminales de Pablo Escobar, fundador del cártel de Medellín, llevaron a la muerte a mil 785 policías, entre el 1 de enero de 1993 y el 30 de diciembre de 2013. De acuerdo a los registros de “Causa en Común”, en 2018 se cometieron 452 crímenes; en 2019, fueron 446; en 2020, 523; y en lo que va del 2011, van 99 elementos ejecutados de forma violenta.
Las entidades con más muertes en dicho periodo son: Guanajuato, con 233 decesos; el Estado de México, con 130; Chihuahua, 106; Veracruz, 94; Michoacán, 85; Ciudad de México y Puebla, 71 respectivamente; Sonora, 57; y Zacatecas, con 55. Los asesinatos de efectivos de seguridad y procuración de justicia en el país incluyen escenas de total impunidad. Entre ellos se encuentra la emboscada, el 18 de abril de 2018, contra seis elementos del municipio de Zihuatanejo, por un comando, quien filmó el ataque y lo público en redes sociales.
El primero de junio de 2018, siete policías que acudieron a apoyar en la seguridad durante un motín en la prisión de Amatlán de Los Reyes, en Veracruz, fueron asesinados. El 21 de junio de 2019, seis policías estatales fueron asesinados y cinco más heridos durante una emboscada en la carretera Tetipac-Taxco, en el estado de Guerrero.
En el mes de julio de 2020, cinco elementos fueron asesinados en el municipio de Apaseo El Alto, en la carretera que lleva a Yurécuaro, justo a la altura de la comunidad El Chamizal. Ese mismo mes, en Villa de Arista San Luis, emboscaron a cuatro elementos quienes realizaban investigaciones. Durante el ataque, los integrantes del crimen organizado dispararon con armas tipo Barret, en contra de un helicóptero que trató de auxiliar a los elementos. En el Estado de México, en septiembre de 2019, se reportó la muerte de tres uniformados en el municipio de Villa Arista, durante una emboscada en la comunidad de Los Reyes. En octubre de ese año, 13 policías en el municipio de Aguililla, Michoacán, fueron asesinados en la comunidad de El Aguaje, durante una emboscada de integrantes del crimen organizado. En marzo de este año, cuatro policías fueron asesinados y sus cuerpos quemados en la comunidad de Chupaderos, municipio de Villa de Caos, Zacatecas, a 50 kilómetros de la capital de la entidad. El ataque más reciente es el de 13 elementos en Coatepec de Harinas, Estado de México. Ocho de ellos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad y cinco más a la Fiscalía General de Justicia de esa misma entidad.
Este sangriento escenario no se había registrado en la historia del país y con ello la 4T demuestra lo fallido de su administración.
Jueces recurren
a la ONU
Tras los ataques del presidente López Obrador contra Juan Pablo Gómez Fierro, juez especializado en competencia económica, quien suspendió la aplicación de la nueva Ley de la Industria Eléctrica, litigantes, jueces y magistrados, agrupados en la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), buscaron la intervención del relator especial del la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, para que dé seguimiento a lo considerado como amenazas a la autonomía e independencia del Poder Judicial.
El fallo del juez Juan Pablo Gómez Fierro provocó la molestia de López Obrador, quien emprendió una reforma legal para fortalecer las facultades del Estado en detrimento de la participación privada, a pesar de que apenas el 13 de febrero pasado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en contra de la participación monopólica del Estado en el mercado de energía eléctrica. Tras la embestida del tabasqueño, los jueces y magistrados mexicanos advierten esta amenaza no sólo radica en el uso de la conferencia mañanera de López Obrador para exponer, de manera sesgada, los fallos incómodos del juez de referencia, sino también en la propuesta de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley de Carrera Judicial del propio PJF. Estas iniciativas de ley recibidas por el Senado el pasado viernes 12, pretende el gobierno de AMLO se aprueben en el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Con la prueba presente una y otra vez de la disposición de la aplanadora morenista para dar el visto bueno cualquier propuesta presidencial, no se duda obedecerán de nuevo y las reformas mencionadas tendrán, con gran rapidez, la aprobación ordenada.
