Hoy se celebra el Día del Estudiante, con un torneo deportivo.
Desde el pasado lunes, se desarrolla la Semana del Estudiante.
Ayer entraron en acción los planteles del nivel medio superior entre preparatorias.
El cuadro femenil de la Prepa #13, doblegó 1-0 a su contrincante de la Prepa 5.
Enseguida, Ceusjic cayó 0-3 ante las futbolistas del CETIS 45.
Ambos encuentro reunió a la comunidad deportiva, para llevar a cabo el 1er Torneo estudiantil.
La escuadra de Azul Ixtapa perdió de manera contundente 0-3 ante Coacoyul.
El duelo se efectuó en el campo La Parota, ahí Coacoyul- Ariel, sacó tres valiosos puntos.
La figura del encuentro fue Ahuixsol Cadena, hizo tres anotaciones.
Los integrantes de Coacoyul, se hicieron de la esférica y causaron daño a su adversario.
Azul Ixtapa, le hizo falta idea en el ataque y capitalizar sus disparos.
Los futbolistas de Coacoyul- Ariel, sumó tres puntos importantes, en la jornada 4, de la categoría Máster.
El orden del paraíso
Raymundo Riva Palacio
La renuncia de Germán Martínez al Seguro Social reveló las entrañas de la Cuarta Transformación y más: 1) Si alguien se atraviesa en los proyectos personales y prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, se convierte en desechable. 2) Los verdugos de la Secretaría de Hacienda son intocables; el secretario, Carlos Urzúa, tiene clara la encomienda que los recursos que necesite el presidente, tienen que salir de donde sea, a costa de lo que sea. 3) Ninguna disposición legal lo va a frenar; si un funcionario como Martínez considera que podría violarse la ley, se le expulsa, porque vendrá otro, como el soldado que ocupaba la Subsecretaría de Gobernación, Zoé Robledo, que lo sustituirá sin importar su desconocimiento técnico o financiero. Lealtad, es el factor clave para entrar en el alma de López Obrador.
Las secuelas de la renuncia de Martínez son el cianotipo del estilo de gobernar de López Obrador. La descalificación personal del ex director del Seguro Social, la sugerencia de que obedeció a intereses aviesos, el aislamiento gubernamental. La maquinaria funciona. El modelo también. El poder vertical es un diseño que requiere obediencia, y con incondicionales dispuestos a hacer todo los necesario, suicidarse incluso, para cumplir los programas, deseos y ocurrencias del presidente. No es algo nuevo en López Obrador. El presidente tiene clonado el modelo de operación del Palacio del Ayuntamiento, que trasladó a Palacio Nacional. Favor y gracia a los suyos. Y quienes abandonan el rebaño se vuelven desechables.
Una síntesis apretada del estilo es empezar a trabajar alrededor de las 5:45 de la mañana, presidir la junta con el gabinete de seguridad convertidas muchas veces en reuniones tumultuarias, donde acuden secretarios y secretarias por ser la única oportunidad que tienen para plantearle algo, desayuna, revisa temas electorales, toma su siesta de 45 minutos, y de manera mucho menos frecuente que antaño, se va a macanear un poco al estadio de béisbol de Ciudad Universitaria.
Como lo hacía antes, delega de manera selectiva los asuntos de Estado. En Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia y secretario de Gobernación de facto, recaen los temas políticos del presidente, a excepción de los legislativos, que encarga a Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado. Al gabinete de seguridad le da toda su confianza, aunque al secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, le carga cada vez más un mayor número de responsabilidades, algunas tan estrambóticas como prepararse a ocupar áreas en el SAT. Los temas electorales, su verdadera prioridad, los ve con Gabriel García Hernández, coordinador de los superdelegados.
En un siguiente nivel, opera con los segundos de a bordo. En Gobernación, utilizaba más, hasta ayer, Robledo, por encima de la secretaria Olga Sánchez Cordero. En Educación, la persona de confianza es el subsecretario Luciano Concheiro, relegando al secretario Esteban Moctezuma. En Economía, la relación con los empresarios depende de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, no de la secretaria Graciela Márquez. La manera como establece sus líneas de mando lleva a un desconcierto general.
Antes de sus conferencias mañaneras, tiene reuniones multitudinarias con el gabinete legal, ampliado, subsecretarios, directores de empresas desconcentradas e invitados. En esas reuniones recibe los reportes de algunas de las áreas donde mostró interés en la víspera, y recibe información de su staff, aunque, como se quejan algunos funcionarios, es irrelevante el trabajo que hacen porque el presidente difunde los números que él piensa que son los correctos, en lo que comúnmente se conoce como el momento de “yo tengo otros datos”.
El estilo híper centralizado de la toma de decisiones es, a la vez, un modelo que deja muchos vacíos y cabos sueltos que tratan de impedir y atar muchos de sus colaboradores de manera coyuntural y emergente. El propio Urzúa padeció las formas del presidente, cuando ante una pregunta de Bloomberg y Reuters en la mañanera, ofreció darles al día siguiente el plan financiero para Pemex, obligando a Hacienda a hacer un copy paste de documentos previamente trabajados, que provocó decepción y preocupación en los mercados internacionales.
El presidente, cuyo ejercicio de mando es inflexible, también aplica una rigidez en el proceso, que ocasiona por un lado, que sus colaboradores no lo apoyen en las tareas de gobierno, sino que estén a la deriva -porque son marginados-, en espera de qué instrucción les da en las mañaneras. También, por la forma como aplasta a sus colaboradores en las reuniones de madrugada en Palacio Nacional, ha optado por callar y no dar su opinión, porque si discrepa de la de él, serán cuestionados, maltratados y alejados del núcleo de poder. El silencio del equipo impide que le llegue información oportuna sobre lo que sucede en el para bellum de la Cuarta Transformación, donde para alcanzar su paz presupuestal, se preparan para la guerra contra Hacienda, los enemigos de todos.
Esto es lo que permite entender qué sucedió con Martínez, quien cayó derrotado. Buscó el respaldo del presidente para reducir los recortes draconianos en su presupuesto, pero sólo encontró su espalda. Es lo que pasa con otros miembros del gabinete a quienes López Obrador ignora. Hay cansancio en el equipo de gobierno, pero también miedo. Martínez rompió con el presidente, aunque no lo hizo objeto de sus críticas, porque estaba harto de lo que sucedía. Su realidad es la de muchos. La pregunta es cuánto más tardarán en separarse del gobierno o lucharán internamente para sobrevivir; es decir, tendrán que matar para no fracasar. En ambos casos, lo que ha provocado López Obrador con su estilo, no es nada promisorio. La carta de renuncia anticipa nubarrones.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
Primero castigar
Un principio jurídico fundamental en los países con estado de derecho es que toda persona es inocente mientras no se compruebe su culpabilidad. Primero se juzga y solo si se determina una responsabilidad se sanciona. En los países autoritarios, en cambio, primero se castiga y después se juzga. México está en este último grupo.
La muy parchada constitución mexicana incorpora todavía la presunción de inocencia en su artículo 20, el cual establece que todo imputado tendrá derecho “a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”. Al mismo tiempo, tenemos una lista de delitos llamados “graves” en los que se aplica “prisión preventiva oficiosa”, que no es otra cosa que castigar antes de juzgar. Lo peor es que el gobierno y el legislativo están ampliando el catálogo de estos delitos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece en su artículo 11: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.” La actual versión de la constitución mexicana, sin embargo, elimina la presunción de inocencia en casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con armas y explosivos, y delitos graves contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. El presidente está buscando incluir entre estos “delitos graves” la corrupción, las faltas electorales, el abuso sexual a menores y el robo de combustibles. Ayer, en uno de esos desplantes de una lógica peculiar, un non sequitur dirían los lógicos, preguntó cómo era posible respetar al INAI cuando la institución se creó en los tiempos del neoliberalismo en que se eliminó la clasificación de corrupción como delito grave.
La verdad es que la ampliación de los llamados delitos graves es muy preocupante. El presidente está aprovechando el enojo de la sociedad ante la impunidad, pero castigar antes que juzgar no ayuda a disminuir la impunidad. “Tal vez la medida sea de utilidad política -escribió en Reforma el 7 de marzo Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos–, pero en modo alguno corregirá los problemas de fondo ni acabará con la impunidad, además de generar el riesgo de que se cometan abusos en contra de personas inocentes.”
En los países donde prevalece el estado de derecho no hay listas de delitos graves que obliguen a los jueces a encarcelar primero y después juzgar. Cuando un detenido es considerado peligroso, o tiene antecedentes que permitan suponer que tratará de evadirse de la justicia, se puede aplicar la prisión preventiva, pero nunca de forma sistemática y menos obligatoria.
Dado que en estos delitos graves la sola acusación basta para encarcelar a un inocente, es muy preocupante que se aplique a delitos como corrupción o robo de combustible, que pueden tener motivaciones políticas. Bastará con una acusación del presidente o su fiscal para encarcelar durante varios años a un enemigo político, aunque los tribunales lo declaren inocente después. Esta arma es particularmente peligrosa en manos de un gobernante que dice que va a someter a consulta popular la decisión de si acusa o no de corrupción a sus predecesores.
(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
La Secretaría de la Contraloría estatal, anunció ayer la creación de comités de vigilancia, sobre los ocho programas sociales que aplica la Federación en el estado.
De esta manera, el gobierno del estado pretende mantener un estricto control sobre estos programas, desde la base social, para evitar actos de corrupción y sobre todo el uso de estos programas con fines electoreros, que es lo que realmente les preocupa.
Conocedores de cómo funciona este asunto de los programas sociales, mediante los cuales el régimen ha venido aprovechando los altos índices de pobreza para engordar sus parcelas políticas, no desaprovecharán la oportunidad para ejercer control social de ellos.
De hecho, se tienen convenios para que se constituyan comités de Contraloría Social, y capacitaciones para que las y los beneficiarios de los programas sociales conozcan las reglas de operación de cada uno de ellos.
¿Qué harán estos comités? Darán seguimiento, recopilación de cédulas de la vigilancia, y atención a quejas y denuncias.
Interesante de verdad esta iniciativa, pero eso es algo que debió hacerse desde hace mucho tiempo, no sólo ahora. Al contrario, por ejemplo, aunque cada ramo de inversión federal tiene sus propias reglas de operación, en las que se incluye la vigilancia ciudadana, ésta generalmente era opacada, comprada o de plano suprimida por los gobernantes.
El Ramo 33, por ejemplo, depende de un Consejo de Planeación Municipal, en la cual hay un consejo de vigilancia. Además, para cada obra se debe contar con un comité ciudadano, mediante el cual los beneficiarios de las obras ejercen su derecho a la vigilancia, debiendo recibir copia de los expedientes técnicos, pero nada de esto se cumple en la práctica.
En cuanto a los programas sociales, nada. Se ejercían hasta hoy a ojo de buen cubero, al grado de que en la reciente entrega del programa Un cuarto Más, la Sedesol estatal cobró 1,500 pesos a cada beneficiario, aunque son gratuitos. Trascendió que este negocito lo armó el titular, Mario Moreno Arcos, con la ayuda de dirigentes y regidores del tricolor en los municipios, quienes se adjudicaron los folios por montón, y cada uno de ellos lo distribuyó entre sus conocidos y parientes.
En cuanto a los programas sociales, ni para qué quejarnos, porque a pesar de que eran ejercidos por la Federación, en los delegados de las dependencias federales, y estos a su vez se entendían con los funcionarios estatales, así como con los vocales y representantes en los municipios.
Si pensamos que había control alguno, basta conocer los escandalosos desvíos de la Sedatu y la Sedesol. La primera, se atascó con los recursos del plan de reconstrucción en Guerrero, tras la tragedia de Ingrid y Manuel. La reubicación de comunidades y colonias fue ocasión para desvíos tan graves, que es hora que ese proceso no se concreta. Y, lo más grave, que no hay nadie que resuelva el problema de los damnificados.
Por eso, qué bueno que ahora sí el gobierno estatal vaya a facilitar el derecho de los ciudadanos a ejercer una contraloría social, y que por primera vez en nuestra historia podamos todos vigilar la manera en que se ejercen los programas sociales, denunciar toda irregularidad y tener la certeza de que se investigará.
¿Cuántos de nosotros hemos sabido que personas pudientes reciben, por ejemplo, las becas de Prospera? Pero nada se podía hacer, pues el programa estaba controlado por “vocales” y oficinas de enlace que hacían muy difícil tanto la denuncia, y mucho menos las sanciones. Y lo más grave es que todo aquel que protestaban, simplemente lo daban de baja, y de eso se encargaban las vocales.
Todo eso se termina. Los beneficiarios recibirán su dinero mediante tarjetas bancarias. Pero todavía falta por vigilar la actuación de los “Servidores de la Nación”, que andan censando a las personas en situación vulnerable, sobre todo porque se tiene la noticia de que son los ex candidatos y otros aspirantes de Morena los que están manejando estos grupos, y finalmente todo llega al delegado del gobierno federal, Pablo Sandoval Ballesteros.
Con los comités de contraloría social, el gobierno del estado pone un pie adelante sobre todo a Pablo Sandoval, quien abiertamente aspira a ser gobernador de la entidad.
ELEAZAR ARZATE MORALES
Una camioneta volcó en una pendiente peligrosa de la colonia Paraíso Limón, la tarde de este martes, hecho que movilizó a los oficiales de Tránsito.
De acuerdo con datos obtenidos, fue alrededor de las 16 horas que el chofer José Luis Posadas López de una camioneta Nissan pick up, blanca, con placas de Guerrero, en la que transportaban un tinaco; subía una calle, pero finalmente perdió el control y se volcó sobre su costado derecho.
Se logró conocer que el chofer resultó ileso, no fue necesario que asistieran los cuerpos de rescate. La calle fue bloqueada completamente por la Nissan, el personal de Tránsito solicitó una grúa para retirarla de vialidad.
ELEAZAR ARZATE MORALES
PETATLÁN. – Una camioneta chocó por alcance contra otra camioneta en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de Palos Blancos, en el municipio de Petatlán.
El siniestro vial se registró la tarde de este martes, cuando una camioneta Ford de redilas, de colores blanco y rojo, con placas de Guerrero, fue impactada en la parte trasera por una Dodge Ram, blanca, sin placas de circulación.
Las dos camionetas terminaron fuera de la carretera, a la Ford se le desprendió la caja de redilas y la Ram resultó con daños en la parte frontal.
Al lugar acudieron los paramédicos de Protección Civil de Petatlán para atender a los ocupantes de las camionetas, también asistieron los oficiales de la Policía Federal sector caminos para verificar los hechos y solicitaron una grúa para remolcarlas al corralón para los trámites correspondientes.
ELEAZAR ARZATE MORALES
Unas personas incendiaron un predio cercano a la gasolinera de Buena Vista, en el municipio de Zihuatanejo, hecho que alarmó a las habitantes de esa zona.
Fue este martes a las 16 horas, que los rescatistas de Protección Civil del estado y del municipio se trasladaron con camiones cisterna para sofocar el incendio que consumía bonote de coco y escombros.
Se logró conocer que es la segunda ocasión que queman ese terreno de 20X8 metros cuadrados, a orilla de la carretera mejorada Ixtapa-Feliciano, ya que las personas lo rellenan con escombro y luego lo incendian porque pretenden construir unos locales.
Bomberos cuestionados sobre este suceso, informaron que fue un incendio pequeño, pero complicado por el tipo de basura orgánica e inorgánica revuelta entre los escombros, por lo que tuvieron que removerlos y apagar las llamas con 20 mil litros de agua.
Perduraron dos horas para sofocarlo completamente, aunque creen que de manera irresponsable nuevamente lo incendien sin considerar que a un costado tienen la gasolinera y pueden ocasionar un siniestro mayor.
FELIX REA SALGADO
ATOYAC.-Dos lesionados y daños por varios miles de pesos dejó un choque ocurrido en la avenida principal de este municipio.
De acuerdo a los datos de la policía, una camioneta que iba a exceso de velocidad chocó contra un taxi del sitio Álvarez, en el cruce cerca a la agencia del Ministerio Público del Fuero Común.
El taxi se impactó contra una combi estacionada y de ahí con una taquería donde estaban cenando unos clientes, mismos que uno de ellos salió grave así como el dueño de la taquería ubicaba en una banqueta.
Los hechos, ocurrieron a la altura de la casa de empeño Montepío, los heridos son el dueño de la taquería, German de Jesús Gómez y unos clientes que comían sus tacos tranquilamente, los heridos fueron trasladado al hospital general para su atención médica, al lugar llegaron policías preventivos.
