SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

¿Recordamos, amable lector, lectora, el numerito del extravío de armas de la Policía Preventiva del municipio de Acapulco? Aquel escandalillo, que desnudó al gobierno del perredista Evodio Velázquez Aguirre, destapó una cloaca en la corporación cuando fue intervenida por elementos de la Marina, pues resulta que 350 armas simplemente no aparecieron.

Ahora se dice que poco a poco se fueron recuperando, pero aún se tiene un faltante de 150 armas “perdidas”.

Un dato oficial revela que en 60 por ciento de los municipios de Guerrero, los uniformados y los jefes policiacos “pierden” las armas de cargo, registradas y avaladas por la licencia colectiva que les otorga la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y nadie se hace cargo de ello.

Hay informes también de que las armas no se extravían, ni se pierden, sino que son robadas o sustraídas de las corporaciones para su venta en el mercado negro; y en algunos casos son sustituidas por vejestorios sin valor.

La pérdida de armas fue revelada este año por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, David Portillo Menchaca, quien dijo que los municipios del estado tienen un grave faltante de armas y deben acreditar cada uno de los casos ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Son una cantidad tremenda de municipios que tienen armas perdidas y que no llevan la carpeta de investigación. Un aproximado del 60 por ciento tiene problemas con las armas, no una cantidad grande, pero son armas al final de cuentas”, dijo.

¿Qué sucede en estos casos? Que cada ayuntamiento debe hacer un reporte a la Fiscalía, denunciando la desaparición del arma, para que se investigue su destino final. De lo contrario, los gobiernos municipales se exponen a que se les finquen responsabilidades.

Pues bien, parece que estos líos están próximos a desaparecer, porque la noche del miércoles los senadores avalaron la creación de un padrón de uso o extravío de armamento dentro del territorio nacional.

El Pleno del Senado de la República aprobó adiciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para establecer que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) elabore un registro nacional de armas.

En dicho registro se deben incluir armamento extraviado, robado, destruido, asegurado o decomisado.

Además, todo aquel que cuente con licencia de portación de armas, tendrá que reportar el robo o extravío de éstas; de lo contrario, será sancionado con penas de dos a cinco años de prisión.

Ahí les hablan señores alcaldes, señores directores de Seguridad Pública, jefes de grupo y policías. No más armas perdidas, ni robadas, ni sustraídas. Mucho menos “prestadas” a criminales, como se cree que sucedió en Acapulco, donde una parte de la plantilla de policías no eran propiamente policías, sino gente civil que portaba solamente el uniforme y, por supuesto, también el arma.

“La pena aumentará hasta en dos terceras partes cuando se trate de armas de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, y de los cuerpos de reserva”, dicta el dictamen de los senadores, y esto tiene que ver con el calibre de las armas, pues hay algunas que no son de exclusividad de las fuerzas armadas. Tengo entendido que pistolas del calibre .9 y .380 ya entran en esa categoría. De los rifles, solamente el .22 queda fuera, el resto es de uso exclusivo.

Resulta increíble que México apenas esté haciendo este registro de armas. Y que ni siquiera se hayan puesto exigentes en ese aspecto, a raíz de la grave violencia que se desató cuando el gobierno de Felipe Calderón declaró la guerra contra los grupos delincuenciales, guerra que ahora sabemos que fue una vil estafa al país y un vil engaño, pero que enlutó y sigue enlutando a la nación.

También es interesante ver que por fin habrá multas para los gobiernos y particulares que extravíen armas de uso exclusivo, aunque tengan permiso para portarlas, y que no reporten de esta pérdida con oportunidad, pues hasta ahorita sólo la portación era penalizada, pero ahora también lo será el extravío de ellas.

Y qué bueno, porque extraviar un arma no es como extraviar cualquier otro objeto, sino que pueden ser utilizadas para la comisión de delitos de toda índole.

ESTRICTAMENTE PERSONAL

Ajustan la estrategia de seguridad

Raymundo Riva Palacio

La captura en Estados Unidos del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, le abrió un enorme e inesperado espacio político al presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde el 17 de octubre, cuando sucedió el culiacanazo, había perdido su magia por la mala estrategia en el combate a los cárteles de la droga. La caída de García Luna proporcionó la excusa ideal. “Hay quienes volteaban con aguerrida nostalgia hacia la ‘estrategia’ de seguridad del pasado”, escribió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, en su cuenta de Twitter. “La detención… la ha reducido a la trágica protección oficial del gobierno de (Felipe) Calderón al Cártel de Sinaloa. Este hecho refleja por sí solo el desastre que heredamos en esta materia”.

Los datos no le dan la razón al secretario Durazo, pero eso no es lo importante en este momento. Tampoco la narrativa política para justificar el fracaso del gobierno en el combate a los cárteles de la droga, ni la política laxa que ha llevado a México a una Pax Narca. Menos aún la discusión sobre García Luna, que deberá defenderse ante las acusaciones de la Fiscalía del Distrito Este de Brooklyn y probar que las imputaciones son falsas. Lo que es importante, porque apunta en la dirección correcta, es lo que sucedió en las vísperas, un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para ajustar la estrategia de seguridad.

La visita del procurador general estadounidense, William Barr, la semana pasada a México, y su plática con López Obrador, selló ese acuerdo. Los detalles permanecen ambiguos, perdidos en los espacios de opinión pública. Un comunicado del Departamento de Justicia, indicó que Barr había discutido con el gobierno mexicano el combate a las organizaciones criminales trasnacionales, y un fortalecimiento en la cooperación bilateral para llevarlas a tribunales. El comunicado del gobierno mexicano aportó un dato adicional, al informar que se reforzaría el Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Estados Unidos, integrado en agosto pasado sin que hubiera dado señales de vida.

Los acuerdos a los que llegó Barr con el gobierno de México hicieron que el presidente Donald Trump se desistiera de clasificar a los cárteles de la droga mexicanos, como organizaciones terroristas. Reactivar un grupo de coordinación bilateral no habría sido suficiente para que reculara Trump, pero frente a la vorágine de información sobre las negociaciones de último minuto del acuerdo comercial norteamericano, nadie reparó en ello. La postura de Barr, como todas las que han mantenido en situaciones críticas con el gobierno de López Obrador, fue inflexible.

El presidente había anticipado pocas horas antes de recibir al procurador, que analizarían un documento que iba a presentar. El plan que llevó Barr tenía una exigencia, la de fortalecer la cooperación en materia de seguridad, y trabajar conjuntamente con el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General, para combatir a los cárteles de la droga. Abrazos no, y balazos cuando fuera necesario para someter a las organizaciones criminales. No importaría el discurso que quisieran usar el presidente y el gabinete de seguridad, porque en todo caso sí se haría el ajuste exigido por Trump para impedir que su amenaza se concretara.

No esperaríamos un cambio de narrativa. Si López Obrador la pudo mantener, aunque con gran desgaste, en los momentos más difíciles de su gobierno en la materia, el culiacanazo y la matanza de la familia Le Barón, tras la captura de García Luna, de la cual fue notificado el gobierno mexicano pero no fue producto de una negociación, esa retórica le podrá dar frutos renovados y fortaleza política. Para efecto de la seguridad de los mexicanos, no importa. La pusilanimidad ante las organizaciones criminales y la pérdida de Estado ante su violencia, tendrá un corrector que en un principio difícilmente se verá, pero que deberá funcionar.

Lo fundamental es detener el avance territorial de los cárteles y la colonización de las instituciones. Previamente a la visita de Barr, pero tras la experiencia de Culiacán, se reactivaron diversos sistemas de inteligencia en el viejo Cisen, llamado actualmente Central Nacional de Inteligencia, que fueron apagados al llegar el gobierno de López Obrador. Igualmente, se ha comenzado a recuperar inteligencia y equipos tácticos de la Marina para trabajar en el desmantelamiento de las bandas criminales en la Ciudad de México. Un reciente trabajo en ese sentido, de acuerdo con funcionarios federales, permitió que volvieran a acercarse a José Antonio Yépez, El Marro, jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima, renaciendo la posibilidad de que capturen al rey del huachicoleo en El Bajío.

Aunque producto de un desastre y tragedias, lo que está sucediendo por fuera del escrutinio público en materia de seguridad, es positivo. La rectificación que se está haciendo ayudará al gobierno a ir recuperando la paz, aunque ciertamente, pronto, si se empieza a confrontar a los cárteles de la droga, se empezarán a notar bajas en las fuerzas federales. Sólo no combatiendo se evitan víctimas en el Ejército y la Guardia Nacional. Sólo enfrentándolos, la promesa de recuperar la paz y la tranquilidad nacional, de mantener la nueva estrategia, va a ser una realidad.

Tras el respiro que le dará a la economía la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, frenar el alza de los índices delictivos y el incremento de homicidios dolosos, debe ser el siguiente objetivo. López Obrador no perderá cara. Sólo necesita no a empatar en términos definitivos su discurso y la narrativa sobre el fenómeno, con las acciones. El presidente ha demostrado su pragmatismo y que está dispuesto a tomar riesgos aun mediante políticas en las que ideológicamente no cree. Enfrentar criminales es una de ellas, y lo que está haciendo es encomiable.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

La honestidad del PAN

En sus doce años de gobierno y aún antes, esto es en la administración de Ernesto Zedillo, los panistas han tenido personajes polémicos en las instancias de seguridad y justicia, algunos de los cuales son perseguidos y acusados de realizar actos ilegales como Eduardo Medina Mora  y Genaro García Luna, lo cual mina esa imagen de honestidad que fue la bandera que por años blandieron en el panorama político.

La historia negra del paso de los panistas por la impartición de justicia comenzó en el gobierno de Zedillo con Antonio Lozano quien ocupó la Procuraduría General de la República. La llegada del abogado causó esperanzas en un sector de la sociedad porque su militancia en un partido cuya bandera era la pulcritud y la honestidad generó la ilusión de que serían garantías de un trabajo impecable. Pero esto no sucedió.

Esa imagen pronto se desvaneció cuando Lozano contrató a una vidente, La Paca, para encontrar los restos del diputado tamaulipeco del PRI, Manuel Muñoz Rocha. El fraude costó a la procuraduría cuatro millones de pesos, pero el costo para Lozano fue mayor pues tiempo después tuvo que dejar el puesto y se dedicó a litigar en su despacho.

Otro panista célebre por sus tranzas en los tribunales es Diego Fernández de Cevallos alias El Jefe. Sin mayor prurito este abogado se dedicó a litigar mientras era legislador. Sus negocios le redituaron millones de pesos de ganancias.

Sólo por citar dos casos: por la devolución de impuestos a Jugos del Valle recuperó mil 540 millones de los cuales se llevó entre 30 y 50 por ciento. Luego, en el litigio por el predio en Santa Úrsula Coapa de la familia Ramos Millán ganó un porcentaje similar por los mil 214 millones de pesos que recuperó para dicha familia.

Cabe recordar que por el despacho de Diego Fernández han pasado prominentes socios como Fernando Gómez Mont, exsecretario de Gobernación; Arturo Chávez Chávez y Antonio Lozano Gracia ambos extitulares de la Procuraduría General de la República.

Otros miembros del PAN metidos en el mundo de las leyes o en la procuración de la justicia y que son investigados en México y en otros países por negocios turbios, son: el magistrado Eduardo Medina Mora y el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Medina Mora, diplomático, exprocurador General de la República, director del extinto Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN), asesor de algunos organismos privados y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es investigado por el gobierno de Reino Unido mediante la National Crime Agency tras detectar transferencias millonarias hechas desde México a sus cuentas por dos millones 383 mil 526 libras esterlinas en los dos últimos años.

En tanto que García Luna, quien al igual que Medina Mora colaboró con el gobierno de Fox y el de Felipe Calderón, fue detenido este martes en Estados Unidos acusado de ayudar al Cártel de Sinaloa a “operar con impunidad” a cambio de millonarios sobornos, según informó el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Richard Donoghue.

El hombre fuerte del gobierno de Calderón, tiene un largo historial de escándalos, entre ellos haber organizado con Televisa el escenario para la detención de una banda de secuestradores en la que incluyeron a la ciudadana francesa, Florence Cassez, quien resultó ser inocente.

Los panistas han manchado uno de sus principios rectores: la honestidad, y sin esta pierde confianza ciudadana en este tiempo de crisis en el que su fuerza esta menguada. Por cierto… Los planes de Felipe Calderón y Vicente Fox de erigirse como la oposición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador van al fracaso con los escándalos de sus correligionarios y excolaboradores. Difícilmente alguien puede creer que no estaban enterados de los negocios turbios de García Luna, Medina Mora, Antonio Lozano, Gómez Mont, Fernández de Cevallos y algunos otros que están en los expedientes de la justicia mexicana y extranjera.

La caída del “Afioso”… 18 años después

Adela Navarro Bello

Desde su creación en 2001 y trascendiendo a su fusión con la Policía Federal Preventiva para crear la Policía Federal, la Agencia Federal de Investigación que tituló por primera vez Genaro García Luna, se significó por ser una corporación plagada de corrupción. Los “afiosos” era el mote con el cual se solía identificar a los elementos de ese cuerpo policiaco comandados por el hoy detenido ex Secretario de Seguridad Pública Federal.

Ciertamente, mayormente representaban los intereses del cártel de Sinaloa, pero no tenían escrúpulos para servir a otros cárteles en regiones del país donde la organización criminal de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” e Ismael Zambada García “El Mayo”.

En Baja California fueron clave en la guerra que por más de 20 años sostuvieron las huestes del cártel Arellano Félix contra las del cártel de Sinaloa. “Los afiosos” estaban con los de Sinaloa, y aquellos que destacaban en Tijuana se convertían en un tropa de ladrones con charola para extorsionar, robar, secuestrar, traficar con drogas e incluso asesinar.

Muchos son los casos documentados en varios estados de la República sobre los excesos en la Agencia Federal de Investigación, en esta parte del norte del País, Baja California, víctimas, testigos e incluso criminales infiltrados en otras corporaciones policíacas, denunciaron de forma anónima los abusos y actos de corrupción dela AFI que comandaba Genaro García Luna.

Sin embargo los gobiernos panistas siempre confiaron en él. Si Vicente Fox Quesada lo hizo titular de la AFI durante la mayor parte de su sexenio, Felipe Calderón Hinojosa le dio la Secretaría de Seguridad Pública Federal los seis años de su administración. Los señalamientos de corrupción nunca cejaron, ciertamente se incrementaron a la salida de los gobiernos del PAN de Los Pinos.

Durante el sexenio de Calderón, en medio de la guerra contra las drogas, era evidente y denunciado en este país y en otros, que el cártel del sexenio era el de Sinaloa.

En todo momento, Genaro García Luna contó con el apoyo de las autoridades de los Estados Unidos en dos administraciones, la de George W. Bush y la de Barack Obama. La primera fue la promotora, en 2008 ya con García Luna como Secretario de Seguridad Federal, de la Iniciativa Mérida, un ambicioso proyecto para el combate al crimen organizado con una política binacional, centrado en dotar al Gobierno Mexicano de recursos económicos por mil 600 millones de dólares, incluidas entregas en especie y capacitaciones, todo lo cual fue administrado mayormente por el hoy preso ex funcionario.

No es la primera ocasión que un alto mando de la seguridad en México termina en prisión, pero sí la primera que el detenido goza de un periodo largo de impunidad. En 1996 el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, también en respuesta a políticas de combate a las drogas del gobierno de los Estados Unidos, creó el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, y nombró titular al general Jesús Gutiérrez Rebollo, un años después, en 1997 General fue aprehendido. Con investigaciones del gobierno de los Estados Unidos lograron fincarle cargos por soborno, facilitar el tráfico de cocaína y obstrucción de la justicia, cuando fue descubierto que aceptó sobornos del cabecilla del cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes “El Señor de los Cielos”, a cambio de obstruir la justicia, entregarle información privilegiada de investigaciones oficiales y facilitarle el tráfico de cocaína en México y hacia los Estados Unidos.

Básicamente esos son los mismos cargos que hoy pesan sobre Genaro García Luna, y esta vez también, basados en investigaciones realizadas en los Estados Unidos. La diferencia es que en 1997, el Presidente Ernesto Zedillo fue notificado y actuó en consecuencia, primero cesando al General Gutiérrez Rebollo para después aprehenderlo, y con García Luna debieron transcurrir 18 años para que la justicia llegara, a pesar de los señalamientos de autoridades, de las denuncias públicas, y los múltiples reportes periodísticos que se hicieron sobre la corrupción que rodeó al ex secretario de seguridad desde inicios del milenio.

En el expediente judicial que se desarrolla en la Corte Federal de Brooklyn –la misma donde se enjuició y sentenció a “El Chapo” Guzmán- refiere investigaciones de actividades criminales por parte de García Luna desde el año 2001. Relatan textualmente:

“De acuerdo a la averiguación y otras presentaciones judiciales por parte del gobierno, de 2001 al 2012, mientras ocupaba posiciones de alto grado en el gobierno de México, García Luna recibió millones de dólares en sobornos por parte del cártel de Sinaloa, a cambio de proveerles protección para sus actividades de tráfico de drogas. De 2001 a 2005 García Luna tituló la Agencia Federal de Investigación en México y de 2006 a 2012, sirvió como Secretario de Seguridad Pública Federal, controlando la Policía Federal mexicana. A cambio de los pagos de sobornos, el cártel de Sinaloa obtuvo seguridad para la transportación de sus cargamentos de drogas, información oficial acerca de las investigaciones contra el cartel, e información sobre los cárteles rivales, de este modo facilitándoles la importación de toneladas de cocaína y otras drogas a los Estados Unidos. En dos ocasiones, el cártel personalmente envió los sobornos a García Luna en maletas conteniendo entre tres y cinco millones de dólares. De acuerdo a reportes financieros obtenidos por el gobierno, para el tiempo en que García Luna asentó su residencia en los Estados Unidos en 2012, él había amasado una fortuna personal de millones de dólares”.

Genaro García Luna fue sujeto de investigación por autoridades extranjeras, y por periodistas de investigación tanto de México como de los Estados Unidos, desde que encabezó la AFI, no lo fue así para el gobierno mexicano.

Todavía en noviembre de 2018 cuando Reynaldo Zambada García “El Rey”, hermano de “El Mayo Zambada” y en su momento el cabecilla del tráfico de drogas del cártel de Sinaloa en la Ciudad de México, lo señaló directamente en el juicio contra Guzmán Loera en la misma corte de Brooklyn, de haber recibido sobornos por 3 y 5 millones de dólares, las autoridades mexicanas lo protegieron. Ni la entonces Procuraduría General de la República inició investigación, ni el gobierno federal se posicionó al respecto. Ahora que en la Corte del Distrito Este de Nueva York, han armado un expediente que permitió la captura el 10 de diciembre de 19 de García Luna en Texas, entonces la Fiscalía General de la República emite un comunicado informando que integra una carpeta de investigación para en su momento, solicitar una orden de aprehensión contra el ex Secretario de Seguridad y la respectiva extradición a este país. De risa.

Por los tres casos que enfrenta por conspiración para traficar cocaína a los Estados Unidos, y el de declaraciones falsas (mintió/ocultó su relación con el cártel cuando en 2018 pretendió naturalizarse en los Estados Unidos), el ex funcionario de los gobiernos de Fox y Calderón, podría obtener entre 10 años y cadena perpetua de prisión, en México eso suena lejano, especialmente cuando tardaron 18 años en investigarlo.

Así la impunidad en un país en el cual los corruptos gozan de libertad, no tienen órdenes de aprehensión, y los criminales cabecillas de los cárteles de las drogas delinquen en libertad, con esa saciedad que les provoca un contexto de corrupción e incapacidad institucional. Quien sabe, igual en 18 años, Enrique Peña Nieto termina investigado, o Ismael Zambada García, el narcotraficante más impune de todos… de Nemesio Oseguera Cervantes ni hablamos, el sexenio pasado fue el suyo, y su cártel Jalisco Nueva Generación se mantiene en la presente administración.

AMLO: Para afuera funcionarios vinculados con García Luna

AMLO: «Ya giré instrucciones para que se dé una revisión en todo el gobierno. Quienes participaron , estuvieron en el equipo de García Luna»

Regeneración, 13 de diciembre del 2019. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana en conferencia de prensa, que giró instrucciones para revisar las instancias de gobierno e identificar a los ex colaboradores de Genaro García Luna.

«Ahora con la detención de Genaro García Luna ya giré instrucciones para que se dé una revisión en todo el gobierno. Quienes participaron , estuvieron en el equipo de García Luna, quienes después del gobierno de Calderón pasaron de ese equipo al de Peña y llegaron al de nosotros si es que hay», declaró.

Aclaró que de haber alguien vinculado alguna de las acciones de las que se le acusa al ex Secretario de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón y Vicente Fox, se irá «para afuera» .

“Pero si los hay y estuvieron actuando en este tipo de funciones, para afuera, para afuera», expresó el mandatario.

Aseguró que su llegada a la presidencia es para cambiar las cosas, no para solapar la corrupción.

«Nosotros llegamos aquí para cambiar las cosas. Y está escrito: no se tolera la corrupción, la impunidad ni de mi familia».

AMLO reiteró que ya no se tolerará a servidores públicos corruptos, déspotas irresponsables e ineficientes, “queremos auténticos servidores públicos”, añadió.

Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, fue arrestado el 10 de diciembre en la localidad de Grapevine, Dallas, Texas, y es acusado de tres cargos de conspiración de tráfico de cocaína y un cargo por declaraciones falsas.

AMLO: Amnistía beneficiará a personas encarceladas injustamente

AMLO prevé que «antes de que termine en año dejar en libertad a quienes injustamente están en la cárcel», se contemplan delitos como aborto y robo simple.

Regeneración, 13 de diciembre del 2019. Andrés Manuel López Obrador(AMLO)  destacó  la aprobación de la Ley de Amnistía pues representa un avance, aseguró

AMLO estimó que antes de que finalice el año se podría dejar en libertad a las personas que están presas de manera injusta o que llevan años sin una sentencia.

En ese sentido indicó que se buscará publicar la ley lo más pronto posible en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor.

Y  recordó que corresponde al fuero federal, y adelantó que pedirá a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y al consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, explicar lo que contempla la ley.

“A ver si podemos antes de que termine en año dejar en libertad a quienes injustamente están en la cárcel porque hay muchos que están en la cárcel de manera injusta, indígenas, mujeres, ancianos”, expresó en su conferencia matutina.

En la víspera, la Ley de Amnistía,aprobada este miércoles por la Cámara de Diputados, podrá beneficia a personas que hayan sido acusadas de delitos federales, como narcomenudeo, aborto y robo simple.

Esto siempre y cuando se encuentren o hayan estado en el proceso en condiciones de vulnerabilidad.

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