Año: 2019

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Por primera vez desde que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa fueron desaparecidos, la máxima tribuna social en el país estará abierta para los padres de familia que tienen 5 años buscando a sus hijos, y que esperan hallar pronto, vivos o muertos.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó ayer -tal y como lo anunció el líder de la bancada de Morena, Mario Delgado-, abrir por primera vez la tribuna nacional a los padres de los normalistas, y eso sucederá pasado mañana jueves, día en que se cumplen 5 años de la desaparición de los muchachos.

En el marco de la glosa del informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los padres tendrá su tiempo para exponer ante los diputados la situación del caso, y hacer un pronunciamiento por aquellos hechos que enlutaron al país entero, que conmovieron a la comunidad internacional, y que expusieron a un gobierno y a una sociedad podridos desde sus entrañas.

Justo cuando están programadas las comparecencias de varios secretarios, entre ellos el de Hacienda, Arturo Herrera, los diputados abrieron un espacio para uno de los padres.

Entonces, ojalá que no sea el vocero el que tome la palabra, porque él es un cetegista que se le pegó al movimiento, aunque ninguno de los desaparecidos sea su hijo.

Ojalá que tampoco tome la voz el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, empleado del Tlachinollan, organización defensora de los derechos humanos que dirige Abel Barrera, pues ha estado trascendiendo en estos últimos días que esa agrupación ya conoce el paradero de los estudiantes, al menos de oídas, y no exigido que se revise el sitio, además de que también le ha sado raja económica al caso, pues este tipo de organizaciones no gubernamentales suele recibir financiamiento internacional, y por lo tanto tienen que demostrar trabajo para seguir recibiendo dólares y euros de gobiernos y grupos homólogos de otros países.

Digo, no es que la labor de Tlachinollan en este asunto no sea valiosa, pero tampoco podemos soslayar que no es algo desinteresado, sino más bien parte de un quehacer que ya tomaron como un “modus vivendi”. Y, como tal, actúan para mantenerse vigentes.

Retomo, por ejemplo, lo dicho por el ex procurador general de justicia del estado, Iñaki Blanco, quien señaló que gracias a Tlachinollan –que se empeñó en denunciar que los detenidos por el caso fueron torturados, en lo que fue un abierto juego de juez y parte-, fue que los principales cabecillas del grupo delincuencial que atacó, detuvo y desapareció a los muchachos hoy están libres.

Incluso, Iñaki Blanco pidió investigar a Tlachinollan, que se revise qué juego están jugando; si de defensa de los agraviados, o de los victimarios.

Y si no se investiga al grupo de Abel Barrera, al menos que explique por qué, en efecto, se determinó a hacer ese doble juego.

Decíamos que algo se cocina en el ambiente. Se sabe que el comisionado especial para el Caso Ayotzinapa ha estado sosteniendo reuniones con todo tipo de personas; incluso con presos en penales locales, para ir tejiendo la trama de aquella fatídica noche y sus consecuencias, así como ir armando el rompecabezas con tiempos, lugares y personas.

Debe ser un trabajo descomunal, por cierto, algo que al gobierno anterior le tomó años construir, está siendo a hora deconstruido para volver a empezar.

Pero también se dice que la gente tiene miedo de hablar, sobre todo porque las reuniones con Encinas no son en privado, sino que siempre está presente el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, a quien no le tienen plena confianza.

Tal vez entonces Encinas deba considerar cerrar sus reuniones, sobre todo las que son confidenciales, atendiendo el llamado que hizo el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para que todo aquel que tiene información que aportar, lo haga; con plenas garantías del gobierno federal.