POR JULIO CESAR HERNANDEZ MARTINEZ
La gobernabilidad ha sido un tema central en las discusiones políticas desde que los filósofos griegos y romanos debatieron en torno a cuál de los tipos principales de gobierno (monarquía, oligarquía o democracia) era preferible. En especial, dos elementos han sido incluidos en las discusiones sobre la gobernabilidad: la legitimidad y la eficiencia. La argumentación ha sido paralela, así que la falta de cualquiera de los dos provocaría ingobernabilidad, disturbios y, lo más probable, un cambio de régimen, si no del sistema gubernamental en su totalidad.
Filósofos como el francés Montesquieu (1689-1755) y el suizo Jean Jacques Rousseau (1712-1778), dedicaron sus trabajos al asunto de cómo garantizar un régimen legítimo. Las ideas de los filósofos ilustrados se basaban en la separación del concepto de gobierno del de Estado (en este sentido la sociedad). Esa innovación fundamental del pensamiento político abriría el camino para llegar al componente analítico más importante para la teoría ilustrada: el ciudadano individual. De ahí viene la idea esencial de la democracia liberal: un gobierno es legítimo únicamente cuando obtenga su derecho para gobernar a los ciudadanos que constituyen la sociedad. La legitimidad sería asegurada mediante la inclusión horizontal de ciudadanos iguales que se manifiesta en los derechos y libertades políticos.
Manuel Alcántara sostiene que puede entenderse “por gobernabilidad la situación en que concurren un conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno que se sitúan en su entorno (de carácter medioambiental) o que son intrínsecos a éste”. Ángel Flisfisch, concibe a la gobernabilidad democrática, como “la calidad en el desempeño gubernamental a través del tiempo donde se deben considerar las siguientes variables: capacidad de respuestas eficaces, aceptación de dichas decisiones por la sociedad y coherencia de las decisiones a través del tiempo, de manera que no produzcan efectos contradictorios”.
La gobernabilidad democrática ha cobrado importancia en México, en el sentido que se considera una forma o manera de ejercer el poder, donde los encargados de tomar las decisiones públicas, hayan sido seleccionados a través de limpias, honestas y periódicas elecciones, pero que además dicha relación no se extinga aquí, sino que continué en el entendido, que dichos individuos tomen las decisiones e implementen acciones considerando prioritariamente las voluntad de sus electores teniendo repercusiones benéficas a la mayor cantidad de ciudadanos. Bajo un equilibrio constate entre las demandas y las respuestas satisfactorias que implemente la acción gubernamental. Propiciando siempre la armonía en las relaciones políticas.
En este sentido se concibe a la gobernabilidad democrática como: La capacidad de procesar y aplicar institucionalmente decisiones políticas sin violentar el marco de derecho y en un contexto de legitimidad democráticadebido a que la implementación de acciones por parte del gobierno, se efectúa en diversas áreas, pero que en todas aquellas presenta la característica en común de requerir el consenso entre los actores de poder y por tanto su legitimación por parte de la ciudadanía.
Es importante que los diversos ordenes de gobierno en México generen políticas públicas que tengan como propósito fundamental es de resolver los problemas que aquejan a la ciudadanía y el de generar condiciones necesarias para el desarrollo económico, político y social. Los difícil situación que ha recrudecido la pandemia del covid 19, ha propiciado un pandemia en la económia de nuestro país. El Gobierno de AMLO debe impulsar la conciliación política. Los desencuentros con muchos Gobernadores de las entidades federativas han salido a flote y requerimos a un Ejecutivo Federal que sea factor de unidad. Las críticas al Instituto Nacional Electoral, Poder Judicial Federal, Partidos Políticos, Medios de Comunicación, Empresarios, Organizaciones Sociales solo han propiciado la crispación y polarización política. Es momento de hacer menos tensa la política. Gobernantes, actores políticos y ciudadanos tenemos el enorme desafío de consolidar a nuestra democracia y hacerla gobernable.
