CHILPANCINGO. Para que se reduzca el plazo de dictaminación de las denuncias de juicio de responsabilidad política por parte de la Comisión de Examen Previo del Congreso local, de 30 a 10 días hábiles, y establecer condiciones de equidad entre el denunciante y el denunciado para formular alegatos, el diputado Carlos Cruz López propuso reformar la Ley de Responsabilidades Políticas, Penal y Civil de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.
En la propuesta que se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y emisión del dictamen respectivo, el legislador señala que dicho ordenamiento sanciona a aquellos servidores públicos que no cumplan con los ordenamientos legales correspondientes.
Sin embargo, dijo que se ha detectado poco avance para abatir hechos de corrupción y deficiencia en el servicio público, y los que más han resentido estas afectaciones son los gobernados. Esto debido a que la Ley de Responsabilidades ha limitado su participación para que prospere alguna denuncia en contra de los malos funcionarios, lo que conlleva a que exista el desarrollo de la impunidad, “situación que no debe permitirse dentro del Estado de Derecho en el que vivimos”.
Por ello, consideró que se debe permitir la participación del ciudadano afectado por un mal servidor público y que se amplíen también los supuestos que deben dar motivo a abatir tanto actos de corrupción como abuso de funciones.
Cruz López agregó que dicho procedimiento, por ser administrativo, no debe ser lento ni dar un trato discriminado al denunciante, porque actualmente se concede un plazo excesivo de 30 días hábiles a la Comisión de Examen Previo para determinar el trámite de la denuncia, cuando su actuación únicamente se limita a revisar si se reúnen los requisitos de Ley, lo cual puede hacer inclusive en una hora.
Ante todo esto, Cruz López considera conveniente reducir el plazo a tres días y especificar un plazo para que se emita el dictamen de procedencia.
Explicó que también se da un trato discriminado para formular alegatos, porque mientras que al denunciante se le conceden cinco días, al servidor público se le otorga el doble del tiempo, lo cual es violatorio de los derechos humanos.
