12 febrero, 2020 |

Editorial

El etiquetado ideal

El etiquetado frontal de advertencia aprobado en México es parecido al desarrollado en Chile, en Perú y Uruguay, sin embargo, es mejor. Puede decirse que es el mejor. Primero, advierte la alta presencia de azúcares, grasas saturadas, sal/sodio y calorías en los productos, de una forma que se ha probado es comprensible por parte de los grupos más vulnerables, sin importar el nivel educativo. Algo fundamental, este tipo de etiquetado en forma de octágonos negros con letras blancas es muy comprensible para los niños, como se ha probado en todos los países donde se ha implementado (Chile, Perú y Uruguay) o está por implementarse, como en México. Los niños son los que están en mayor riesgo de salud por las proyecciones de obesidad y diabetes que hay para ellos, si no se cambian las condiciones ambientales que llevan al alto consumo de chatarra y bebidas endulzadas. Se estima que uno de cada dos niños mexicanos va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida, una perspectiva profundamente catastrófica. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ya nos advirtió que estaremos perdiendo 4 años de nuestra esperanza de vida por la obesidad y 5 por ciento del Producto Interno Bruto.

Nuestro etiquetado sería mejor que el de Chile, Perú y Uruguay porque incluye una perspectiva de protección especial a los niños. Chile empezó su política sin referencias previas, sin experiencias similares en otros países, con un etiquetado de advertencia nuevo, con un perfil de nutrientes que tuvo que elaborar. En México partimos de la experiencia de Chile, de Perú y del inicio de esta regulación en Uruguay. Algo que ha ocurrido en estos países es que la industria, para no tener o reducir la cantidad de sellos de advertencia en sus productos, en vez de reducir el azúcar, ha reformulado de una forma no saludable, sustituyendo la azúcar por edulcorantes no calóricos.

Otro elemento muy importante en el nuevo etiquetado es la leyenda de advertencia cuando los productos tengan añadida cafeína, señalando que no se recomienda en niños. Esto se aplicará, principalmente, en las bebidas de cola que tienen uno de los mayores consumos del mundo entre los mexicanos y, por lo tanto, representan un muy alto consumo entre los niños, incluso en niños en etapa lactante en algunas regiones del país. Para los niños pequeños el consumo de cafeína no es recomendado porque provoca inquietud, aceleración del ritmo cardiaco, incrementa la tensión arterial y genera dificultad para conciliar el sueño. De hecho, hay un efecto sinérgico en el consumo de cafeína y azúcar, es decir, sus efectos en salud se potencian.

Las grandes corporaciones tienen todos los recursos y la infraestructura para llevar alimentos y bebidas mínimamente procesados a los consumidores, alimentos más saludables. Y en nuestro país tenemos una gran diversidad de alimentos y un potencial enorme para recuperar nuestros mercados locales, favoreciendo a las economías regionales y formas de agricultura sostenibles. Con ello cuidamos la salud, la economía y el planeta.

ESTRICTAMENTE PERSONAL

Una salida para el avión

Raymundo Riva Palacio

Esta noche, el presidente Andrés Manuel López Obrador cenará con alrededor de 100 empresarios, para algo que ya saben en qué terminará. Comprarán cientos de boletos para la rifa de 100 millones de pesos para comprar medicinas y equipo médico, y que se disfrazado de sorteo del avión presidencial. El tema sigue metiendo en problemas al gobierno y enredándolo más en temas legales que significan responsabilidades penales. El martes, quien resbaló fue el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien entregó un cheque por dos mil millones de pesos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para el pago de los premios. Se suponía que el Instituto ya tenía ese dinero en caja pero resultó mentira. Sin embargo, el resultado fue peor, porque el fiscal entregó dinero asegurado de una empresa sin haber consignado la carpeta de investigación ante tribunales, y sin saber si el juez va a aceptar las pruebas presentadas.

El avión queda en lo mismo. Ningún recurso asegurado ni dinero de la rifa será para saldar la deuda de 130 millones de dólares de la Secretaría de la Defensa Nacional con Banobras, dueña del avión. La Fuerza Aérea a poco será dueña de la nave hasta que se la pague. El caso contrario sería una cuenta incobrable para Banobras y Hacienda tendría que aprobar el quebranto para que se convierta en deuda. No había necesidad de todo esto. En la transición, el equipo de López Obrador recibió el reporte que la empresa británica Ascend Flightglobal Consultancy entregó a Banobras el sexenio pasado, cuando se analizó la opción de venta del avión, un Boeing 787-8, antes de aceptar su entrega. La consultora proporcionó también un análisis sobre el mercado privado de las aeronaves de negocios, llamadas “Bizliners”, de fuselaje ancho, cuya configuración se asemeja a la de aeronaves de gobierno.

Una de las conclusiones era que difícilmente podría venderse en un plazo de 12 meses, por las condiciones económicas del mundo tras la crisis financiera de 2009 y por la configuración altamente personalizada, que obligaría a un descuento por readaptación. En su opinión, si el avión se vendiera a un gobierno o una empresa en 24 meses, el valor de la pérdida con respecto a su valor de adquisición, de casi 218 millones de dólares, podría ascender a 70 millones, y en 36 meses a 76. Si se pretendiera recomercializarlo y reconvertirlo en avión comercial, la pérdida podría ascender al 50% del valor de la compra.

Ascend señaló que el precio del avión fue muy atractivo y el costo de sus acabados internos estuvieron en línea con los estándares de la industria para aeronaves de ese tamaño, por lo que sería improbable adquirir una aeronave alternativa a mejores precios. El avión, agregó, era uno de los de mayor eficiencia en su momento y cumplía con los requisitos para operar desde la Ciudad de México. Adquirir uno nuevo costaría cuando menos de 250 a 350 millones de dólares. “En conclusión”, Ascend recomendó “aceptar la entrega y conservar para operación la aeronave… durante el futuro previsible”.

Un resumen de este informe fue publicado en el portal de la Presidencia de la República el 14 de enero de 2016. Es decir, el equipo de transición contaba con una alerta pública de la existencia del documento y con la misma evaluación. En su momento debían haber informado a López Obrador de la dificultad de llevar a la venta, como había ofrecido en campaña y, si lo hicieron, debió haberlos escuchado. Aún así, hubo algunos que mostraron atracción por el avión. Uno de los últimos interesados fue un país africano –probablemente Nigeria-, pero según allegados a los funcionarios involucrados en el tema, no avanzó porque dentro del gabinete le propusieron al presidente la rifa. Como ya se sabe, fue un desastre.

El presidente, típicamente, se ha ido para adelante, a costa de su propio prestigio y de las burlas sangrientas a su inteligencia en las redes sociales que tanto elogia. Rechazó soluciones comerciales y financieras, y el avión está satanizado. ¿Quién se atrevería a utilizarlo? Sin embargo, López Obrador tiene una salida política al avión, si quisiera explorarla, y mediante un uso fuera de México, no arrendado ni vendido –opciones que deberá mantener abiertas-, podrìa sacar un gran provecho de esta aeronave que políticamente lo ha lastimado. Por ejemplo, ofrecerlo a las Naciones Unidas con fines humanitarios.

Existe el Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas, manejado por el Programa Mundial de Alimentos que ofrece transporte de pasajeros y carga ligera, puentes aéreos hacia o desde zonas de crisis e intervenciones militares, desastres naturales, hambruna, y asistencia de emergencia en lugares donde no hay acceso para otro tipo de aviones. El Boeing 787-8 no podría aterrizar en varias zonas en crisis, donde las pistas, o no son lo suficientemente largas, o son de terracería, pero sí podría ser de gran utilidad en evacuaciones desde la mayoría de las capitales del mundo, que tienen capacidad para recibir ese tipo de naves.

Las Naciones Unidas opera una flotilla rentada de 50 helicópteros y aviones de hélices para este tipo de acciones, que en 2018 tuvieron participación en 16 países, donde ayudaron a casi 400 mil personas a ser evacuadas. López Obrador ha dicho que la “lujosa” flota de aeronaves gubernamentales, no serán usadas en México. Ponerlas a disposición de las Naciones Unidas, rentadas a mejor precio o prestadas con fines humanitarios, es una tarea que el mundo le agradecerá y podrá concitar el respaldo de los mexicanos. Definitivamente sería una gesta de solidaridad internacional, en lugar de dejar que se deterioren las naves en los hangares porque no se le ocurrió mejor idea para mantener cara ante su promesa de campaña.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

En marzo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reunirá con el fiscal Alejandro Gertz Manero y con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, para reabrir el Caso Ayotzinapa.

Se entiende que los familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa están comenzando a hacer presión sobre la Presidencia de la República, pues ya pasó un año de que se estableció la Comisión de la Verdad, pero los avances son muy pobres.

Tan sólo se han establecido búsquedas de restos en diversas partes de la entidad, y aunque se han hallado restos, estos se enviaron a un laboratorio de Europa para su análisis, y por ahora no hay manera de determinar dónde están los muchachos, como tampoco hay forma de dar con los responsables de este crimen de lesa humanidad, sobre todo porque muchos de los implicados están siendo liberados por errores de procedimiento, sin importar si son o no culpables de la cacería y desaparición de los normalistas.

Lo que es peor, el secretario de Seguridad Pública de la entidad dijo antier que son precisamente los hombres que han sido liberados los que están violentando Iguala y sus alrededores, pues volvieron para demandar su parte en el negocio que perdieron cuando fueron detenidos, tras los hechos sangrientos de septiembre de 2014.

El asunto se antoja, sin embargo, demasiado difícil. Han pasado muchos años y el presidente reveló algo que se convertirá en el nudo gordiano del caso: los delincuentes tienen un pacto de silencio, y ha sido casi imposible atar cabos. Por lo tanto, les está ofreciendo protección, amnistía y hasta recompensas, a cambio de que aporten datos de lo que sucedió la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Con todo, la reconstrucción de estos hechos, luego de tanto manoseo oficial, no será fácil. Y aunque el presidente señaló que resolver el Caso Ayotzinapa es de la más alta prioridad para su gobierno, no vemos por dónde pueda actuar el Poder Judicial, sobre todo porque muchos de los principales implicados fueron dejados en libertad por un juez federal del norte del país, sin que hasta la fecha se le finquen responsabilidades.

Lo que es peor, la Fiscalía se limitó durante todos estos meses a quejarse por las atribuciones del juez, pero nada hizo para retener a los detenidos en prisión.

Mientras el subsecretario para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se desgastaba recorriendo la entidad, sobre todo los sitios por donde pudieron ser llevados los muchachos, en la Fiscalía el titular Alejandro Gertz Manero dejaba hacer y pasar. A su vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación jamás llamó a cuentas al juez que decidió liberar a gente como El Cabo Gil y otros delincuentes confesos, alegando que sus declaraciones les fueron arrancadas mediante tortura. Esto pese a que en los teléfonos celulares de los detenidos hay evidencias suficientes de su participación en aquellos lamentables hechos.

Ha sido así como el caso se fue revolviendo hasta hacerlo intrincado y engorroso.

¿Qué procede ahora? Abrir el caso a la sociedad civil y atender todos y cada uno de los testimonios que se aporten. Viene a la memoria el del líder de la CRAC-PC, Eliseo Villar Castillo, quien desde el penal de Chilpancingo reveló que conoce a dónde fueron llevados los muchachos, pero desafortunadamente los mismos abogados de Ayotzinapa le callaron la boca.

Alejandro Encinas atendió a Villar Castillo en el penal de Cuernavaca, y le ofreció revisar el lugar donde se indica que están los muchachos, un lugar de difícil acceso según Villar Castillo, quien además demandó protección para él y la ex coordinadora Adelaida Hernández Nava y la hija de ambos, por considerar que su vida corre peligro.

Hasta la fecha, no se ha hecho nada al respecto, y el abogado de los padres de los normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, se limitó a despreciar el testimonio de Villar Castillo, acusándolo de querer notoriedad y de pedir su libertad a cambio de los datos.

Tal vez sea la hora para el Encinas y el fiscal general de la República atiendan el testimonio de Villar Castillo, y se use toda la fuerza de la Guardia Nacional para acudir al lugar donde se presume están los muchachos. De no hacerlo, quedará la duda de que los abogados del caso algo esconden.