18 septiembre, 2020

¿Elecciones más ‘fáciles’ para nuevos partidos?

Uno de los temas que polariza opiniones en nuestra sociedad es el relativo al surgimiento de nuevos partidos políticos. En particular, porque muy pocas personas encuentran “útil” que cada cierto tiempo exista la posibilidad de integrar organizaciones que se incorporen a la competencia electoral.

Con independencia de la necesidad de garantizar el derecho de todas las personas de asociarse para la búsqueda del poder público, lo cierto es que existen buenas razones para la existencia de múltiples voces críticas hacia la forma en la cual se ejerce tal derecho.

Y en el caso de los partidos estatales -específicamente los de Coahuila- los señalamientos actuales tienen que ver, sobre todo, con la historia reciente de los comicios locales que han estado marcados por un conjunto de irregularidades que hacen desear que el proceso para formar nuevos partidos se vuelva más difícil.

Como se ha documentado, en el último proceso electoral de Coahuila todos los partidos estatales, excepto uno, perdieron su registro porque no obtuvieron el respaldo suficiente de los ciudadanos en las urnas, es decir, no cruzaron el umbral mínimo del 3 por ciento de la votación válida para seguir existiendo como opción electoral.

Pero cuando no terminaban aún de ser disueltos por esta causa, sus más prominentes figuras ya se aprestaban a solicitar un nuevo registro, pues nada impide que un partido “reviva” indefinidamente.

Y este hecho por sí solo no levantaría mayores comentarios si no fuera porque, antes de ser disueltos, dichos partidos fueron sancionados por haber incurrido en graves irregularidades en el manejo de sus finanzas, es decir, en la administración del dinero público que se les entregó para financiar sus actividades ordinarias y para buscar el voto popular.

Paradójicamente, este año podría ocurrir que, aun cuando se repita la historia de un magro respaldo popular en las urnas, los partidos locales de nueva creación -Unidos, PRC y Emiliano Zapata- pudieran mantener su registro como opciones políticas merced a una muy baja participación electoral.

De acuerdo con pronósticos ampliamente compartidos, el próximo 18 de octubre se podría registrar en Coahuila una de las participaciones ciudadanas más bajas de la historia, incluso por abajo del 30 por ciento de los electores inscritos en la lista nominal.

Si eso ocurriera, los partidos de nueva creación requerirían alrededor de 20 mil votos para cruzar el umbral que les garantice mantener el registro que recién obtuvieron, lo cual les abre la puerta al financiamiento público por al menos otro año y a la posibilidad de construir alianzas en el proceso electoral para la renovación de ayuntamientos en 2021.

De actualizarse este escenario, sería perfectamente legal que dichos partidos siguieran existiendo, pues habrían cumplido las reglas que establece la Ley. Pero eso no elimina la posibilidad de cuestionar si, con un número tan pequeño de votos, es “socialmente rentable” que organizaciones de este tipo sigan existiendo a costa del dinero que pagamos los ciudadanos.

La consulta

José Javier Romero Vadillo

Finalmente, López Obrador echó a andar la consulta, prometida desde su campaña electoral, para preguntarle al pueblo justiciero si quiere que sean juzgados los expresidentes. Sabe el Presidente que se trata de un proceso notoriamente inconstitucional y debe saber que para la Suprema Corte sería suicida aprobar su procedencia, pues significaría un aval a la demolición del Poder Judicial y de la Fiscalía: ¿de qué servirían la judicatura y el ministerio público si Fuenteovejuna va a decidir a quién procesar a mano alzada? El impacto simbólico sería devastador y encarrilaría al país en la peligrosa ruta hacia los tribunales revolucionarios, donde Fuenteovejuna también decidiría a quién condenar.

Sin embargo, la decisión de la Suprema Corte le serviría a López Obrador para seguir desprestigiando al Poder Judicial, algo sencillo en un país donde los jueces han sido parte del arreglo patrimonial del régimen, tradicionalmente han subordinado sus decisiones a la política y han favorecido a quienes han pagado por sus servicios. Si bien durante los años de la denostada transición democrática, a partir de la creación del Consejo de a Judicatura Federal, el sistema de justicia federal se ha reformado y ha cambiado en el margen, los poderes judiciales locales siguen siendo, en su mayoría, venales o dóciles al poder.

La Suprema Corte debería reaccionar con firmeza a la pretensión presidencial para reafirmarse como poder soberano de la Unión, pero al mismo tiempo debería proponer un proyecto propio de reforma y depuración, anunciado ya sin concreciones por el Ministro Presidente. De ser así, el reto presidencial serviría como acicate para buscar su fortalecimiento y aumentar su legitimidad. Sin embargo, la Suprema Corte puede acabar entrampada el garlito que le ha puesto López Obrador.

En la vorágine destructiva del Presidente contra todo lo hecho durante las últimas tres décadas –las de su obsesiva “era neoliberal”, a la cual atribuye todos los males históricos del país–, la Suprema Corte reformada por Zedillo puede ser un objetivo no declarado, añorante como es el gran líder de los tiempos de centralidad absoluta del Poder Ejecutivo. En aquella Arcadia idílica de los tiempos previos a la llegada al poder de los conservadores, la del desarrollo estabilizador durante el que vivió su infancia y adolescencia en e Edén tabasqueño, la Suprema Corte era un órgano en manos de la justicia presidencial, privilegio monárquico del Señor del Gran Poder sexenal.

También es probable que no se trate más que de una maniobra de politiquería electoral, con la que pretende darle causa a su base de apoyo, a los fieles de la “4t” que no pertenecen a las redes clientelistas de Morena y no son beneficiarias pasivas de sus programas sociales. Se trata de redes de activistas estudiantiles y de ciudadanos bien intencionados que se movilizan por las causas que el caudillo les propone, ya sea preferir un lago a un aeropuerto, clamar por el agua contra una cervecera o montar un juicio popular contra los expresidentes. Los seguidores de consignas que siguen creyendo en el mensaje redentor, pero que necesitan un estímulo para movilizarse. De ahí la pretensión de la consulta coincidente con las elecciones: López Obrador necesita ser un tema de la contienda, pues Morena no es una marca realmente movilizadora.

Si la Suprema Corte falla contra la consulta, López Obrador podría promover otra de sus falsos referendos, e intentar que se instalaran mesas de votación paralelas. En ese caso, sería responsabilidad del INE y del Tribunal determinar su improcedencia por interferir evidentemente con el proceso electoral. El riesgo es que el TE, con su propensión a prevaricar, capturado como parece estar por el Consejero Jurídico de la Presidencia, permita la instalación el mismo día de la elección de esas mesas de consulta.

Con la mera presentación de la propuesta de consulta formal, López Obrador ya mostró su intención de controlar a toda costa el proceso electoral de 2021. Estamos ante un escenario como el que no habíamos vivido desde la elección de 1991, cuando Salinas puso en marcha una operación basada en el Programa de Solidaridad para garantizar el voto de los más pobres, en una abrumadora campaña publicitaria y en un dispendio de recursos ingente a favor de su partido para arrasar en la elección. Es probable que las elecciones de próximo año sean las más inequitativas desde entonces, ahora con el agravante de unos partidos de oposición sumidos en una profunda crisis, reflejo de su fracaso.

Los antídotos al intento de López Obrador de usar movidas truculentas para garantizarse la mayoría en el Congreso, y llevar a sus validos a los gobiernos locales en disputa, serán la crisis económica y los efectos de la austeridad presupuestal: si bien los beneficiarios de los programas sociales pueden mantenerse leales, la cobertura de estos no es universal y millones de mexicanos están sufriendo los efectos económicos del desastroso manejo de la pandemia. En medio de una crisis brutal y sin gasto público que no sea para las mega obras y los programas sociales, puede perder el Presidente el monopolio de la representación del rencor en manos de nuevos demagogos o provocar una abrumadora abstención.

El escenario es lúgubre. Los partidos opositores, desprestigiados e inmóviles, solo atinan a tratar de revivir el caduco frente que fue incapaz de construir una opción atractiva en 2018. Solo Movimiento Ciudadano parece estar dispuesto a construir una gran alianza por la democracia y los derechos con las organizaciones de la sociedad civil con causas progresistas, pero también acarrea lastres y tiene esqueletos en el armario. Con todo, es el resquicio que se abre para canalizar un programa capaz de disputar el lugar justiciero que el demagogo ha expropiado y para plantar los cimientos de un auténtico programa de izquierda, que ponga en el centro la justicia social sin azuzar el encono que 500 años de historia de abusos y privilegios han generado en la mitad desfavorecida de la sociedad mexicana contra la otra mitad, del que medra López Obrador.

Vía: Sin Embargo

ESTRICTAMENTE PERSONAL

Se esfuma la magia de Andrés Manuel

Raymundo Riva Palacio

La realidad del presidente Andrés Manuel López Obrador no es la que ven y perciben cada vez más personas, pero es donde vive y actúa, siempre refractario y violento ante quien piensa diferente. En vísperas de su 2º Informe de Gobierno, descalificó las encuestas que lo ubicaban en niveles de aprobación por debajo del 60%. “Yo tengo mi encuesta”, dijo, “70%, 65, 64 de aprobación”. Frases al aire para ocultar los contrastes. El 1º de septiembre, por ejemplo, El Financiero publicó que su aprobación estaba en 59%, un robusto número, que sin embargo, se debilitaba al desagregarse.

El 50% decía que el video de su hermano Pío recibiendo dinero, lo dañaba; el 50% consideraba que la lucha contra la corrupción no iba bien (contra el 27% que lo aplaudía); su honestidad iba a la baja (de 61% de respuestas positivas en marzo, a 49% en agosto); el 61% consideraba que estaba manejando mal la economía (sólo 19% lo aprobaba); el 59% calificaba mal la política de seguridad, y partidos por la mitad, estaban quienes pensaban que las investigaciones contra la corrupción eran imparciales o tenían una motivación política.

Esa encuesta ya registraba la filtración de la denuncia de hechos del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, donde hacía un enorme regadero de imputaciones que ayudaban al discurso de López Obrador, cuyo impacto positivo en la opinión pública le ayudó a neutralizar el video de su hermano recibiendo dinero en efectivo. Lozoya tuvo que desaparecer de la narrativa ante la irrupción de la corrupción de su hermano, y hasta esta semana retomó a la corrupción como eje de sus mensajes al solicitar la consulta popular para los ex presidentes. Coincidió con la nueva encuesta de por GEA-ISA, difundida ayer, y levantada en vivienda antes de su enjuiciamiento al pasado.

Su aprobación se ubicó en 45%, contra 47% de desaprobación, manteniendo los niveles de rechazo superiores al apoyo, como se registró desde marzo. Mucho tiene que ver con razones económicas. El 40% dijo que su situación económica es peor que hace un año, y el 35% afirmó que la de su familia es más mala. La aprobación de López Obrador, comparada con la variación anual del PIB, es la peor que ha tenido cualquier presidente de México desde que se mide la aprobación los 90’s, y casi 30 puntos peor que el nivel histórico más bajo, de Felipe Calderón en 2009, cuando lo arrastró la crisis financiera global.

Pero si la valoración sobre la economía es mala, la percepción sobre la forma como ha manejado la emergencia de la covid-19, es peor. El 60% de los encuestados rechazó la forma como la ha enfrentado, y el 43% piensa que las autoridades sanitarias perdieron el control de la pandemia. En cuanto a cómo ha sido el apoyo a las instituciones de salud para abastecerlos de equipos y materiales, el 68% respondió que fue insuficiente.

GEA-ISA reconfirma lo que otros estudios de opinión mostraron previamente: la mayoría de los mexicanos no cree en las intenciones de López Obrador en el Caso Lozoya. La encuesta de El Financiero hace 15 días reflejaba que el 46% pensaba que las investigaciones contra la corrupción tenían una motivación política. En la encuesta de GEA-ISA, el 46% consideró que lo que busca es desacreditar a sus adversarios para ganar las elecciones del próximo año. Este nuevo estudio muestra también la discrecionalidad con la que se percibe el actuar del Presidente: 72% de los encuestados dijeron que el dinero que recibió su hermano sí era un acto de corrupción, y el 48% (contra el 33%), estimó que el trato dispensado a él es diferente al de los panistas acusados de sobornos.

Las encuestas de aprobación presidencial difundidas en septiembre prueban que el blindaje que tenía López Obrador ya no existe, y que sostenerla sobre su narrativa binaria y su carisma, cada vez tiene menor efecto. Sus esfuerzos para impulsar con sus dichos a Morena en las elecciones federales del próximo año, empiezan a tener rendimientos decrecientes, como prueba GEA-ISA, que en la intención de voto para diputados federales, registró 22% de apoyo al partido en el poder, sólo cinco puntos arriba del PRI y 8 puntos de ventaja sobre el PAN. Estos números están lejos de ser concluyentes, no sólo por el tiempo que falta para las elecciones de julio próximo, sino porque el 40% de los encuestados se dijo indeciso. No obstante, el ánimo nacional está cambiando.

Todas las encuestas que no se ajustan a la percepción que tiene López Obrador de él mismo, dice que están “cuchareadas”, el coloquialismo que utiliza para descalificarlas, y le encanta compararse con sus contrapartes en el mundo. En esta ocasión, negando los datos de las casas encuestadoras, ha dicho que es el segundo Presidente mejor evaluado del mundo. Quién sabe a qué encuesta se refería, porque nunca reveló la fuente, pero es probable que sea cierto, porque su nivel de aprobación era tan alto, que una reducción lo deja de cualquier manera en buena posición. Lo que no dijo es que es uno de los líderes que más apoyo han perdido este año en el mundo.

El presidente pelea o litiga todo el tiempo contra sus espejos, muchas veces identificándolos como medios de comunicación, que como lo han hecho la mayoría desde los 80’s, tratan al Presidente críticamente y meten al gobierno en la caja de la rendición de cuentas. En otros habla López Obrador de manera abstracta, los “conservadores” y los “neoliberales”, fantasmas que ha construido para eludir hablar de las realidades, como su gestión en el manejo económico, en el control de la pandemia, o en reducir la inseguridad. Cada vez puede menos frente a la realidad. Cada vez, la magia que tenía, se le está esfumando.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Por fin, a los esfuerzos de la alcaldesa Adela Román Ocampo para poner orden en las playas de Acapulco, se sumó el gobernador Héctor Astudillo Flores, y se tomó el acuerdo de regular a los negocios establecidos en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), que por ser precisamente zona federal, sus concesionarios hacen lo que quieren.

Realmente la Zofemat es un caos, no sólo en Acapulco, sino en toda la franja costera de Guerrero, y me atrevo a decir que es así en todo el país.

La injerencia del municipio y del estado es despreciada, y ni siquiera las delegaciones de organismos como Profepa o Semarnat, intervienen, provocando el deterioro permanente que observamos en esas áreas que se concesionaron a particulares, pero de las que depende, con mucho, el desarrollo de los puertos y las zonas turísticas.

Y ni siquiera estamos hablando de un asunto debidamente regulado por la autoridad federal. La mayoría de los que operan en la Zofemat carecen de la concesión correspondiente y, por lo tanto, operan en la ilegalidad.

Si a eso le agregamos que se niegan a someterse a la regulación de cualquier autoridad, ya podemos entender el caos que han propiciado.

En esta condición caen no sólo los vendedores ambulantes, sino la mayor parte de los negocios establecidos en la franja federal, que precisamente por estar fuera de la jurisdicción municipal y/o estatal, ni siquiera pagan impuestos locales.

Pero, sobre todo, ignoran a las autoridades en casi todos los rubros, pero demandan todos los servicios: agua, seguridad, recolección de basura, alumbrado.

Vuelvo y repito que eso no se da únicamente en Acapulco. También en Zihuatanejo se tienen problemas de esa índole, pero sobre todo en las playas que aún están en proceso de desarrollo, en el resto de los municipios, tanto de Costa Grande como de Costa Chica.

Aunque los alcaldes presumen en el discurso los centros turísticos de sus municipios, en corto reconocen que se niegan a todo y exigen de más. Por ejemplo, no pagan las licencias comerciales. Tampoco colaboran para ningún tipo de mejoramiento en sus comunidades, a pesar de que el municipio es directamente para ellos. No pagan tampoco el impuesto predial, porque ellos están en zona federal. Mucho menos pagan el impuesto de hospedaje, que es para la hacienda pública estatal.

Eso en cuanto a su regulación como contribuyentes. Falta revisar la generación de basura, la invasión de áreas naturales como lagunas, esteros, barras, la contaminación por aguas negras, algo que se nota sobre todo en playas emergentes, donde la gente se va incluso a vivir en esos lugares, y desechas sus aguas negras a los manglares, de modo que cuando la gente llega a esos sitios, apesta a drenaje.

Lo peor, es que sus pozos de donde toman agua para lavar la loza de sus cabañas, está cerca de esas descargas.

La basura la queman porque no siempre llega el carro recolector del municipio, y ellos mismos no se organizan para tener su propia camioneta que recoja los desperdicios, entonces la queman o solamente la van depositando en lugares a lo largo de las carreteras de acceso, provocando tiraderos al aire libre.

La alcaldesa de Acapulco comenzó a regular todo esto, pero se echó encima a la gente, tanto a la que está organizada como a la que anda por su cuenta, y por eso la atinada intervención del gobernador.

La verdad es que el ejercicio que ya comenzó en Acapulco debe trasladarse a otros lugares, al resto de los municipios con vocación turística, para que aprovechando las restricciones por Covid-19, avancemos en estos otros aspectos.

Que de algo haya servido la pandemia.

Asiste Héctor Astudillo a la ceremonia de posesión de Eufemio Alberto Ibarra flores como comandante de la Novena Región Militar

*El mandatario estatal acudió como invitado a la toma de protesta del nuevo mando de la Novena Región Militar con sede en Acapulco, Eufemio Alberto Ibarra

ACAPULCO. El gobernador Héctor Astudillo Flores asistió como invitado a la Ceremonia de posesión al cargo y protesta de bandera de Eufemio Alberto Ibarra Flores, como nuevo Comandante de la Novena Región Militar.

Con la presencia de autoridades civiles y militares, el Inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea, Gabriel García Rincón, fue el encargado de llevar a cabo los protocolos correspondientes.

Al término de la ceremonia, el mandatario estatal expresó su reconocimiento a la trayectoria de Eufemio Alberto Ibarra, quien como parte de su encomienda, ha tenido un gran acercamiento con la entidad y ha realizado una gran labor en favor de Guerrero.

“El general Eufemio Alberto Ibarra es un hombre que tiene conocimiento de la situación de Guerrero y además es una persona que nos consta, ha servido muy bien a la Defensa Nacional y a las misiones que tiene”, expresó, el mandatario estatal.

Asimismo reconoció la labor del general Miguel Hurtado Ochoa, quien a pesar de estar poco tiempo, siempre demostró una gran responsabilidad y compromiso con la entidad suriana.

Asistieron el comandante de la Octava Región Naval, Francisco limas López; el comandante de la 35 Zona Militar, José Ernesto Ávalos Pardo; el comandante de la Base Aérea Militar No. 7, José Ernesto Sandoval Águila, así como autoridades civiles.