Cuestionan supuesta entrega de 600 créditos en Tecpan

Cuauhtémoc Rea Salgado

TECPAN. Comerciantes de este municipio denunciaron que es mentira que les dieron 600 créditos a la palabra en ese municipio y que solo los llevan con engaños para que los comerciantes no reciban nada de dinero que les prometió el gobierno Federal.

“Es una vil mentira que aquí en nuestro municipio de Tecpan de Galeana se apliquen ya los primeros 600 créditos a la palabra de 25 mil pesos, créditos que anunció el gobierno federal por el problema de la pandemia”, denunció el comerciante Margarito Aguirre Zárate.

En entrevista con el representante de los dueños de enramadas de la ribera del río Tecpan, añadió que ahora lo que más les urge es hablar directamente con el delegado federal único en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros porque los demás funcionarios “nos llevan puro con mentiras y engaños”. Lamento.

Destacó que “nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte como buenos ciudadanos, hemos tomado acuerdos para no reabrir nuestros negocios como lo ha pedido la autoridad, pero ya la gente nuestra no aguanta más, somos cerca de 600 comerciantes, incluyendo prestadores de servicios turísticos que estamos enlistados y no nos dan una buena respuesta seria, nos lleva puro con engaños la delegada regional Leticia Rodríguez Rodrigez “.

Dijo que lo urgente es “sentarnos a la voz de ya con el delegado único en Guerrero, sobre todo para que sepa la situación por la que estamos pasando porque eso de que ya dieron aquí en Tecpan los primeros 600 créditos es una vil mentira, un vil engaño; o a menos que esos apoyos se los hayan dado a gente que no es ni comerciante”, subrayó finalmente Aguirre Zárate.

Solicitan a la CFE bajas tarifas

Cuauhtémoc Rea Salgado

COYUCA DE BENÍTEZ. Habitantes de la comunidad de Carrera Larga denunciaron que les llegaron muy caros los recibos de luz, por lo que pidieron a la Secretaria de Energía a cargo de Manuel Bartlett Díaz, así como al presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, que baje la energía eléctrica la cual subió en su domicilio cinco veces más.

Luis Llanes, quien es habitante la comunidad de Carrera larga dijo que están llegando caros los recibos y que no pueden pagar debido a que están en crisis por la pandemia que esta pasando por el covid 19.

“Es injusto y excesivo el cobro de energía eléctrica más de 5,000 pesos de diferencia, que le pasa a la 4T. Estamos en tiempos dónde nuestra economía es precaria y débil para hacer tremendos pagos.”.

Atiende Adela Román a integrantes de Asholes de Guerrero

*Las puertas del Gobierno Municipal están abiertas a la comunidad LGBT

Edwin López

ACAPULCO. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, la alcaldesa Adela Román Ocampo se reunió con integrantes de la Asociación de Homosexuales y Lesbianas del Estado de Guerrero (Asholes), a quienes escuchó sobre las necesidades y demandas de ese sector.

El presidente de la Asholes, Alberto Serna Mogollón, informó que por primera vez han encontrado una administración municipal de puertas abiertas, a la cual han planteado propuestas y solicitudes en beneficio de la comunidad LGBT. Destacó que uno de los temas principales fue la creación de una dirección municipal de la Diversidad Sexual, solicitud que han hecho por más de 20 años a diferentes administraciones y que aún no se ha concretado.

“Nosotros hemos estado durante más de 20 años luchando por la visibilización de las poblaciones LGBT; en administraciones pasadas nunca nos habían recibido como en la actualidad que se instaló el Día Municipal (de la Lucha contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia), tenemos las puertas abiertas de la Presidencia y de la Secretaría General del Ayuntamiento”, comentó el dirigente de la Comunidad Lésbico-Gay.

Alberto Mogollón estuvo acompañado de representantes de diversas organizaciones del puerto y reconoció la disposición de la presidenta municipal Adela Román Ocampo por atenderlos, además de afirmar que seguirán trabajando de la mano con esta administración.

En Guerrero suman ya 116 decesos por COVID-19, reporta Salud federal

IRZA
CHILPANCINGO.
De acuerdo con la Secretaría de Salud del gobierno federal, la cifra de fallecimientos por COVID-19 en Guerrero se elevó la tarde de este lunes a 116.

La cifra es superior a las 112 que reportó al mediodía el secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, durante la transmisión en vivo que encabezó el gobernador Héctor Astudillo Flores en su cuenta de Facebook.

Con base a las cifras dadas a conocer por Salud federal, en Guerrero se reportaron hasta la tarde-noche de este lunes 855 contagios confirmados de COVID-19, siendo el municipio de Acapulco el de mayor índice, con 468 casos.

Le sigue el municipio de Chilpancingo, con 92 casos; Iguala, con 77; Taxco de Alarcón, 41; Tlapa de Comonfort, 22; La Unión, 15; Xochihuehetlán, 13, y Chilapa de Álvarez, con 11.

La estadística actualizada indica que estas con los que concentran el mayor número de contagios en Guerrero.

En total, reportó Salud federal, hasta la tarde-noche de este lunes Guerrero suma 855 casos confirmados, 210 activos, 552 sospechosos y mil 213 negativos, así como 541 pacientes recuperados.

Se informa también que el contagio se concentra principalmente en hombres, con el 60 por ciento de los 855 casos confirmados, mientras que las mujeres se ubican en el 39 por ciento.

* El Ejecutivo estatal aclaró que no se tiene incluido el cierre de los municipios como medida para frenar el coronavirus

* Guerrero suma 856 casos positivos de COVID-19, 112 decesos y suman ya 40 municipios con contagios: Carlos de la Peña

* Ante la contingencia, tenemos que hacer más de lo que estamos haciendo, hay mucha movilidad, destacó el gobernador

CHILAPA DE ÁLVAREZ. A poco más de dos meses en que se registró el primer caso positivo de COVID-19 en Guerrero y que a la fecha suman 856, el gobernador Héctor Astudillo Flores insistió en que la pandemia no es un juego, es algo serio que requiere de la participación de todos para salir adelante.

Durante su mensaje a través de redes sociales para informarle a la población sobre el desarrollo del COVID-19 en el estado, el Ejecutivo guerrerense también informó que las actividades no reiniciarán en ninguno de los municipios de la entidad.

Además, precisó que seguirá la medida que adoptó su administración para prevenir contagios de coronavirus en los trabajadores de Palacio de Gobierno, por lo que tampoco reanudarán labores en el mes de mayo.

Contestó algunas preguntas como la situación en el hospital de Iguala, que cuenta con 24 camas COVID-19, de las cuales 11 están ocupadas.

El gobernador aclaró que no se tiene incluido el cierre de los municipios como medida para frenar el COVID-19 y puntualizó: “Nosotros no lo vamos a hacer porque no creemos que esa sea la ruta, nosotros vamos a seguir insistiendo en que cada quien ponga su parte, como lo dije ayer, tenemos que hacer más de lo que estamos haciendo, hay mucha movilidad y hacer conciencia de que esto no es un asunto de broma, eso es un asunto muy serio por eso ahí están los datos”.

Expresó su reconocimiento a las y los doctores, las enfermeras por el trabajo que están haciendo para ayudar a los pacientes diagnosticados con COVID-19 e indicó: “Ayudemos todos, respetemos mucho a las doctoras, a los doctores a las enfermeras y a los enfermeros, a todos los que van a entrar aquí en Chilapa les deseamos mucho éxito a todos”.

En su intervención, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, indicó que en Guerrero se han incrementado los casos positivos a 856 confirmados, con 51 casos nuevos en un día, además se tiene el registro de 112 defunciones en la entidad, lo que equivale a un aumento del dos mil 140 por ciento en los últimos 39 días, sumando 40 municipios con contagios en la entidad.

De la Peña Pintos, expuso que en los últimos 13 días se ha registrado 476 casos más, mientras que en los primeros 25 días de la contingencia solo se registraron 49 casos y en defunciones se ha incrementado al dos mil 140 por ciento en 39 días con letalidad del 29 por ciento en mayores de 60 años, con 66 defunciones, por otro lado, de las 428 camas COVID-19 en Guerrero, 198 están ocupadas, es decir, el 46 por ciento.

Además se observa una gran demanda de camas en Iguala, Chilpancingo y en los dos hospitales de Acapulco, donde se tiene una ocupación de al redor del 65 y 68 por ciento con 15 pacientes intubados graves, mientras que, en todo el estado, de los 198 hospitalizadas, 36 están graves intubados y 162 pacientes estables, detalló De la Peña.

Acompañaron al gobernador, el delegado federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, el comandante de la Novena Región Militar, Miguel Hurtado Ochoa, el comandante de la 35 Zona Militar, Ernesto Ávalos Pardo, así como directivos y personal del Hospital de Chilapa y diputados locales.

EDITORIAL

Los claroscuros del Tren Maya

Si hay un tema por el que el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere ser recordado es el combate a la corrupción de la vida pública del país, y esto pasa, según ha dicho, por separar el poder político del económico. Lo escuchamos machacona y repetidamente durante su campaña por la Presidencia del país, como Presidente electo y ahora en el ejercicio del Gobierno autonombrado de la Cuarta Transformación.

Ese discurso y su promesa de combatir la “mafia del poder” sin duda le hizo ganar cuantiosos votos tras décadas de gobiernos de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) marcados por la corrupción.

Ese fue el caso de la constructora Mota-Engil, de origen portugués, que tuvo un aumento significativo en contratos de obra pública en el Gobierno de Peña Nieto.

La portuguesa Mota-Engil obtuvo al menos 10 mil millones de pesos en contratos desde su llegada a México en 2007, y aumentaron bajo la Presidencia de Peña Nieto.

Mota-Engil México es dirigida por José Miguel Bejos, un empresario mexicano considerado por muchos como uno de los amigos más cercanos a Peña Nieto, junto con Luis Miranda Nava, Secretario de Desarrollo Social en el anterior Gobierno priista.

Un primo del empresario amigo de Peña Nieto, Javier García Bejos, fue funcionario en el Gobierno del expresidente en la Secretaría de Desarrollo Social, que lideró Luis Miranda, de 2016 a 2018. Según crónicas políticas, Miranda fue el enlace entre el expresidente y el empresario.

Además de dirigir Mota-Engil México, José Miguel Bejos (hijo de Alfredo Miguel Afif, empresario ligado a gobiernos priistas del Estado de México), dirige también Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura (Grupo Prodi), una compañía creada apenas unos meses antes de que Peña Nieto asumiera la Presidencia del país. Ya en la Presidencia, el anterior Gobierno le asignó varios contratos a Grupo Prodi y Mota-Engil.

En Jalisco Mota-Engil y Grupo Prodi, junto a otras dos empresas, ganaron dos de los principales contratos para la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara: el Viaducto 1 que es el tramo elevado de Zapopan a Guadalajara, además de la construcción del túnel por el centro de la capital de Jalisco. Como el resto de la obra, tanto Grupo Prodi como Mota-Engil no solo no cumplieron con los plazos pactados inicialmente, sino que incrementaron los costos de las obras.

Seguramente cuando López Obrador hablaba de la “mafia del poder” tenía en mente relaciones cercanas entre gobernantes y empresarios, y algunas de ellas forjadas en los campos de golf, como fue el caso de José Miguel Bejos y Peña Nieto.

Por eso sorprende mucho que ahora Mota-Engil que dirige Bejos sea una de las empresas ganadoras de los contratos para la construcción del Tren Maya.

Más allá de las observaciones del organismo fiscalizador, no parece haber duda de que José Miguel Bejos fue uno de los empresarios favoritos en la Presidencia de Peña Nieto. Y hoy, paradójicamente en un Gobierno que prometió separar el poder político del económico, nuevamente se ve favorecido con contratos en uno de los proyectos insignia del Gobierno de la 4T: el Tren Maya.

ESTRICTAMENTE PERSONAL

El camino a las expropiaciones

Raymundo Riva Palacio

El presidente Andrés Manuel López Obrador se está radicalizando. Al mismo tiempo, apura su proyecto endogámico. En tres días se dieron tres acciones en ráfaga que, si de manera individual son preocupantes, vistas en su conjunto configuran una amenaza para millones de mexicanos. Las acciones violentan el Estado de Derecho que dice defender, y pretende abolir eventualmente la propiedad privada –protegida por los artículos 14 y 27 constitucionales-, bajo la premisa lópezobradorista que el Estado dejará de ser “gestor de oportunidades”, y se convertirá en “garante de derechos”. 

Los derechos para el presidente tienen que ver con la justicia, no con la aplicación de la ley, por lo que garantizarlos, en su racional, es subjetivo, discrecional y sujeto a fobias. Pese a que no ha terminado de arrasar los contrapesos, la posibilidad de que reoriente a la nación bajo esas líneas, es enorme. El rumbo ideológico que sigue López Obrador está definido en un párrafo en la página 22 del ensayo que publicó el sábado sobre su política económica, para “desechar la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función del mero crecimiento”. 

“Nosotros consideramos que lo fundamental no es cuantitativo sino cualitativo: la distribución equitativa del ingreso y la riqueza”, subrayó. Los conceptos no son lo mismo, pero los vincula para enterrar la medición del crecimiento mediante el Producto Interno Bruto, cuando al empezar a ver decrecimientos y rozar el cero por ciento, contra el 2% prometido para este año, se deshizo de ese criterio con la intención quizás que el costo del fracaso de su política económica no se le transfiriera a su imagen personal, sobre la cual descansa el proyecto de gobierno. 

El PIB mide la productividad de una sociedad, la distribución de la riqueza permite la evaluación sobre la desigualdad económica, que eventualmente ayuda a diseñar políticas públicas para frenarla o erradicarla. La distribución del ingreso permite ver la relación entre la población y el ingreso nacional, y la aportación que cada individuo o empresa aporta a la generación de valor. López Obrador no aclaró a qué se refería específicamente al incorporar la distribución del ingreso como una de sus variables fundamentales en la política económica de su régimen, ni qué pensaba hacer. Pero hubo una sincronización con Morena, su partido, que esboza el propósito.

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de Morena, propuso dotar al INEGI de facultades constitucionales para medir la riqueza en el país. “Tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada”, destacó. “Ya no se trata de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Ahora se demanda, con urgencia, medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza”. Las dos se miden ya, mediante el Coeficiente de Gini, pero no es un error de Ramírez Cuéllar. La intención sugiere objetivos ulteriores.

Su premisa, cuando habla de una riqueza “inobservada”, es que hay ingresos ocultos y, por tanto, de procedencia ilícita, por lo cual plantea que el INEGI tenga acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria para que pueda ver la información financiera y bursátil de las personas. “El INEGI debe entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Cada dos años debe dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano”. 

Quiere modificar el sistema jurídico para que la fiscalización con fines de hacerla pública la haga un órgano autónomo, no el gobierno, que hoy en día tiene toda esa información, obligado por la ley para mantenerla privada, con fines recaudatorios. La propiedad privada llevada al campo de la política, la polarización, y el  linchamiento. Por lo mismo, se puede argumentar, para crear condiciones para expropiaciones en un nuevo entorno nacional donde el Estado sea “garante de derechos”.

La temporada de caza sobre el sector privado está abierta, en varios campos. En menos de tres semanas López Obrador también se ha referido a las Afores, cuyos más de cinco billones de pesos son manejados por los bancos privados. El presidente ha tenido la tentación de meterse en ellas y jalarlas para disponer de  más recursos, pero las condiciones no se le habían presentado hasta la actual crisis del coronavirus, que le dio el espacio para insistir que tras la emergencia sanitaria, buscará una solución a lo que se hizo “en el periodo neoliberal de privatizar los ahorros”. A buen entendedor pocas palabras. Desde finales de abril, el diputado de Morena, Edelmiro Santiago, propuso reformar la ley para que sea el Banco del Bienestar quien administre las Afores.

López Obrador quiere construir un Estado de bienestar a la mexicana, que proteja a los pobres de las desigualdades sociales, desventajas “y otras calamidades”. El planteamiento es política, social y éticamente correcto, pero la medicina para hacerlo es lo que genera preocupación. En su propuesta, Ramírez Cuéllar le vuelve a dar sentido al todo. Ese Estado de bienestar, como lo concibe López Obrador, quiere que quede plasmado en la Constitución, que de certeza “de lo que será la nueva normalidad”.

Esa “nueva normalidad” la estamos viendo: las leyes actuales no sirven y hay que cambiarlas. Mientras eso sucede con un Congreso a modo, se violan, como sucedió con el decretazo del viernes que elimina la inversión privada en energías limpias. Por medio de la  ilegalidad y de la amenaza se va construyendo el Estado de bienestar tropical. Los órganos reguladores son hostigados hasta que se colonizan, porque como los medios, sometidos a ataque sistemático, también representan una molestia para López Obrador. Ramírez Cuéllar añadió cuerpo a la meta presidencial: un Acuerdo Nacional y de Solidaridad, tutelado, excluyente y represor. Las semillas del nuevo México, están plantadas. 

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Para quienes estamos atentos a las conferencias de las autoridades de salud, que informan acerca del avance de la pandemia de Covid-19, nos conviene saber “otros datos”, parafraseando al presidente Andrés Manuel López Obrador, relacionados con la pandemia, para entender la magnitud del problema sanitario que estamos enfrentando no sólo como nación, sino a nivel gobal.

De por sí hay voces que dudan de las cifras oficiales, sobre todo si las comparamos con las de otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, las autoridades reportan 90 mil muertos, y 1 millón 500 mil contagios.

En Reino Unido, España, Francia e Italia, las cifras son también escalofriantes, pero en México -aunque ya rebasamos la mortalidad registrada en China, con poco más de 5 mil muertes- la situación es manejable aún, pues a pesar de nuestra precaria infraestructura sanitaria, aún no se rebasa la capacidad instalada en cuanto a pacientes que han necesitado hospitalización, y aún hay espacios en el rubro de los que necesitan cuidados de terapia intensiva.

Sin embargo, existe un subregistro tanto en el aspecto de la morbilidad (que se refiere al número de casos registrados), como en cuanto a la mortalidad (que se refiere a los decesos).

¿De qué tamaño es ese subregistro? No sabemos. Las autoridades no niegan esta realidad, pero debido a que la gente muere sin pruebas, no se puede determinar a ciencia cierta si se trató de un caso de Covid-19, o algo que se le parecía, pues no olvidemos de que se trata de una especie de neumonía atípica, que provoca una inflamación generalizada.

Un reportaje divulgado ayer por la organización Mexicanos Contra la Corrucpióni, revela que en la Ciudad de México “hay al menos 4 mil 577 actas de defunción en las que se asienta que la causa confirmada o probable de esas muertes fue Covid-19, una cifra tres veces más alta a la que ha reportado el gobierno capitalino”.

Esos 4,577 fallecimientos corresponden al periodo de 18 de marzo al 12 de mayo.

“En 3,209 de esas actas se incluye a Covid como sospecha o probable causa de defunción. En 323 se consigna que es Covid confirmado. Y en alrededor de un millar dice Covid, o coronavirus o Sars Cov 2”.

Comparativamente hablando, el 12 de mayo el gobierno de la Ciudad de México reportaba 937 defunciones por Covid-19.

El gobierno federal, a su vez, en su portal oficial reportaba 123 fallecimientos sospechosos de coronavirus en la capital.

“La diferencia entre lo que asientan 4,577 actas de defunción hasta esa misma fecha habla de otra realidad: habría hasta tres veces más muertes en las que hubo sospecha o confirmación de Covid-19”, cita Mexicanos Contra la Corrupción, con lo cual se comprueba lo divulgado por medios internacionales.

Oficialmente, entonces, solamente se reconocen los casos confirmados. Y aunque el gobierno federal decretó que se enlisten como casos “sospechosos” de Covid a todos los que mueran con sintomatología parecida, lo cierto es que ante la falta de una prueba contundente, todo quedará a ojo de buen cubero, y al criterio de los médicos que firmen las actas de defunción.

Estamos, por lo tanto, ante un terreno minado. Fuera de lo que se confirme, lo demás es ir a ciegas. Estamos en el terreno de las probabilidades, entre el puede o no puede ser.

El gobierno federal nunca ha negado que haya subregistros. De hecho, siempre se dijo que por cada caso confirmado de Covid-19, habría entre 8, 10 y hasta 12 casos más que no se confirmaron. En las entidades de la República Mexicana esa cifra de subregistro puede ser mayor.

Por lo tanto, estamos ya ante decenas de miles de casos positivos, y ante unas 10 mil muertes, considerando las confirmadas y las sospechosas.

Señalan que el gobierno esconde algo, pero a estas alturas un caso o mil casos no hacen la diferencia. Guerrero, por ejemplo, se está pitando de rojo. Y aunque siguen 10 municipios libres de contagios y de riesgo, eso es apenas 10 por ciento del total del territorio estatal, y una mínima parte de la población, porque estamos hablando de pueblos pequeños, en cuanto a territorio y población.

En una pandemia como la que estamos viviendo, siempre se hablará de “aproximaciones”, y para efectos de control epidemiológico, de algo se tiene que partir. El programa “centinela” con que cuentan los epidemiólogos es solamente un instrumento y es inexacto. Así es en todo el mundo. Las cifras oficiales sólo son un parámetro que nos deja ver la magnitud de la pandemia.

856 casos confirmados de Covid-19, la cifra actualizada en Guerrero

Tan solo en 24 horas se registraron 51 nuevos casos confirmados de Covid-19 en el estado de Guerrero, según datos de la Secretaría de Salud estatal; ayer domingo 17 se registraba una acumulación de 805 pacientes que dieron positivo al coronavirus y este lunes 18, la cifra actualizada es de 856.

El panorama estatal anunciado en la vídeo-conferencia de las 12:00 horas de este lunes 18, se ubica así: 856 casos confirmados que se dividen en 40 de 81 municipios, 112 defunciones, 507 sospechosos, 425 recuperados, 319 activos. Se han realizado dos mil 516 estudios de los que mil 153 han sido negativos.


En cuanto a la curva epidemiológica, el Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, indicó que se mantiene en ascenso, lo que ubica a Guerrero en el número 16 a nivel nacional por la cantidad de casos acumulados en los estados y en el número 23 por la tasa de incidencia. Tan solo en los últimos 13 días se han dado 475 nuevos casos.

En la estadística de defunciones los datos están así: han muerto 46 personas del rango de 25 a 59 años de edad y 66 pacientes mayores a 60 años. En cuanto a los casos confirmados, 43 son menores de 25 años, 584 están entre los 25 y 59 años, y 229 son mayores a 60 años de edad.

También se habló de las camas Covid-19, pues en todo el estado hay un total de 428 y que hasta el momento se tiene un registro de 198 ocupadas, lo que representa un 46 por ciento de la ocupación de este equipo especializado para combatir al coronavirus.

En los datos de los hospitalizados por Covid-19, se tiene un registro de 162, 118 como sospechosos y 44 ya confirmados. De los sospechosos 9 están intubados y en estado crítico de salud; y de los confirmados 27 se encuentran en esa misma condición.

Durante su participación y después de escuchar los datos, el gobernador, Héctor Astudillo Flores, reiteró el llamado a la población guerrerense, sobre que en esta entidad ningún municipio reanudó labores, ni siquiera los 12 municipios considerados de la esperanza por el gobierno de México, puesto que no existen condiciones.


Este lunes también se inauguró de manera simbólica el Hospital General del municipio de Chilapa de Álvarez que será administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el tiempo que dure la contingencia sanitaria por el Covid-19, mismo que contará con 20 camas para la atención especializada de coronavirus y 30 para enfermos no graves. Así como área con cunas neonatales, tres quirófanos, tomografía, rayos X y recientemente el Congreso del Estado, donó cuatro respiradores artificiales.

Exhorta el IEPCGRO a servidores públicos a no utilizar recursos públicos para promocionar su imagen durante contingencia por Covid-19

Chilpancingo, Gro., 18 de mayo de 2020.- En el contexto de la contingencia sanitaria originada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCGuerrero) llevó a cabo su Tercera Sesión Extraordinaria, de manera virtual, con el propósito de emitir un exhorto a todas las personas servidoras públicas de los tres niveles de gobierno, de los órganos autónomos y de cualquier otro ente de gobierno, para que se abstengan de utilizar de forma indebida recursos públicos y eviten realizar actos de promoción personalizada en el Estado de Guerrero.

Es importante destacar que, por consecuencia de la pandemia originada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) que padece el país entero, se han generado múltiples efectos adversos tanto en la salud como en la economía de las y los guerrerenses, en atención a ello, el Gobierno Federal, el Estatal, así como los gobiernos municipales y diversos servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, han implementado programas sociales para combatir los efectos adversos provocados por la contingencia sanitaria en distintos sectores de la población guerrerense.

En función de lo anterior, el Consejo General del IEPCGuerrero consideró indispensable emitir un atento exhorto dirigido a las y los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, de los órganos constitucionales autónomos y de cualquier ente de gobierno, a fin de que observen en todo momento la prohibición contenida en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece “evitar utilizar los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, para influir en la equidad de la competencia entre partidos políticos, así como de ajustarse a la obligación irrestricta de que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tal, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, en el entendido de que bajo ninguna circunstancia deberá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Es importante señalar que estas acciones podrían considerarse como una vulneración a las directrices constitucionales que regulan la propaganda gubernamental o, en su caso, constituir promoción personalizada de los servidores públicos, lo cual está expresamente prohibido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 181 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y en el 174 de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.

Asimismo, considerando el extremo supuesto de que el exhorto aprobado sea insuficiente para inhibir el uso indebido de recursos públicos y la promoción personalizada por parte de cualquier servidor público durante la actual contingencia y, tomando en cuenta que el proceso electoral local 2020-2021 iniciará en el mes de septiembre del año en curso, el Consejo General consideró imprescindible establecer los supuestos de excepción a la suspensión de los plazos y términos procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores establecidos anteriormente en el acuerdo 014/SO/25-03-2020 así como a las demás disposiciones administrativas dictadas por la Junta Estatal con el propósito de atender todos aquellos asuntos relacionados con las posibles infracciones al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (uso indebido de recursos públicos y/o promoción personalizada de cualquier servidor público) en los que resulte necesario emitir una medida cautelar.

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