AGENCIAS
CHILPANCINGO. Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala emplazaron a los candidatos a gobernador en Guerrero a comprometerse con esclarecer esa desaparición forzada y hacer justicia para castigar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen de lesa humanidad.
Lo hicieron este martes en el mitin que realizaba el candidato a gobernador por Morena en Iguala, donde llegaron y se subieron al templete para dar lectura a un comunicado en donde informaron que van a tratar de reunirse con los 8 candidatos a la gubernatura registrados ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y que iniciaban con Salgado Macedonio.
En el comunicado leyeron señalaron que su “movimiento es independiente de los partidos políticos y credos y somos respetuosos de todas las formas de lucha; hemos tomado la decisión de emplazar a todos los candidatos a la gubernatura del estado de Guerrero que participan en este proceso electoral para exigirles que de llegar al ejecutivo estatal se comprometan con la verdad y la justicia y dar con el paradero de los estudiantes, así como contribuir en las investigaciones y búsquedas en el marco de sus competencias y sin interferir con los esfuerzos que realizan las autoridades federales en el caso Ayotzinapa”.
Recordaron que el 26 de septiembre de 2014 “diversas fuerzas de seguridad confabulados con la delincuencia organizada agredieron cobardemente a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, con un saldo de 3 muertos más de 25 heridos y 43 desaparecidos”.
Señalaron que el gobierno federal de Enrique Peña Nieto y el estatal de Ángel Aguirre Rivero “omitieron desplegar acciones para prevenir unos de los crímenes más atroces de la historia reciente de nuestro país. El gobierno Federal de entonces realizó una investigación plagada de irregularidades con la intención deliberada de encubrir a los responsables y ocultar la verdad. Las conclusiones de las pesquisas le llamaron ‘verdad histórica’. Con ella quisieron cerrar las investigaciones y dejar el caso en la impunidad”.
Subrayaron que varias de esas graves irregularidades en las pesquisas son: la pérdida de evidencia fundamental en el Palacio de Justicia de Iguala, Guerrero, y la falta de investigación de las autoridades estatales. Como es del conocimiento público, el autobús 1531 de la línea Estrella de Oro, de acuerdo a la investigación de la Comisión Nacional de Derechos humanos, traía a bordo entre 15 a 20 estudiantes y fue interceptado en el Palacio de Justicia de Iguala, siendo semidestruido por la Policía Municipal. Los estudiantes que iban dentro fueron bajados con violencia siendo cruelmente torturados (algunos probablemente fueron asesinados a golpes en el mismo lugar), posteriormente habrían sido llevado en patrullas rumbo a Chilpancingo, testigos y otros datos de pruebas establecen que los policías agresores refirieron que los llevarían a Huitzuco, con El Patrón”.
Señalaron que lo que aconteció en ese lugar fue captado “por al menos ocho cámaras de circuito cerrado que estaban en el Palacio de Justicia de Iguala, sin embargo, cuando las autoridades que investigan requirieron esta evidencia los dispositivos que contenían dicha información estaba dañados, por lo que no contienen las grabaciones de lo ocurrido. Las investigaciones muestran que no se resguardó la sala de informática donde se almacenaron las grabaciones, por lo que personas ajenas accedieron a la información de manera directa y vía remota”.
Agregaron que a la fecha no se ha realizado una “investigación para esclarecer el destino de los videos del Palacio de Justicia y las posibles responsabilidades que pudieron haber incurrido, quienes ocultaron o destruyeron esta evidencia que resulta fundamental para esclarecer el caso”.
Y sostuvieron que “es evidente la responsabilidad de las autoridades estatales del más alto nivel, tanto del jefe del ejecutivo y otros funcionarios de primer nivel, dado que no desplegaron acciones efectivas para prevenir la agresión en curso, cuando las pruebas establecen que tuvieron conocimiento en tiempo real de lo que estaba aconteciendo. Pudieron haber movilizado las fuerzas de seguridad disponible en Chilpancingo, Acapulco e Iguala para frenar unas de las agresiones más atroces, por el contrario, fueron omisas para cumplir con este deber. De igual forma la policías estatales y ministeriales participaron directamente en las agresiones, sin que hayan sido procesadas y sancionadas, hasta el día de hoy”.
Aseveraron que la lucha de las madres y padres de los 43 y las investigaciones independientes y profesionales de organismos internacionales de derechos humanos “evidenciaron que se trataba de una investigación sumamente irregular, cuyo objetivo fue encubrir a autoridades del más alto nivel, circunstancia que obligó al anterior gobierno a no cerrar el caso”.
Agregaron que a la fecha, el gobierno federal mantiene la investigación abierta, que existe una Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia y una Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa que cuenta con la coadyuvancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Señalaron que se cuenta con nueva información “del paradero que permite realizar búsquedas en terreno, por ello el año pasado se logró identificar un estudiante desaparecido. Hay un total de 82 detenidos, entre los que destacan altos funcionarios del gobierno anterior que desviaron las investigaciones y se mantiene un diálogo permanente con el presidente de la República”.
Manifestaron que con esa información que tienen “sobre el paradero de los estudiantes permite colegir que se avanza de manera considerable en el rompimiento de los pactos de silencio, sin embargo, falta mucho por hacer”.
Y por ello le pidieron a Salgado Macedonio que en caso de ser electo gobernador se comprometa a “investigar lo ocurrido en el Palacio de Justicia, donde desaparecieron al menos 20 estudiantes y particularmente la evidencia que fue deliberadamente extraviada o destruida por las autoridades del Poder judicial del Estado de ese entonces y se finquen responsabilidades penales a quienes intervinieron en estas irregularidades que impiden conocer la verdad de lo acontecido en este lugar”.
También que se investigue “a las autoridades estatales que fueron omisas en desplegar medidas para prevenir las agresiones contra los estudiantes y las que participaron de manera directa en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa”.
Le piden crear un “mecanismo estatal extraordinario y especial que investigue los aspectos del caso referidos en los numerales anteriores, sin interferir con las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República. Sumarse a las tareas de búsqueda de información para romper los pactos de silencio, por medio de la solicitud de información en los medios masivos de comunicación local, particularmente los que son propiedad del gobierno y la realización de campañas masivas de requerimiento de información, así como disponer de un fondo estatal para colaboradores eficaces y testigos protegidos con brinden información efectiva sobre el paradero de los 43”.
Además le piden que colabore con las búsquedas en terreno que realiza el gobierno federal y “no criminalizar la lucha y protestas de las madres y padres de los 43 y los estudiantes de Ayotzinapa que exigen la presentación con vida de los jóvenes desaparecidos”.
