Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO. La Procuraduría Fiscal buscará
erradicar el “outsourcing ilegal”, práctica que, con la reforma que
entró en vigor este año, es considerada como delincuencia organizada.
En la conferencia mañanera de este miércoles en Palacio
Nacional, el Procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, hizo un llamado a las
empresas que realizan esta práctica ilegal y a quienes contratan sus servicios
a desistir.
“Precisamente lo que se busca es erradicar el
outsourcing ilegal y es a través de la reforma aprobada y que entró en vigor
donde podemos ver los riesgos que tienen tanto los contribuyentes que contratan
el servicio de outsourcing como las empresas que prestan el servicio”,
expuso.
“La reforma busca castigar como delincuencia
organizada a todas las empresas que dan servicio de outsourcing ilegal, es
decir tres o más personas que de forma permanente y reiterada llevan a cabo
actividades ilícitas, como en este caso es la defraudación fiscal”.
Es decir, explicó el funcionario de la Secretaría de
Hacienda, constituyen diversas cantidades de empresas cuyo objetivo es no
pagar cuotas de seguridad social, del IMSS e Infonavit, minimizar la carga
tributaria o desaparecer la relación laboral que exista.
Romero Aranda advirtió sobre el tipo de sanciones que
pueden recibir quienes incurran en esta práctica.
“Al que contrata este tipo de servicios corre
riesgos. ¿Qué riesgos puede correr? Que se le inicie una investigación, que se
presente la querella respectiva, que se gire orden de aprehensión y que pueda
ser sancionado hasta con 14 años de prisión por contratar este servicio”,
detalló.
En el caso de quien presta este servicio ilegal, añadió,
puede ser sancionado con prisión preventiva oficiosa o condenado hasta con 20
años de prisión.
“Es muy importante que dejen de prestar este
servicio ilegal, sí hay sanciones, esto ya cambió, esto es uno de los
principios de la Cuarta Transformación, y que tenemos que seguir al pie de la
letra”, advirtió.
“No podemos permitir que sigan estas prácticas
ilegales pedimos que se acerquen”.
Cuestionado sobre las medidas, el Presidente Andrés
Manuel López Obrador afirmó que su Gobierno tomó la decisión de manera
preventiva, pues busca informar a trabajadores y a dueños de empresas que con
la nueva legislación pueden ser sancionados.
Subrayó que estas prácticas ilegales se consideran como
delito grave, lo que significa ir a la cárcel sin derecho a fianza.
“No todos saben que se está llevando a cabo esta
reforma y estas prácticas se consideran delito grave y significa en caso de ser
responsable ir a la cárcel sin derecho a fianza. Es defender a los
trabajadores, pero al mismo tiempo informar a todos los mexicanos”,
señaló.
López Obrador dijo que es necesario hablar más con los
empresarios que fueron “engañados”, los cuales, se han acercado para
regularizar su situación o han devuelto dinero.
Forma STPS grupo contra subcontratación
La Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, señaló
que se formó un grupo de trabajo que atenderá la problemática de
subcontratación ilegal y “abusiva”, el cual estará integrado por la
STPS, IMSS, SAT, Infonavit, UIF, Hacienda y Procuraduría Federal de la Federación.
Indicó que el grupo interinstitucional combatirá delitos
como defraudación fiscal a trabajadores, lavado de dinero y fraude a los
institutos del Gobierno federal.
“En este
grupo interinstitucional estamos colaborando con acciones conjuntas
compartiendo información”, señaló Alcalde en conferencia.