(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Alfonso Durazo está en la mira de la oposición política de este país, pero también de Morena como partido en el gobierno. No hay quién lo defienda, pues. El próximo lunes, el secretario de Seguridad Pública, que llegó al gabinete lópezobradorista enarbolando su pasado colosista, será sentado en el banquillo de los acusados ante el pleno del Senado de la República, para que informe qué sucedió realmente en Culiacán, pues lo informado hasta ahora a nadie satisface.
Lo que ya se conoce como El Culiacanazo, está siendo duramente criticado no sólo por la clase política, sino también por empresarios y la ciudadanía en general, que por primera vez desde que comenzó este gobierno parece estar en contra mayoritariamente (los hay también a favor, y muchos) de la decisión que tomó el presidente de la República para abortar la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, cuando ya lo tenían detenido por petición de la Drug Enforcement Administration (DEA), el pasado jueves 17 de octubre.
Hasta ahora, ese caso parece una nebulosa. Un tanto turbio desde el origen de la solicitud de detención y extradición, pero sobre todo por la forma en que se llevó a cabo el operativo, que propició que el Cartel de Sinaloa se apoderara de la capital sinaloense y por primera vez, según vecinos, atentara contra la sociedad civil de manera directa, pues amenazaron con tomar de rehenes a mujeres y niños, y torturarlos.
Además detuvieron a soldados, a uno de los cuales ejecutaron, y amenazaron con exterminarlos a todos. Y, por si fuera poco, cercaron el lugar donde viven las familias de los soldados, con la amenaza de matarlos.
Este es un caso ambivalente. Se mueve entre el Derecho y la Justicia, y depende del gobernante en turno elegir entre uno y otro. El presidente de la República acepta que optó por abortar un operativo que era estrictamente judicial, para preservarla vida de la población, cosa que ya se enmarca en el ámbito de la justicia y no en el estricto Estado de Derecho o en el cumplimiento de una ley, que es lo que reclama la oposición. El mandatario sostiene que por encima de la detención de un personaje que se mueve al margen de la ley, está el derecho a la vida de todo mexicano.
Visto de esta manera, el presidente tiene razón. Siempre habrá otra oportunidad para detener a Ovidio y a cualquier otro, pero las vidas que se perdieron en ese fallido operativo jamás habrían tenido una segunda oportunidad.
“No queremos una paz-narca”, reclamó el PRD al presentar el martes una demanda de juicio político contra Alfonso Durazo.
PRI, PRD, PAN y MC están unidos en este clamor por el Estado de Derecho, como nunca los hemos visto. Los priístas, más moderados que los perredistas y los panistas, aducen que le están dando el beneficio de la duda al gobierno federal, pero no por ello están de acuerdo con lo que sucedió en Culiacán.
Y siempre será interesante ver la otra cara de la moneda. Operativos fallidos siempre los ha habido y siempre los habrá, porque en esto no siempre se tiene éxito. Si en Culiacán vimos que manda el Cartel de Sinaloa, algo ya sabido de antemano, en Guadalajara vimos hace años que el que manda es el Cartel Jalisco, pues cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto quiso detener a Nemesio Oceguera, alias El Mencho, su grupo procedió de la misma manera, con bloqueos en avenidas, quema de camiones y hasta un “eurocopter” derribaron en el sur de la entidad. Finalmente El Mencho no pudo ser detenido y hasta la fecha sigue libre y extendiendo sus dominios en el territorio nacional. Y curiosamente, tanto Jalisco en la administración pasada, como Sinaloa en ésta, son gobernados por el PRI.
En aquel tiempo nadie hizo escándalo por eso, ni tampoco llamaron al titular de Gobernación, Miguel Osorio Chong, al comparecer al Senado (por cierto, Osorio Chong estará entre los que cuestionen a Durazo este próximo lunes). Por angas o mangas, “aiga sido como aiga sido”, Alfonso Durazo está solo. No tiene un partido que lo defienda, porque hasta la misma fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, exigió su comparecencia. La diferencia con la oposición, es que Morena está pidiendo también que comparezca el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, para que ambos cuentas por el “fracaso” en el operativo para capturar a Ovidio Guzmán López. La vicecoordinadora de Morena, Tatiana Clouthier, llamó a cuentas a ambos. “No pretendo negar con esto la realidad, hubo un operativo que fracasó el jueves pasado en Culiacán, sí, por ello y como Cámara de Diputados estamos exigiendo y llamando a cuentas al secretario de Seguridad y a su equipo para que vengan a decirnos qué pasó, pero también pedimos cuentas al gobernador y a las autoridades locales, no aparecieron esas armas en menos de 24 horas, esas armas que tienen en Sinaloa”, sostuvo.
Para la oposición, estamos peor que antes. El presidente se defiende. El Culiacanazo, podría convertirse en el punto de quiebre del lópezobradorismo.