(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Sin los principales perpetradores de la cacería y
desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, será casi
imposible que el caso se desahogue normalmente y pueda llegarse a la verdad histórica,
como fue la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador en su campaña, y
para lo cual creó la Comisión Especial recién llegado al poder.
La mayoría de los jefes de Guerreros Unidos está libre.
Varios de hechos ya fueron asesinados, como sucedió con el pasado 2 de
septiembre en la terminal de autobuses de Cuernavaca, Morelos, donde fueron
acribillados 5 hombres.
Entre ellos, se encontraba Gabriel León Villa, líder
regional del grupo delictivo conocido como Gente Nueva, originario de Guerrero
y vinculado al caso Ayotzinapa,
Gabriel León Villa, de 37 años, era del municipio de Iguala
y era jefe de zona del grupo Gente Nueva, que tiene presencia en Guerrero y
Morelos. El Gaby fue uno de los detenidos en Iguala en 2016 por el caso
Ayotzinapa, y en ese entonces era jefe de plaza, al suplir a Gildardo López
Astudillo, El Gil o Cabo Gil, quien ya está libre también desde hace dos
semanas.
El Gabi fue liberado en 2018, y es sospechoso que lo hayan
asesinado a unos días de que El Gil, su ex jefe, también salió libre. Y es que
El Gabi fue uno de los que más detalles dio de la forma en que persiguieron y
atacaron a los estudiantes, así como también dijo quién ordenó que los quemaran
y los echaran al río San Juan, en Cocula, mencionando a El Cabo Gil como el
autor intelectual de ese múltiple crimen.
Pero ya fue acribillado junto con su lugarteniente, David N,
alias el Chango, quien también vivía en Iguala. Este último era un delincuente
menor, pues únicamente cayó a la cárcel el año pasado por conducir una
motocicleta con reporte de robo.
Los asesinos de El Gaby estuvieron una hora esperándolos
afuera de la central camionera de Cuernavaca, cuando se disponían a esperar a
una persona proveniente precisamente de Guerrero. Cuando los vieron
inmediatamente abrieron fuego contra ellos.
Este es tan sólo un ejemplo de lo mucho que se ha
empantanado el Caso Ayotzinapa. Por si fuera poco, este fin de semana el juez
que lleva la causa dejó libres a 24 ex policías, incluido Felipe Flores, el
jefe policial del gobierno de José Luis Abarca, y sólo 3 de ellos quedaron
presos por otros delitos. El resto ya está en la calle exigiendo el pago de sus
salarios caídos como ex trabajadores municipales.
De otro modo, no se entiende cómo hasta ahora se desatan las
liberaciones, aprovechando que la Fiscalía no promovió nada desde el año
pasado, cuando se dio a conocer que se violó flagrantemente el Tratado de
Estambul, el cual nulifica toda declaración arrancada mediante tortura.
En este caso, según el titular de la Comisión Especial por
el Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, lo que procedía es reponer el proceso,
pero no dejarlos en libertad.
La verdad es que como si se tratara de un pacto, la Fiscalía
General de la República dejó ir el Caso Ayotzinapa. ¿Cómo? Simplemente no
promovió nada, a pesar de que tenía encima la posibilidad de libertad de la
mayoría de los presos.
Por eso hay pocas esperanzas de que el caso se resuelva
totalmente, pese a la existencia de la Comisión de la Verdad. En verdad que los
avances de este organismo son buenos, si nos atenemos a lo que antes se tenía.
Por lo menos ya sabemos que los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa,
nunca salieron de Guerrero, sino que sus captores los mantuvieron siempre
dentro de las fronteras estatales.
Pero nada más. El dónde está cada uno de ellos, o qué fue de
ellos, sigue siendo un dilema al menos ante la sociedad, aunque el Ejército, la
Policía Federal y ahora también al comisión especial sí lo sepa.
Ayer, el ex procurador Jesús Murilllo Karam, afirmó que la
“verdad histórica” que él presentó, y que indicaba que los jóvenes fueron
quemados en el basurero de Cocula, es la más firme, pese a que los miembros del
grupo internacional que retomó el caso por intervención de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, la deslegitimó y orquestó una campaña en contra del
gobierno federal y del Ejército.
Ha sido hasta recientemente que esta hipótesis se ha
corroborado, y Murillo Karam se ofrece para colaborar con las autoridades, y
resolver el caso.
Pero mientras eso ocurre, el juez federal que lleva la causa
se está negando a recibir más elementos de prueba; lo que es más, está
desestimando muchos elementos, y está decretando la libertad de los detenidos.
¿Por qué? ¿Para qué? Como periodistas sabemos que preguntando se van descartando
las posibilidades. ¿Qué busca el juez Samuel Ventura Ramos? ¿Por qué en lugar
de reponer el proceso, como lo dicta la ley, en caso de que las declaraciones
de los detenidos hayan sido arrancadas bajo tortura, los está liberando? Y,
sobre todo, ¿por qué no hizo estas liberaciones antes?
A alguien, sin duda, le urge que el Caso Ayotzinapa se
diluya.
