Lilia Arellano
*Impulsan reformas sin proyecto de Nación
*Pretenden allanarle el camino a Morena para 2021
*AMLO insiste en recortar los recursos para partidos
La agenda legislativa de Morena y sus aliados son fundamentales en este momento para México, pues tienen la mayoría tanto en el Senado de la República como en la Cámara de diputados para sacar adelante y aprobar las modificaciones al marco constitucional y legal vigente. Todo parece indicar ésta será enfocada no en diseñar o moldear un nuevo proyecto de Nación, ni siquiera un cambio de régimen, sino en la intención pura de mantener el poder y seguir ejerciéndolo como hasta ahora lo han hecho, sin cortapisas. De ahí se espera empujen elevar a rango constitucional la política social del gobierno, la cual tiene una orientación eminentemente electoral; la disminución de recursos públicos a partidos políticos, pues ahora Morena y AMLO cuentan con amplios recursos financieros federales para sus programas, con el fin de disminuir la fuerza de sus adversarios; así como una nueva reforma electoral y la integración de nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), favorables a su proyecto político.
También se espera la presentación de las iniciativas en materia de seguridad y administración de justicia, en donde destacan los cambios a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR). Asimismo se ha adelantado la discusión de modificaciones al sistema financiero, para impulsar el desarrollo económico del país. Ambas habrán de ser discutidas con los grandes grupos bancarios con actividades en territorio nacional, además de una nueva reforma fiscal y la regulación del outsourcing.
Hasta el momento, la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso no han encontrado obstáculos para establecer un nuevo entramado jurídico para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como las reformas constitucionales que dieron origen a la Guardia Nacional, la contrarreforma educativa o la revocación de mandato. Asimismo, la estructura de los súper delegados del gobierno federal en las entidades de la República, y la creación del Instituto Nacional para el Bienestar (Insabi), entre otras. El Congreso de la Unión ha estado al servicio de la administración de AMLO, sin importar la débil oposición del PAN, PRI o PRD. Morena y sus aliados políticos, se ha visto, no gozan de independencia y están dominados por la agenda del titular del Ejecutivo federal. Las voces independientes, como la de Porfirio Muñoz Ledo, simplemente son acalladas y dejadas de lado.
La voluntad del presidencial es la única prioridad, pues saben en Morena él es el gran elector, quien definirá en definitiva las candidaturas a cargos de elección popular en los próximos comicios. Además de ésta, otro indicativo es la necesidad de conservar el poder a toda costa y Morena y sus aliados tienen todo, de aquí hasta la próxima elección de 2021, para hacer su voluntad, para poder sacar, retrasar, reformar lo que deseen, porque cuentan con las mayorías necesarias. A pesar de haber prometido ser una clase política diferente, se están comportando como cualquier otro partido que gana mayorías y tiene el control del Ejecutivo, es decir, su prioridad es la agenda del presidente.
Y en esa prioridad, de acuerdo con el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, su bancada dará preferencia a la reforma al artículo 4º de la Constitución, a fin de elevar a rango constitucional la política social del gobierno federal. Esto tiene una finalidad eminentemente electoral y toda la estructura territorial del lopezobradorismo está concentrada en ello. Los legisladores morenistas y sus aliados pretenden que la pensión para adultos mayores, la beca universal para jóvenes en preparatoria y la pensión para personas con discapacidad se conviertan en derechos sociales permanentes y exigibles.
Recorte a partidos
Y enmarcada en la próxima batalla electoral, cobra gran relevancia la reforma constitucional para reducir el 50 por ciento del financiamiento a partidos políticos, a fin de debilitar su estructura financiera. Delgado adelantó plantearán: en vez de ser 70-30 el reparto de las prerrogativas a los partidos, que sea 60-40 e incluso 50-50, con el fin de tener más equidad en la distribución.
Durante su la mañanera, López Obrador evidenció un total cambio de opinión en este tema. Cuando era candidato presidencial de oposición defendió con todo el financiamiento a los partidos políticos, pues de ahí dependía el patrocinio a sus actividades e intereses electorales. Ahora, ya como presidente de la República adelantó enviará una iniciativa para recortar a la mitad el presupuesto de los partidos políticos, y descartó vaya a promover una reforma al Instituto Nacional Electoral (INE) para la designación de consejeros. “No queremos que se vaya a interpretar que queremos un instituto a modo, queremos que el instituto sea independiente y que garantice la democracia, que ya no sea un instituto como lo fue durante décadas, palero, que actuaba por consigna, que se hacían de la vista gorda, que permitían los fraudes electorales, que no garantizaban la voluntad del pueblo”, señaló.
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de una reforma al árbitro electoral y respecto a la resistencia de consejeros a reducir sus percepciones para que queden por debajo de lo que gana el titular del Ejecutivo federal, AMLO indicó: “Lo que tiene que ver con los sueldos, nosotros vamos a seguir insistiendo, le sacan la vuelta con amparos, pero nosotros vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho de presentar iniciativas de ley, de reformas a la Constitución, hasta que quede claro para que el Poder Judicial no pueda interpretar, sino que se ajuste al espíritu y a la letra de la Constitución (…) No vamos a aceptar el que haya sueldos elevadísimos que son un insulto en un país con 60 millones de pobres, es ofensivo, eso no se va a permitir, todavía no se termina este asunto. Trátese del INE o de cualquier otra institución del gobierno federal”.
Respecto a la reducción de recursos a los partidos políticos señaló: “Nada de que ya se pusieron de acuerdo y votaron en contra, vamos nosotros a presentar una iniciativa, nada más vamos a esperar unos días más y va una iniciativa para la disminución a la mitad del presupuesto de los partidos políticos, tiene que haber austeridad republicana”.
Desde el año pasado, los dirigentes nacionales de los partidos de oposición han rechazado la propuesta de Morena y sus aliados de reducir el financiamiento a partidos políticos, pues consideran será usado el dinero público como mecanismo de control en los procesos electorales. El dirigente del PAN, Marko Cortés, advierte no permitirán que “en esta realidad de un poder hegemónico se caiga en la tentación de debilitarlos, por lo cual planteó revisar fórmulas de distribución de recursos (…) Lo que nosotros vemos es que el actual gobierno quiere tener la cancha, quiere tener el árbitro y quiere traer el balón, esto es imposible en una democracia”.
Legisladores del PRI reiteraron su oposición a cualquier iniciativa de ley que pretenda disminuir dicho financiamiento a estos institutos políticos, porque, desde su perspectiva, esto significaría llevarlos a “la muerte por inanición”, como lo expresó René Juárez Cisneros, coordinador de esa bancada… El senador priísta Miguel Ángel Osorio Chong indicó junto con los otros partidos opositores actuarán como grupo de contención para impedir el avance de iniciativas que, a su juicio, vulneren los derechos humanos, como es el caso del proyecto judicial el cual se filtró en días recientes o proyectos que laceren el desarrollo.
En cuanto a la elección de los próximos consejeros del INE, el morenista Mario Delgado argumentó va a ser un proceso transparente, público, apegado a la ley, en el cual se llegará a perfiles independientes, con experiencia y sobre todo honestos y con una convicción democrática profunda. El legislador indicó se está en revisión de lo relativo a la convocatoria, para establecer criterios de transparencia, equidad, para que no haya cuotas ni cuates. Delgado mencionó también las iniciativas en materia de seguridad que recibieron del secretario Alfonso Durazo, así como cambios a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
