(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
En el caso de las estancias infantiles, cuya polémica continúa a nivel nacional y estatal, aunque el programa ya tiene otras reglas de operación, comienza a relucir la vena política de las manifestaciones de administradores y empleados.
Y es que no es un asunto de defensa de los niños, como antes se planteaba, haciendo ver al régimen lópezobradorista como enemigo del bienestar de la niñez pobre, cuyos padres los dejan al cuidado de terceros porque tienen que trabajar; en realidad, el asunto ahora es la defensa de los administradores de las estancias diseminadas a lo largo y ancho del país, quienes asumen que tienen el derecho de que se les subsidien sus actividades.
No han comprendido que al modificarse las reglas de operación del programa, con la entrega directa del subsidio a los padres de familia, queda desmantelada de manera automática la red que se creó en torno al programa, y que venía en cascada desde el ámbito federal hasta lo local.
El Partido Acción Nacional, por ejemplo, cada vez muestra un mayor activismo a favor de las administradoras de las estancias infantiles, y ayer anunció que interpondrá recursos de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, para obligar al gobierno federal a entregar el subsidio a las estancias, y no a los niños de manera directa.
Diputados del PAN anunciaron que promoverán un amparo colectivo indirecto, al cual se pueden agregar todos los administradores de estancias infantiles que lo deseen.
El diputado Jorge Luis Preciado presentó el formato del Amparo Colectivo Indirecto que se promoverá por todo el país, e hizo un llamado a los padres de familia así como a las trabajadoras, para que se sumen a este recurso legal que interpondrán.
“Lo que estamos haciendo como grupo parlamentario, es poner un instrumento legal al servicio de la sociedad que, en este momento, se está viendo afectada por una decisión del presidente de la República” dijo el panista y explicó que este amparo indirecto que se presentará ante un juzgado federal, podrá ser firmado por dueños de las estancias, trabajadoras y padres de familia, ya sea con un interés jurídico o legítimo.
Bueno, considero que una vez que el gobierno federal aclaró a través de la Secretaría de Bienestar, que el programa continúa, y que no se afecta a niños ni a padres de familias, sino todo lo contrario, el problema de las movilizaciones es estrictamente de las administradoras y trabajadores, que han tomado el programa como propio.
Y si bien es importante mantener los empleos, sobre todo en esta época en que escasea, sería mejor que lo plantearan como tal, y no como que es algo que se les debe dar por la fuerza.
El PAN, en lugar de estar buscando pleito, podría ayudar con una contrapropuesta, para que el programa sea vinculatorio; es decir, que no se le entregue el dinero de guardería para niños a los padres de familia, de manera incondicional, sino que se les obligue de veras a contratar el servicio; porque de otro modo, se estaría echando dinero público a un barril sin fondo y eso no es lo que queremos.
Si esto se logra, entonces las estancias infantiles pueden erigirse por su cuenta como empresas particulares, registrarse, cumplir con requisitos básicos para operar, pagar impuestos y profesionalizar y capacitar a su personal.
Digo, esto ayudaría mucho más a los administradores y los empleados que un pleito estéril que no va a llevarlos a ningún lado, porque el derecho de los niños está amparado, y nada obliga al presidente de la República a amparar también a los encargados de las estancias. Hay prioridades.
Desafortunadamente, cuando los asuntos se politizan, salen a relucir los tiburones que quieren llevar agua a su estanque.
Ya está autorizado el programa, recordemos. Nunca fue la intención del gobierno federal eliminarlo, pero sí le asiste el derecho de corregir los errores. Están protegidos los niños, y sobre todo los menores discapacitados, los que están en extrema pobreza y los de zonas indígenas; luego entonces, no queda nada que alegar. Conviene, por lo tanto, que los representantes de la oposición sean realmente propositivos, si pretenden ayudar a administradores y trabajadores.
Es obvio que al gobierno federal no le importa el desmantelamiento de las estancias infantiles, sino que es precisamente eso lo que pretende, que ya no vivan del erario público, ni lo desvíen, ni se favorezcan unos con otros. Adaptarse a los nuevos tiempos es lo de hoy.