Pasta de Conchos y Guardería ABC, la corrupción letal
En torno a la entrega de su primer informe constitucional, tanto en el mensaje del 1 de septiembre como por la gira del día siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por los avances en dos episodios de alta letalidad: Pasta de Conchos, la mina que operaba en condiciones inseguras donde murieron 65 trabajadores y, la Guardería ABC, donde murieron 49 niños.
Se trata de episodios tan dolorosos como las incontables historias trágicas de los tiempos recientes, pero que no se relacionaban con el periodo de la llamada “guerra contra el narco”, y sí con el encubrimiento, la impunidad de las altas esferas del poder político y económico, cuya prepotencia llegó en esos casos al extremo de evadir responsabilidades por decenas de muertes, manteniendo sus privilegios.
La noche del 18 de febrero de 2006, 65 obreros fueron a trabajar y encontraron la muerte en las primeras horas del día 19, debido a las malas condiciones del centro de trabajo.
Por esas condiciones inseguras eran responsables el patrón, Germán Larrea Mota Velasco -segundo hombre más rico del país, presidente de Grupo México y entonces, financiero de la fundación Vamos México que presidía la primera dama, Marta Sahagún-, sus representantes sindicales bajo el liderazgo de Napoleón Gómez Urrutia –hoy, redimido precisamente por Morena, el partido del presidente—y el Estado que, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) -en tiempos de dos ultraderechistas entonces poderosos: Carlos Abascal primero, Francisco Javier Salazar Sáenz después- llevó el tortuguismo burocrático, y quizás su corrupción, a un extremo letal.
El 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora, hubo un incendio en una guardería subrogada, esto es, concesionada por el Estado para ser operada por un particular al que se le pagaba con dinero público. Un archivo del gobierno estatal prendió y el fuego se extendió a la guardería matando a 49 bebés, encargados ahí por familias trabajadoras que confiaron en el tinglado de instituciones que se supone garantizaban la seguridad de sus pequeños: IMSS y Protección Civil, entre otras.
Entre las accionistas de la guardería figuraba Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de la entonces primera dama, Margarita Zavala Gómez del Campo, así como del gobernador Eduardo Bours Castelo, político y empresario enlistado entre los millonarios mexicanos, cacique sonorense que entre sus inversiones cuenta con Megacable operadora cablera y, Bachoco, la huevera más grande del país, entre otros negocios.
Hay denominadores comunes en los dos casos: los particulares gozaban de concesiones del Estado, es decir, hacían negocios al amparo del poder; el ocultamiento de información pues el día del siniestro en Pasta de Conchos desaparecieron bitácoras y registros previos, en tanto, la negativa a recuperar los cuerpos evitó el peritaje sobre el origen del siniestro; en la guardería, son muchos los indicios de un incendio provocado en el vecino archivo gubernamental.
Además, por negligencia o mordida, en cualquier caso corrupción, los empresarios tenían en riesgo a obreros y bebés; su influencia llegaba a las estancias presidenciales por las relaciones con las primeras damas de los dos gobiernos panistas; y tras las tragedias, gozaron de la protección gubernamental que se extendió hasta el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, pues en los dos casos sólo condenaron a empleados menores, dejando a salvo a dueños y altos funcionarios.
Destrabar la impunidad en las dos tragedias no parece sencillo. Sin embargo, en el caso Pasta de Conchos, la recuperación de los cuerpos a la que se opusieron gobiernos y empresa, permitiría también un peritaje. Una buena señal del gobierno de López Obrador se identifica en mantener fuera de todo procedimiento a Gómez Urrutia, por más pataletas que haga, así como a Grupo México.
En el caso de la Guardería ABC, el proyecto que en su oportunidad elaboró el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Larrea apunta a responsables en las altas esferas y, desestimado en su momento, es retomado por el presidente López Obrador en tanto, el ministro ahora preside la Suprema Corte. Otra buena señal.
Que López Obrador coloque estos dos asuntos en el contexto de su primer informe constitucional, así como su posicionamiento a favor de las víctimas, es cauce ineluctable para su retórica: los dos casos implican la relación entre el poder político y el poder económico que se ha propuesto separar; los dos representan la corrupción, llevada al extremo letal, que promete desterrar; los dos tocan, al menos moralmente, a las casas presidenciales y pueden representar la restauración del Estado de Derecho largamente postergado.
