(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Aunque en el Senado apenas comienza a tomar forma la iniciativa para levantar una consulta ciudadana y llevar a juicio a los ex presidentes de la República por actos de corrupción, en Guerrero desde el sábado comenzaron a instalarse mesas receptoras de firmas, impulsadas por morenistas, simpatizantes del partido lópezobradoristas y organizaciones sociales con actividad política.
La primera en anunciar sus actividades fue la organización social que preside Beatriz Mojica Morga, quien comenzó en Iguala y Chilpancingo, pero con la intención de abarcar todas las regiones del estado.
También ayer, en Acapulco, organizaciones afines al lópezobradorismo comenzaron con esta actividad, y se espera que a lo largo de esta semana que inicia, otros grupos se sumen a la iniciativa que desde el pasado jueves plantearon algunos senadores morenistas.
Esa primera solicitud, cabe decir, fue desechada por incumplir el número de firmas que se necesitan para darle cauce, así que ayer domingo, al término de la plenaria de Morena que durante dos días se desarrolló en la Ciudad de México, senadores del partido guinda decidieron crear una comisión que analizará la posibilidad de presentar una solicitud formal, para llevar a cabo la consulta popular sobre el juicio a los ex presidentes de México Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada, Ernesto Zedillo Ponce de León y Carlos Salinas de Gortari.
Dicha comisión analizará los pros y los contras de esta iniciativa, y elaborará un documento de soporte.
De entrada, Morena debe tener las 43 firmas que se requieren para que una iniciativa de ese nivel avance, y el Poder Legislativo se involucre.
Vemos, entonces, que los morenistas pretenden ir por 2 vías para movilizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este asunto: la vía civil, ciudadana, y la vía legislativa.
Se tiene la otra vía, la de la aplicación directa de la ley, y eso depende de la Fiscalía General de la República. Es decir, que si hubiera algún delito que perseguir, y dad que la ley negociable, el fiscal Alejandro Gertz Manero estaría obligado a presentar las denuncias correspondientes, y exigir la reparación del daño causado al erario público, pero también el castigo correspondiente, esto de acuerdo al Artículo 21 Constitucional.
Hasta hoy, recordemos, ese precepto legal era letra muerta, porque lo que se estilaba en la política era una ley no escrita de usos y costumbres, que se aplicaba a valores entendidos entre el presidente saliente y el entrante.
Algunos daban algunos golpes de timón, como Ernesto Zedillo cuando encarceló a Raúl Salinas de Gortari; o Enrique Peña Nieto cuando encarceló a Elba Esther Gordillo Morales; o el mismo Carlos Salinas de Gortari, cuando mandó encarcelar al líder petrolero, Joaquín Hernández Galicia La Quina. Pero se trataba de golpes quirúrgicos, y encaminados a “legitimar” sus gobiernos, sin que eso significara realmente traer justicia al pueblo.
En el caso de Felipe Calderón, se entiende que pagó su inmunidad regalándole el avión presidencial a Enrique Peña Nieto; un avión inútil para un gobierno pobre, pues se trata de una nave que hace vuelos intercontinentales, pero que resulta muy costosa en vuelos cortos, dentro del país.
Pues bien, tan sencillo como que la Fiscalía General de la República ejerza su autonomía y haga valer la ley, olvidándose de cualquier acuerdo que pudiera existir entre, por ejemplo, López Obrador y Peña Nieto.
Tampoco es necesario que se involucre el Senado, pues la consulta ciudadana ya sería suficiente para que la Corte aceptara la revisión del caso, sin tener que meter este ruido político en las cámaras.
Las próximas dos semanas, a lo largo y ancho del país, veremos a organizaciones sociales afines y partidistas moverse para recabar firmas, pues se necesitan unos 3 millones de ellas para que los ex presidentes enfrenten la ley por sus actos.
El proceso es inédito para México y, por lo tanto, sumamente interesante. Veremos si este país es capaz de hacer valer estas herramientas ciudadanas para mover el aparato burocrático de la justicia.
