12 marzo, 2020 |

EDITORIAL

Siete acciones para asegurar la identificación de las personas desaparecidas en México

El pasado 6 de marzo más de 64 colectivos de familiares de personas desaparecidas, organizadas en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un conjunto de propuestas para lograr, lo antes posible, la puesta en marcha del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF). El MEIF fue creado el 4 de diciembre de 2019 mediante el Acuerdo SNBP/001/2019 del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP). El MEIF es una forma de ayudar a que miles de personas desaparecidas regresen a casa, mediante la identificación de los cuerpos y/o restos de personas fallecidas sin identificar que se han acumulado a lo largo de más de una década de violencia en nuestro país. Para cumplir con este cometido, el MEIF tendrá la función de realizar peritajes sobre cadáveres o restos de personas que se encuentran en rezago de identificación, cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados y que, a la fecha se encuentran en resguardo de las Autoridades competentes.

La creación de este mecanismo es resultado directo de la exigencia de los familiares de personas desaparecidas, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales. Reconocemos el impulso y la participación activa que han tenido la SEGOB y la Comisión Nacional de Búsqueda para aprobar el Acuerdo que ordena la creación del MEIF; sin embargo, es importante decir que desde el primer momento el MNDM apostó porque el MEIF tuviera una estructura fuerte para lograr cumplir con su objetivo, que es identificar a las más de 37 mil personas en resguardo de los servicios forenses ordinarios y la intervención en las mas de 3 mil 600 fosas clandestinas ubicadas hasta ahora.

La primera propuesta del MNDM fue la firma de un acuerdo internacional que vinculará la voluntad del Estado mexicano con la cooperación internacional a fin de crear el MEIF y terminar con la crisis humanitaria y forense. Desde la perspectiva del MNDM ésta era la vía que garantizaba mayor independencia del Mecanismo. Posteriormente, el Gobierno mexicano sugirió la adopción de una ley, que vinculará jurídica y legalmente al MEIF con el trabajo de las fiscalías y asegurar con ello, la plena colaboración en lo procesos de identificación forense; sin embargo, después se señaló que no se podría crear una ley de esta naturaleza pues implicaría modificar otros marcos normativos. De nueva cuenta, a sugerencia del Gobierno federal y en aras de agilizar el proceso de creación del MEIF, se pactó que el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas emitiera un acuerdo que ordenará la creación del MEIF, situación que finalmente ocurrió.

El SNB es un espacio de vinculación interinstitucional de las autoridades encargadas de buscar e investigar casos de desaparición de personas. Y si bien durante la construcción de dicho acuerdo hubo participación de las autoridades de procuración de justicia que conforman el SNB, tales como la Fiscalía General de la República y la Conferencia Nacional de Procuración Justicia, (CNPJ) en representación de las fiscalías de todo el país, en el acuerdo no se logró que quedara una obligación expresa de las fiscalías de colaborar de manera plena y efectiva con este mecanismo para el cumplimiento inmediato de sus funciones.

Por ello, es sumamente importante, como siguientes pasos, que la FGR y la CNPJ den muestras reales de su compromiso y adopten lo más pronto posible todos los convenios y/o acuerdos de colaboración que aseguren el funcionamiento del MEIF, una vez que esté integrado su grupo coordinador.

ESTRICTAMENTE PERSONAL

Reprueban a López Obrador

Raymundo Riva Palacio

En el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las libertades se deterioraron y la percepción de mayor corrupción aumentó. La gobernabilidad declinó, pero el poder centralizado incrementó. Las palabras sobre democracia, se ha quedado en una retórica hueca y sin sustento. El futuro no pinta bien, como deja ver el Proyecto de Justicia Mundial, que en la primera vez que mide al gobierno López Obrador, lo reprobó. Esta organización sin fines de lucro con sede en Washington, que fue crítica con el gobierno de Enrique Peña Nieto, muestra que si antes estábamos mal, ahora estamos peor.

Este miércoles fue dado a conocer mundialmente el Índice 2020 sobre el Estado de Derecho, una revisión sobre cómo se están aplicando las leyes para combatir la corrupción, la pobreza y las enfermedades, cruzada con las variables de seguridad, derechos, justicia y gobernabilidad, donde se ve lo mal que le fue a México el año pasado. De 128 países, México se encuentra en el lugar 104, una caída de tres lugares, superada sólo por los gobiernos autócratas de Venezuela (128), Nicaragua (118) y Bolivia (121), y por Honduras (116), cuyo gobierno está infectado por le crimen organizado. El gigante latinoamericano, Brasil, está lejos, en el lugar 67, y Chile, la democracia más acabada de la región, en el 26. Entre los países de ingresos medios y altos, a México sólo le ganan en pérdida de libertades, Venezuela, Irán y Turquía.

El informe trae sorpresas amargas. Una es en el capítulo de Ausencia de Corrupción, considera como formas de corrupción el soborno, influyentismo de intereses públicos y privados, y desvío de recursos públicos en el Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo y los militares. El mandato de las urnas a López Obrador de combatir la corrupción ha sido incumplido, y causó decepción. La caída, en comparación con el último año del presidente Enrique Peña Nieto, fue de 0.03 puntos. La percepción de que el presidente ha optado por la impunidad impunidad, le costó al país en el ranking, al ser situado en el lugar 121; superando sólo siete naciones que están peor evaluadas que México.

El mismo sitio ocupa el capítulo Orden y Justicia, que mide la manera como la sociedad evalúa qué tanto hace el gobierno por la seguridad de las personas y su patrimonio. “La seguridad es uno de los aspectos que definen cualquier sociedad de leyes, y es una función fundamental del Estado”, dice el índice. “También es precondición de la concreción de los derechos y las libertades que el Estado de Derecho busca promover”. La seguridad es la razón por la cual nacieron los Estados modernos, para proveerlas a sus ciudadanos y súbditos. El documento no aclara si la evaluación se dio antes o después del cualiacanazo, la demostración más clara de la claudicación del Estado mexicano a las leyes.

Los Derechos Fundamentales, que es otra de las categorías del Proyecto de Justicia Mundial, se refiere a los derechos humanos y la libertad de expresión. Una vez más, el Índice no registra todavía las largas campañas de hostigamiento y control sobre la libertad de prensa, acompañadas por un sistemático y masivo golpeteo en las redes sociales y, de manera sobresaliente, en las comparecencias matutinas del presidente López Obrador en Palacio Nacional. Tampoco incorpora el sentir y pensar de los mexicanos del atraco a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde el presidente nombró a una neófita en la materia que se rodeó de profesionales que no son abogados, y que planteó una agenda de trabajo con intereses particulares. No sería raro que el sitio 78 donde ubicaron a México en el documento, tuviera un retroceso el próximo año, superior a la caída de 0.02 puntos en 2019.

Uno de los factores que registró el Proyecto de Justicia Mundial como negativo, fue la pérdida de contrapesos que tiene el gobierno. Ese factor cayó 0.01 puntos con respecto a 2019, al notarse la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas en los poderes del Estado así como en la prensa. No entra el Índice en detalles de dónde se registró ese retroceso que colocó a México en el lugar 89 de la tabla, pero se puede argumentar que los mexicanos se empezaron a dar cuenta de la subordinación del Poder Legislativo, en particular la Cámara de Diputados, y de la propia presidencia de la Suprema Corte de Justicia, encabezada por Arturo Zaldívar, que parece apéndice de la Conserjería Jurídica de la Presidencia, y melosamente solícito con López Obrador.

La transparencia fue una de las reformas democráticas de segunda generación que la sociedad civil -universidades y medios- forzó para que el presidente Vicente Fox aceptara una legislación. La opacidad es una característica de los regímenes autoritarios, y entre más transparente es un gobierno al compartir su información y empoderar a la gente con herramientas para que rinda cuenta, mayor fortaleza adquiere el sistema. El de López Obrador es un gobierno esencialmente opaco, como las murallas al público al esconder procesos de licitación resueltos en adjudicaciones directas o acciones de seguridad pública. El Índice tiene a México en el lugar 36, que se puede interpretar como inercial, donde no se avanzó, pero tampoco cayó.

La justicia en México, no extraña, también se empantanó. La Justicia Civil (116) y la Justicia Criminal (119), reflejaron las deficiencias en el sistema de procuración y administración de las leyes, y externalizaron las dudas sobre su imparcialidad y eficiencia como mecanismo de resolución de disputas. Esta parte, esencial del Estado de Derecho, tampoco pasó la prueba del primer año de gobierno de López Obrador, que en materia de derechos y libertades, para todo lo que se esperaba de él, ha sido decepcionante y preocupante.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Por fin dieron a conocer la producción de maíz que se alcanzó el año pasado. El subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal, expuso ayer los resultados del programa de fertilizante gratuito, que por primera vez fue operado en Guerrero por la Federación, una vez que la entidad ya no pudo operarlo y estaba a punto de desaparecer.

En total, se obtuvo una cosecha de 1 millón 255 mil 327 toneladas de maíz, cifra similar a la obtenida en 2018, cuando se obtuvo un 1.1 por ciento más, con 1 millón 269 mil 713 toneladas.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural atendió en 2019 a 278 mil 547 productores de los 81 municipios de Guerrero, que cultivaron en 476 mil 688 hectáreas, y se ejercieron 1,202 millones 102 mil 184 pesos.

Recordemos que el presidente AMLO retomó el programa que se tenía exclusivamente en Guerrero, para exportarlo a otras entidades; y el año pasado se hizo lo que fue el plan piloto, aunque con pobres resultados en materia organizacional, y hasta con denuncias de corrupción en contra del encargado del programa, Jorge Gage, que hoy está fuera de la jugada, por cierto, y sometido a una investigación por faltantes en las remesas de semilla mejorada que le agregó al programa, sin que fuera necesario.

Este año, según el subsecretario Miguel García Winder, el programa se expandirá a otros 4 estados de la República, con vocación maicera; a saber: Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Morelos, en beneficio de más de 1 millón de hectáreas, y de productores que han sufrido el embate de la violencia en los últimos años.

Todavía se analiza si hay suficientes recursos para añadir al estado de Oaxaca, lo cual sería fenomenal, pues en esa entidad se tienen 500 municipios indígenas, todos con tradición de pueblos maiceros, a los que les caería de perlas el apoyo.

El gobierno federal ha dispuesto para este 2029, de 3 mil millones de pesos para este programa, la mitad de los cuales vienen para Guerrero.

Esa es una buena noticia, estimado lector, porque más allá de los errores garrafales que se cometieron el año pasado, de los cuales todas las partes son culpables, tanto el gobierno como los productores que no acataron las reglas del juego, pidieron ampliación de ventanillas y la eliminación de requisitos básicos; más allá de todo esto, decíamos, lo que importa es ver a futuro, y recuperar el campo, cosa que fue una de las principales promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues mientras que México no vuelva los ojos al campo, y garantice su seguridad alimentaria, seremos un país vulnerable ante cualquier crisis.

Vale la pena, entonces, que todos veamos hacia adelante, que nada estorbe el proyecto de reposicionar a México como uno de los países productores granos, luego de 40 años de olvido, pese a que el campo envejeció, y a que prácticamente está despoblado.

Los sobrevivientes de la apertura económica están ahí, esperando que les echen una mano para comenzar a producir, y si se les ayuda con uno de los gastos más fuertes que se tienen a la hora de sembrar, como lo es el fertilizante químico, rápido saldrán del atolladero.

Este programa va dirigido al sector social del campo; es decir, a la gente que si no siembra no come, los que por tradición habilitan año con año sus parcelas, y aunque sea siembran entre los cerros, o rentan los bajiales o chaues, para tener maíz en sus chapiles.

Es bueno ver este tipo de acciones para los hermanos campesinos, que son los que ponen el maíz que luego llega a nuestra mesa industrializado como tortilla, el alimento básico de los mexicanos.