El desastre de Cuauhtémoc
Raymundo Riva Palacio
La vida en Morelos no vale nada. Por cinco mil pesos, un joven mató a dos
personas, a plena luz del día, a un costado del Palacio de Gobierno en el
centro de Cuernavaca. Era una apuesta -la muerte o la cárcel como alternativas
opuestas- que jugó con la esperanza de huir. Fracasó en este intento, pero tuvo
éxito para subrayar las condiciones de inseguridad en ese estado, donde el
ecosistema de impunidad es parte del paisaje local. El gobernador Cuauhtémoc
Blanco declaró estar muy enojado, en una reacción emocional. Tampoco hay que
sorprenderse. Blanco llegó a la gubernatura no por su talento político, sino
como parte de una manipulación de políticos para hacerse del poder,
aprovechando la popularidad del ex futbolista por quien se volcaron en las
urnas. El desastre de Morelos, en ese sentido, es una culpa colectiva.
Blanco está gobernando un estado difícil, al ser parte del corredor del
narcotráfico que se extiende de la Ciudad de México hasta Acapulco, que desde
hace una década ha sido un botín disputado por organizaciones criminales. Las
autoridades estatales han identificado células de cuando menos cinco grupos
delincuenciales, de presencia nacional como el Cártel Jalisco Nueva Generación,
y local, como el Comando Tlahuica, enfocado en el control del sistema de agua
potable y el alcantarillado de Cuernavaca -un negocio de 300 millones de pesos
anuales-. También se encuentran los violentos grupos regionales Los Rojos, Guerreros
Unidos -que tiene una estructura y niveles de operación que permiten
considerarlo como un cártel-, y La Familia Michoacana.
Morelos no era un estado de criminalidad atomizada, pero la degradación en
los sistemas de seguridad y un gobierno incompetente, dispararon el fenómeno
desde octubre de 2018, cuando Blanco llegó a la gubernatura. Desde entonces, la
espiral de inseguridad se volvió incontenible. Se incrementaron los homicidios
dolosos, el robo, los secuestros y las extorsiones, particularmente en la zona
sur del estado, donde personas que conocen la entidad reportan que los alcaldes
son víctimas preferidas de los criminales, así como los comerciantes a quienes
cobran derecho de piso. Si no pagan, dicen estas personas, balacean e incendian
los locales, o privan de su libertad a los propietarios para asesinarlos como
mensaje de escarmiento para quien desee imitarlos.
Los homicidios dolosos, que son delitos de alto impacto, crecieron 36% en
el primer trimestre de este año, comparado con el mismo periodo en 2018, y
solamente entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, se elevaron 10%, lo que
refleja el desbordamiento del crimen ante la inoperancia gubernamental. Morelos
es el sexto estado donde más crecieron los homicidios dolosos, después de Nuevo
León (103.87%), Quintana Roo (71.79%), Tabasco (69.60%) Sonora (46.05) y
Jalisco 45.57. La organización Semáforo Delictivo llegó a contabilizar uno de
estos crímenes cada hora.
La alta incidencia delictiva supera los máximos alcanzados en el anterior
gobierno de Graco Ramírez, que desataron protestas callejeras y marchas
continuas. Ello, pese a que la cifra negra de delitos es muy elevada. De
acuerdo con el INEGI, sólo 10 de cada 100 delitos son denunciados, ante la
falta de confianza en las autoridades y la ineficiencia arrastrada en obtener
sentencias condenatorias. La mala gestión de Blanco es el principal factor al
que le atribuyen en Morelos la crisis de seguridad. El gobernador no es quien
toma las decisiones de fondo, sino su jefe de Oficina, José Manuel Sanz, que
acompañó a Blanco desde que era alcalde de Cuernavaca.
En el poder estatal, Sanz ha sido el arquitecto de la ruptura de la
coordinación entre las corporaciones de seguridad estatal y municipales, en
donde anuló a las alcaldías al imponer un modelo donde el gobierno del estado
concentra todas las funciones de seguridad pública y tránsito, incluyendo los
ingresos derivados de las multas. El resultado ha sido el desinterés de los
alcaldes en cooperar en materia de seguridad o, como es el caso del presidente
municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos, de enfrentamiento total. Blanco no
tiene buena relación con él, a quien considera cercano al ex gobernador Ramírez,
y que cuando no pudo impedir que tomara posesión, cerró la Presidencia
Municipal y lo obligó a rendir protesta en la calle.
Los problemas políticos de Blanco, que se reflejan en el resto de su
gestión y del ataje rápido de problemas como el de la seguridad, se extienden
dentro del gabinete y con sus aliados políticos. Uno de los choques más
significativos es con el fiscal -que asumió en el gobierno de Ramírez-, Uriel
Carmona Gándara, a quien ha buscado destituir, pero no ha podido negociar su
salida con el Congreso local. Esta falta de respaldo político está asociado con
otra disputa en la que se embarcó el gobernador actual con sus aliados de
Morena, y en particular con la presidenta nacional Yeidckol Polevnsky, con
quien se peleó públicamente.
Blanco, en uno de los gobernadores más incompetentes, con problemas de
seguridad y gobernabilidad. Sin embargo, no es el principal culpable del
desastre en Morelos. Un partido local, el Social Demócrata, lo hizo su
candidato -reportes en la prensa morelense hablan que a cambio de siete
millones de pesos- para alcanzar el poder. Tras ganar la alcaldía se pelearon y
Blanco fue reclutado por Encuentro Social como su candidato a gobernador. Ese
partido le añadió el apoyo del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, y en
su conflicto con Ramírez, el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, también lo respaldó.
Blanco y Sanz están peleados con todos, sin encontrar salida a los
problemas. La inseguridad los está devorando. Y los responsables de que sea
gobernador están irresponsablemente callados, mientras Morelos, que no parece
importarle fuera de procesos electorales, se pinta de rojo.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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