Gabinete a revisión
Raymundo Riva Palacio
Desde hace poco más de dos
semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador viene revisando y
discutiendo internamente sobre las fortalezas y debilidades de su gabinete. En
el horizonte se encuentra un primer ajuste al primer nivel del equipo de
gobierno, aunque el momento no está decidido. Personas que conocen de las
conversaciones del presidente con diferentes interlocutores, dicen que se había
pensado el reacomodo en mayo, pero que se pospuso cuando menos para finales de
junio o principios de julio, una vez que se tengan los indicadores económicos
del segundo trimestre y que se tenga conocimiento sobre cómo saldrán los grados
de inversión de la deuda de Pemex y la soberana.
La calificación sobre el
grado de inversión en Pemex y su repercusión sobre la deuda soberana de México,
ha sido minimizada públicamente por el gobierno, pero es una de sus dos
principales preocupaciones. Colaboradores del presidente señalan el daño que
causó el recorte de dos escalones que hizo Fitch Ratings en enero pasado, cuando colocó
las notas de bonos de Pemex en perspectiva negativa, en los límites de ser considerados
bonos basura, y en el umbral de
perder el grado de inversión. Esa baja fue un mensaje a los inversionistas que en
número importante decidió suspender todo con México en espera de claridad sobre
la política económica del gobierno tras la cancelación del aeropuerto en
Texcoco. La decisión de Fitch fue días después de que Pemex y la Secretaría de
Hacienda presentaron un plan para aligerar la carga fiscal de la empresa
petrolera, que lejos de generar confianza, exacerbó la incertidumbre.
En las últimas semanas el
gobierno ha anunciado una serie de medidas para aliviar esa carga fiscal y
dotar de recursos a Pemex para enfrentar sus problemas, que incluyen recortes
draconianos al gasto y las nóminas de la administración pública. De acuerdo con
los analistas mexicanos y extranjeros, no es suficiente lo que se ha hecho,
subrayando el pesimismo de los mercados sobre las acciones tomadas. No se sabe,
sin embargo, cómo vendrán los reportes sobre la calificación de la deuda de
Pemex en verano, pero coincidirá con otro plazo determinante, la ratificación
del acuerdo comercial norteamericano en el Congreso antes del receso de verano,
porque si es después coincidirá con el inicio del proceso electoral, lo que
haría mucho más difícil lograr el voto. La ratificación depende de la
implementación de la Reforma Laboral y de la nueva política migratoria
restrictiva, que marchan en la dirección que quiere Washington.
Las discusiones sobre el
ajuste al gabinete se dan en un marco general, que tiene que ver con esos
presupuestos en donde la solución parte de México pero tiene un fuerte
componente en el extranjero, pero también con el rendimiento que ha tenido el
gabinete. El equipo ha sido de claroscuros, y se ha recargado sobre muy pocas
personas, algunas de ellas en el staff
presidencial. Esta forma de operar no es extraña en López Obrador, quien cuando
fue jefe de gobierno en el entonces Distrito Federal hacía lo mismo: delegaba
el trabajo en dos o tres personas, varias de ellas fuera del gabinete local.
Varias veces se ha señalado ante el presidente la inexperiencia de diversos
funcionarios y los problemas que ello ha generado, a lo que siempre responde
que prefiere una larga curva de aprendizaje que “el bandidaje”. El estado de
cosas, sin embargo, se ha ido modificando.
Los supuestos sobre lo que
se ha venido hablando, según quienes saben de las discusiones, versan sobre la
manera como la incapacidad abierta de algunos y los conflictos dentro del
equipo de gobierno, afectan el funcionamiento de la administración y provocan
percepciones hacia fuera del gobierno de desorden y falta de control. Hay
algunos conflictos muy públicos, como el del secretario de Hacienda, Carlos
Urzúa, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. Hay otros menos
visibles, pero muy fuertes, como el del fiscal Alejandro Gertz Manero con el
jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto. No
son los únicos.
En la Secretaría del
Bienestar se vive uno de los choques más violentos, entre la secretaria María
Luisa Albores, y la subsecretaria Adriana Montiel, la responsable de los
programas sociales. Otro, que tiene incidencia directa sobre la educación
superior, es el que sostienen los viejos aliados y amigos del presidente,
Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, y Bertha Luján,
presidenta del Consejo Nacional de Morena y responsable de la creación de un
nuevo sistema de universidades “Benito Juárez”, que es lo único que aparece en
el Plan Nacional de Desarrollo en el capítulo de educación superior. A la baja se
encuentra la secretaria del Medio Ambiente, Josefa González Blanco, y el
secretario de Turismo, Miguel Torruco.
Dos casos de aislamiento
dentro del gabinete y con mala imagen en la opinión pública son los de la
secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el de Comunicaciones y Transportes,
Javier Jiménez Espriú, aunque a su favor se encuentra su responsabilidad sobre
dos de los principales proyectos de infraestructura del gobierno, la refinería
de Dos Bocas, y el aeropuerto en Santa Lucía. Un caso de debilidad interna es
el de Olga Sánchez Cordero, disminuida como secretaria de Gobernación, donde la
operación política la lleva el subsecretario Zoe Robledo, y muchas funciones de
la gobernación se las encarga el presidente a su consejero jurídico, Julio
Scherer.
El futuro del gabinete es
incierto en estos momentos, pero la coincidencia es que tendrá que haber un
ajuste bajo cualquier escenario. Se verá si es un equipo para reforzar al
presidente, o para enfrentar una emergencia económica.
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