Rubén Martín
La detención del General Salvador Cienfuegos Zepeda por agentes de la DEA en Los Ángeles, bajo cargos relacionados con delitos de narcotráfico y lavado de dinero, es una noticia de la mayor relevancia, no sólo porque se trata del militar de más alto rango detenido bajo esas acusaciones, sino porque, como ocurre también con la detención de Genero García Luna, pone también en el banquillo de los acusados al Gobierno mexicano y confirma lo que muchas veces se ha afirmado: la existencia de un narco-Estado en México.
Al mismo tiempo, esta detención vuelve a revelar la falacia de que el Estado mexicano mantiene una lucha contra al narcotráfico, cuando los funcionarios de seguridad de mayor rango están involucrados con las organizaciones que se dedican a esta actividad del capitalismo ilegal.
Como se recuerda, Genaro García Luna fue detenido en Dallas, Texas, el 10 de diciembre de 2019 y posteriormente trasladado a una prisión en Nueva York para ser juzgado en la misma corte y por el mismo Juez encargado de sentenciar a Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Ahora tras la detención de Salvador Cienfuegos se informa que su captura forma parte de investigaciones relacionadas con revelaciones que se hicieron durante el juicio del “Chapo” Guzmán, uno de los líderes del cártel de Sinaloa.
Un punto que llama la atención en relación al actual Gobierno y al exsecretario de Defensa Nacional (Sedena), es que en el país no hay ninguna investigación en curso y que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no fue informado de las indagatorias contra Cienfuegos, a pesar de que a orden de aprehensión en su contra esta radicada desde agosto del año pasado.
La DEA acusa al extitular de la Sedena de “tres delitos para conspirar en la exportación a Estados Unidos de heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana, y otro cargo tiene que ver con el lavado de dinero procedente de la venta de drogas”.
Según datos aportados por el Fiscal que está tratando de condenar a Salvador Cienfuegos, existen “miles” de mensajes de texto que muestran cómo, a cambio de sobornos, el General ayudó al cártel H-2 a “operar con impunidad en México” y a “traficar miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetamina y mariguana a Estados Unidos, incluyendo Nueva York” (Proceso, 16 octubre).
Con la detención de Salvador Cienfuegos son ya tres los integrantes del Gabinete de Enrique Peña Nieto que están siendo juzgados por diversos delitos. Los otros dos son Rosario Robles y Emilio Lozoya Austin.
Peña Nieto debe tener motivos de sobra para preocuparse, pues así como es poco creíble que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa no supiera de las relaciones que su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, tenía vínculos con capos del cártel de Sinaloa, al igual es difícil pensar que el expresidente priista no fuera enterado de las actividades ilícitas de su exjefe del Ejército.
Dije al principio que las detenciones y juicios contra García Luna y Salvador Cienfuegos también pone en el banquillo de los acusados al Gobierno mexicano. Y no puede ser de otra manera, pues estas acusaciones son una constatación de que los más altos funcionarios de seguridad y del Ejército en los dos sexenios anteriores estuvieran implicados en la protección a cárteles de la droga y otros negocios del capitalismo ilegal mexicano.
Estos dos exsecretarios de los gobiernos de Felipe Calderón y de Peña Nieto no son los únicos que han sido acusados y detenidos por estas mismas razones. Varios exgobernadores de Tamaulipas, Coahuila, Veracruz y otros estados también han sido acusados de trabajar o proteger a los cárteles de la droga. Y en Estados Unidos también está siendo juzgado el exfiscal de Nayarit Édgar Veytia no sólo de trabajar, sino de formar parte del cártel Jalisco Nueva Generación.
Estas detenciones son la constatación de que los grandes negocios ilegales del tráfico de drogas, armas y personas no podrían funcionar sin la complicidad y protección del aparato de Estado mexicano: desde los gobernantes federales o estatales, hasta soldados, marinos y policías de todos los niveles, pasando por jueces o encargados de las aduanas del país.
El narcotráfico funciona en México por la protección del Estado y la política mexicana funciona gracias al dinero que le sirven los cárteles de la droga. Y probablemente se sepan más detalles de esta relación en los juicios contra Genaro García Luna y Salvador Cienfuegos.
A la par de los juicios contra García Luna y contra Salvador Cienfuegos implica un juicio también al Estado mexicano debido a que una parte de su aparato de seguridad ha trabajado para los cárteles de la droga.
Pero al mismo tiempo estas detenciones constituyen un juicio histórico sobre la patraña que los últimos gobiernos han vendido como una guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado que ha desatado la ola de violencia más sangrienta y grave en México desde la época de la Revolución. Y esta violencia ha enlutado a cientos de miles de familias por el alza indiscriminada de asesinatos violentos, desaparecidos y cuerpos que se vuelven a desaparecer en las miles de fosas clandestinas que esta infame guerra ha dejado en el país.
La constatación de que los más altos funcionarios encargados de la seguridad del país, y por tanto de combatir a las organizaciones criminales, terminaron trabajando al servicio de uno o u otro bando de los cárteles del narcotráfico constituye una de las grandes traiciones de la clase gobernante contra la sociedad mexicana, puesto que con la mentira de combatir el crimen desataron una guerra que ha destrozado a cientos de miles de familias en el país. Por esta gran mentira y traición, los actuales detenidos también deberían ser juzgados, al igual que los expresidentes que los llevaron y protegieron en sus cargos.
Por los pronto, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto deberían ir preparando a sus abogados. Es probable que ellos sean los siguientes en la lista.
