16 octubre, 2019 |

Bloquearán este miércoles el Palacio Municipal, por aumento al predial

IRZA

CHILPANCINGO. Organizaciones Sociales, Civiles y representantes de Comités de Desarrollo de colonias populares, bloquearán este miércoles los accesos del Palacio Municipal de Chilpancingo, en protesta porque al alcalde perredista Antonio Gaspar Beltrán incrementó considerablemente el impuesto predial.

La concentración se realizará a las 8:30 horas, entre la avenida “Ignacio Ramírez” y la plaza cívica “Primer Congreso de Anáhuac”, en el centro de esta capital.

Este martes, en conferencia de prensa, los inconformes dijeron que exigirán al primer edil exhiba el convenio de colaboración con el gobierno estatal, por el que presuntamente se reduciría la base gravable del impuesto predial.

Estuvieron Jorge Rosas Ávila, presidente de la organización “Ciudadanos por México”; Ramiro Mercado, de Durán (Pueblo Unidos por el Desarrollo Sustentable (Puedes); Víctor Tepetate Hernández, Sanseca, Juntos o Unidos; Leocadio Apreza, de Sociedad en Movimiento Solidario (Somos), y José Francisco Marín Blanca, del Grupo de Colonias Sur-Poniente.

Aseguraron que no permitirán que Gaspar Beltrán “se burle de los más pobres o que les quiten más dinero que no tienen”, con “el arbitrario cobro del impuesto predial”.

Dijeron que tienen evidencias de personas que el año pasado les cobraron 680 pesos por el impuesto predial, pero ahora pagaron mil 752.82 pesos. “Es decir, existe un desorbitado incremento, no son rumores”, aseveraron.

Añadieron que las autoridades municipales “han venido aplicando cobros de manera discrecional, no se ha aplicado la Ley de Ingresos y han tomado decisiones unilaterales y arbitrarias, además de que no hay información de esas determinaciones”.

Insistieron que se exhiba el convenio de colaboración con el gobierno estatal, y además el convenio de prestación de servicio de prestación de servicios de una empresa privada, involucrada en este caso.

Advirtieron que si Gaspar Beltrán no quiere salir a darles una explicación, “se tendrán que tomar otras acciones más radicales o tomar líneas legales para ampararnos y no pagar el impuesto predial”.

Revisan nómina para detectar aviadores en Chilpancingo

IRZA
CHILPANCINGO. Autoridades del Ayuntamiento iniciaron una nueva revisión a la nómina “por salud financiera”, pero también por “respeto” a los verdaderos trabajadores.

“Se tiene que hacer por salud financiera y por respeto a los que trabajan, no concibo que alguien tenga que cobrar sin trabajar”, dijo en entrevista el nuevo secretario de Finanzas y Administración (municipal), Wilibaldo Valente Pastor.

De acuerdo con el recién estrenado funcionario, “ya hay un equipo de modernización administrativa que está haciendo un trabajo de investigación muy exhaustivo, haciendo un cruce de información de la nómina con el personal que físicamente se encuentra en las áreas (del Ayuntamiento). Habrá resultados positivos para que no se afecte nunca al trabajador que está en activo”.

La semana pasada el alcalde Antonio Gaspar Beltrán dijo que aquellos empleados que simulen trabajar, serán liquidados.

En entrevista informó que este proceso de revisión inició hace un mes con la nómina del personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de Protección Civil. Agregó que en estos días se revisa la de la Secretaría de Servicios Públicos.

Valente Pastor informó también que el gobierno municipal seguirá trabajando con austeridad e incentivando la recaudación para hacer frente al déficit financiero por 240 millones de pesos que heredó la administración anterior.

Al respecto hizo un llamado a los contribuyentes para que se pongan al corriente con sus pagos, pues indicó que en el caso de Catastro “hay inmuebles que están pagando como terrenos cuando ya tienen construcción”.

Respecto al presupuesto de ingresos y egresos para el 2020, el recién designado secretario de Finanzas dijo que no se prevén nuevos impuestos ni incrementos a los ya existentes, pero sí se busca hacerlos valer.

“Por eso buscamos que los contribuyentes se acerquen (a pagar) de manera voluntaria, porque si no aumentamos la recaudación, el gobierno federal no nos va a incrementar las participaciones. Todos aquellos (gobiernos) que no contribuyen y que no van al corriente, tampoco pueden ser sujetos de crédito”, advirtió.

Jubilados de la UAGro reclaman al gobierno estatal un bono jurídicamente inexistente

IRZA
CHILPANCINGO. Jubilados y pensionados de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) protestaron y bloquearon las calles adyacentes a la sede del Congreso local, en busca de la intervención y respaldo de los diputados para que el gobernador Héctor Astudillo Flores les homologue el “bono decembrino” al mismo monto del que se les entrega a trabajadores del sector educativo estatal.

En respaldo a su petición, la diputada de Morena, Blanca Selene Armenta Piza, presentó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución dirigido al Ejecutivo, el cual fue turnado a comisiones al no alcanzar la votación requerida en el pleno de los diputados.

La propuesta parlamentaria fue respaldada únicamente por los diputados de Morena, mientras que los del PRI y PRD, con sus aliados del PAN, PVME, PT y MC se abstuvieron, por lo que el exhorto fue turnado a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación, Ciencia y Tecnología.

Molestos por el resultado de la votación, los jubilados y pensionados abandonaron el salón de pleno y bloquearon la circulación vial en la calle Trébol Sur, que conduce a la sede legislativa y hacia la avenida José Francisco Ruiz Massieu, así como al encauzamiento del Río Huacapa.

Andrés Nájera Hernández, secretario de Organización de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la UAGro, explicó que en diciembre del 2017 recibieron por primera vez (en la actual administración estatal), el citado bono por 5 mil pesos para cada jubilado.

Pero que en diciembre del 2018 se redujo a 4 mil pesos para cada beneficiario, por lo que a dos meses y medio de que concluya este 2019 solicitan al gobernado Astudillo Flores que no se les disminuya, sino que lo incremente.

Indicó que por esa razón exigen que para este año el gobernador Astudillo homologue el “bono decembrino” a la cantidad que reciben los del sector educativo del gobierno estatal, a quienes cada fin de año les otorgan entre 9 y 12 mil pesos.

Los jubilados universitarios, que son alrededor de 500, dijeron que seguirán protestando en diversos puntos de la ciudad, así como en la residencia oficial Casa Guerrero y en Palacio de Gobierno, hasta lograr la atención del gobernador Héctor Astudillo.

Magdalena Salgado Patiño, presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la UAGro. Explicó a la Agencia de Noticias IRZA que el llamado “bono decembrino” no está considerado en ningún decreto, ni presupuesto como una obligación del gobierno del estado.

Dijo que ese “bono decembrino” fue otorgado unilateralmente en la administración del gobernador René Juárez Cisneros y que a partir de entonces se hizo costumbre que reciban ese beneficio cada fin de año, y aceptó que jurídicamente no es una obligación del gobernador en turno.

Avalan revocación entre acusaciones

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. La incorporación en la Constitución de las figuras de revocación de mandato y consulta popular, impulsadas desde el año pasado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada ayer en el Senado.

Forzada por la necesidad de conseguir la mayoría calificada, la mayoría de Morena hubo de permitir que la oposición cerrara el paso a tres elementos de la minuta original.

De suerte que la revocación sólo podrá ser convocada por la ciudadanía –con 3 por ciento de la lista nominal en al menos 17 estados–, organizada por el INE y aplicada lejos de la fecha de la elección intermedia de 2021.

“En el caso de solicitarse el proceso de revocación de mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, la solicitud de firmas comenzará durante el mes de noviembre y hasta el 15 de diciembre del año 2021.

“La petición correspondiente deberá presentarse dentro de los primeros quince días del mes de diciembre de 2021. La jornada de votación será a los 60 días de expedida la convocatoria”, dice el dictamen aprobado.

A petición de las bancadas de oposición, se incluyó una definición de la figura: “Para efectos de la revocación de mandato a que hace referencia esta Constitución, tanto a nivel federal como local, deberá entenderse como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de confianza”.

Los morenistas celebraron la aprobación en la tribuna con una gran manta que rezaba: “El pueblo pone y el pueblo quita”, en una jornada que fue calificada de histórica.

El coordinador de la fracción, Ricardo Monreal, advirtió a los panistas que Morena tendría el derecho de escoger a sus aliados, “así es que al PAN tampoco le extrañe que nosotros busquemos alianzas con otros partidos en otras leyes”.

Tras sostener que los panistas encarnan “la contrarrevolución de la 4T”, la morenista Lucía Trasviña afirmó que la crisis de violencia es su responsabilidad, “y no se hagan pendejos, porque así fue”.

El también morenista Germán Martínez recordó a sus ex correligionarios que en su plataforma electoral el PAN había ofertado la revocación.

“Les extraña que Andrés Manuel López Obrador quiera cumplir la palabra, pero no hay reelección, no hay ampliación de mandato, no hay ‘Ley Bonilla’ y no hay consulta popular”, sostuvo el michoacano.

La oposición a la figura, resumió Martínez, proviene “de una enfermedad que se llama amlofobia”.

Por el PAN, el ex dirigente Gustavo Madero adelantó que votarían en contra por la desconfianza que le tienen a López Obrador.

“Muchos estamos convencidos de que este es un proyecto autoritario, intolerante a la crítica, a la disidencia; adicto a la concentración del poder en una sola persona, en un solo partido”, señaló.

Para el chihuahuense, Morena carece de un ADN democrático porque López Obrador no es un demócrata.

“Un demócrata no polariza como lo hace Andrés Manuel; un demócrata no niega la legitimidad del adversario como nos descalifica en cada ocasión; no desmantela instituciones y programas para sustituirlos por entregas directas, discrecionales”, agregó.

El emecista Samuel García afirmó que, de haber existido la revocación, “después del escándalo de la Casa Blanca, no tengo duda que a Peña, con la Gaviota, los hubiéramos mandado a volar”.

Aprueban ley contra factureras

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de reforma que tipifica la defraudación fiscal como delincuencia organizada, a pesar de las críticas de la Oposición y de la Iniciativa Privada.

El dictamen que reforma y deroga diversas leyes y códigos para combatir la defraudación fiscal, la facturación falsa y a las empresas fantasma fue avalado por 318 votos a favor, 121 en contra y tres abstenciones.

Tras la votación, el Pleno de diputados comenzó la discusión de la reserva de todos los artículos del dictamen.

Pese a la exigencia de especialistas, académicos y representantes del sector empresarial, el dictamen enviado por el Senado no fue modificado por la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Las reformas planteadas incluyen en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada, a la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada.

También considera como amenaza a la seguridad nacional y como delito que amerita prisión preventiva oficiosa, la comisión de actos ilícitos en contra del fisco federal, como son el contrabando, la defraudación fiscal, la expedición, venta, enajenación y compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

De acuerdo con información que distribuyó el Gobierno federal a los diputados de Morena para defender la reforma, se afirma que el contribuyente común no será afectado, porque normalmente cumple en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales.

Para ellos, se afirma, no existirá la sanción penal por planeación fiscal u omisiones por error o negligencia.

En tanto, aquellos contribuyentes que cometieron “delito fiscal básico”, recurrir a engaños o defraudación por cualquier monto, no habrá prisión preventiva oficiosa, pero sí podrán ser sancionados con prisión, que va de 2 meses a 9 años, y habrá medidas alternas y sustituto de prisión.

En cambio, el contribuyente con cometa el “delito fiscal grave”, como defraudar más de 9 millones de pesos, la sanción será de 3 meses a 13.5 años, operará la prisión preventiva y no habrá salidas alternas, aunque sí el perdón.

La información también indica que habrá delincuencia organizada a un conjunto de 3 o más personas cuyo único objetivo es el crimen, por lo que no son contribuyentes, y su actividad criminal es permanente o reiterada, y la defraudación es más de 9 millones de pesos.

La sanción se plantea de 4 a 16 años de prisión y operará la prisión preventiva.

También se precisa que habrá estado de derecho, porque antes de la prisión preventiva habrá auditorías del SAT, querellas, la investigación de la Fiscalía General y la resolución de un juez. Posteriormente puede haber apelación y recurrirse al juicio de amparo.

El priista Pedro Pablo Treviño reclamó en tribuna que en lugar de que el marco jurídico dé confianza al contribuyente, la reforma lo amenaza y lo ubica como un “enemigo del Estado” al clasificarlo dentro de las conductas que atentan contra la seguridad nacional.

“Tal parece que en los hechos la propuesta que se hace para modificar el Código Fiscal de la Federación, convierte a la Unidad de Inteligencia Financiera en la nueva Dirección Federal de Seguridad, que fue famosa por ser la policía política de otros tiempos”, acusó.

Treviño sostuvo que la reforma ahuyentará la inversión y el empleo, porque considera a los inversionistas como delincuentes potenciales.

“Llevará a la economía mexicana al desplome, esto es verdaderamente una aberración”, aseguró.

También del PRI, Enrique Ochoa reprochó que se ignoró a los 19 ponentes del Parlamento Abierto, porque ninguno apoyó la reforma.

“Por el contrario, voces de economistas y de empresarios alertan que la recaudación fiscal caerá si la economía sigue cayendo y si sigue cayendo la inversión.

“Esta ley de terrorismo fiscal, es prima hermana de la ley de extinción de dominio, y su engendro será el desplome de la economía, el desplome del empleo, y el desplome de la recaudación. Aquí estaremos en un año revisando puntualmente esos datos”, advirtió.

Imperio Ixtapa goleó

ALDO VALDEZ SEGURA

El equipo de Imperio Ixtapa no tuvo piedad alguna y le puso un baile a Club Victoria, a quienes derrotaron de manera contundente y por goleada de 8-1, para así hacerse de los puntos que dejó la jornada número cuatro de la liga infantil de futbol en su categoría poni.

Dicho cotejo tuvo como escenario el campo 4 de la unidad deportiva. Desde que el árbitro dio la orden para que la redonda se pusiera en movimiento, fueron los de la Monarquía quienes establecieron condiciones, tuvieron las oportunidades más claras y solo fue cuestión de tiempo para que el gol llegara.

La defensiva de Club Victoria fue débil, se volvió en un espectador más y solo vieron caer su meta en repetidas ocasiones sin poder hacer nada, Rodrigo Hernández tuvo una tarde de ensueño, ya que marco seis goles, mientras que Santiago Flores y Enrique Zagal cada uno colaboro con una diana, el tanto de Club Victoria lo hizo; German Velez.

ESTRICTAMENTE PERSONAL

Peligro para Pemex, ¡cuidado Andrés Manuel!

Raymundo Riva Palacio

Una serie de grabaciones telefónicas de funcionarios de Pemex donde mostraban la corrupción en los más altos niveles de Pemex, fueron presentadas ante la Corte Federal del Distrito Sur en Brooklyn hace cinco días como evidencia en una demanda contra el gobierno de México por parte de la empresa Oro Negro, renovando el escándalo por el saqueo en la empresa del Estado mexicano durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Las grabaciones fueron revisadas por The Wall Street Journal y Univisión, y a ellas se refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador este martes con frivolidad y estrechez de miras, que soslaya o ignora que lo que se dirime en Nueva York es mucho más relevante, por sus consecuencias, que su ajuste de cuentas con el pasado.

López Obrador dijo que las grabaciones que muestran corrupción correspondían al gobierno anterior y no deberían sorprender ni provocar rasgaduras de vestiduras. La simpleza de su pensamiento es peligrosa. Hacer la diferencia entren el Pemex del presente y el Pemex del pasado juega bien en su narrativa de la destrucción de todo lo que lo antecedió, pero en términos políticos y jurídicos, es la misma empresa. El presidente debería ser cuidadoso en sus declaraciones y preocuparse, pues desde mayo la Comisión de Bolsas y Valores, conocida como la SEC, el acrónimo de Securities and Exchange Commission, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, investigan a Pemex.

“Las grabaciones revisadas por The Wall Street Journal ofrecen una rara ventana a la corrupción endémica en una de las más grandes empresas estatales de México”, escribió Robbie Whelan, uno de los corresponsales del diario en este país. “Durante un periodo de tres meses en 2017, Black Cube -una empresa de investigación israelí-, contratada por Oro Negro, grabó en secreto decenas de horas de conversaciones con ex ejecutivos de Pemex, en ese entonces en funciones, describiendo un elaborado sistema de pagar para jugar en la empresa petrolera, donde se aceptaban sobornos por contratos”.

El párrafo es demoledor en términos jurídicos, pero se apoya en la investigación que inició la SEC sobre posibles irregularidades contables (subrayado mío), apoyada por los abogados de la unidad criminal del Departamento de Justicia que se enfoca al Acta de Prácticas Corruptas, los fiscales de la Corte Federal de Brooklyn, la oficina del FBI en Houston y la oficina de la SEC en Miami, donde vive Gonzalo Gil White, fundador y presidente de Oro Negro. Si López Obrador no entiende lo que esto significa, o si en su equipo de colaboradores no le han explicado la magnitud de lo que representa esta investigación, la omisión significará una irresponsabilidad más grande de lo que las consecuencias para Pemex podría significar que se le señalara como una institución endémicamente corrupta.

En junio de este año se tocaron en este espacio las investigaciones sobre corrupción en Pemex durante la gestión de Emilio Lozoya, y sus consecuencias: “La lucha contra la corrupción debe profundizarse para desterrarla de Pemex o de donde se encuentre. Pero no debe plantearse como si lo que estuviera corrupto es la institución… La forma como el gobierno está desdoblando el caso del exdirector de Pemex… al que se acusa por lavado de dinero, lo ha rebasado. No es él presunto responsable de un delito grave, sino la institución. Lozoya… es más chico que Pemex… Por ello, el fiscal general Alejandro Gertz Manero inició investigaciones sobre el Consejo de Administración, que tomaba las decisiones estratégicas, y sobre PMI Comercio Internacional, que es una filial de Pemex registrada en Houston, para comercializar el petróleo mexicano en el exterior…

“Mezclar personas con instituciones suele ser un problema semántico mexicano, y… no hacemos distinciones. Existen y, en el caso Lozoya, son fundamentales. Si permea en el mundo que la corrupción de la que acusan a Lozoya fue por un problema sistémico, y que en la principal empresa del Estado existía un mecanismo para robar a la nación, el menor problema será Lozoya, o el expresidente Enrique Peña Nieto, o el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, o todos los integrantes del Consejo de Administración de Pemex. El problema será del país, del gobierno y, como consecuencia, de los mexicanos, porque sería Pemex a quien se le señalaría como corrupta”.

El análisis comparativo es PDVSA, Petróleos de Venezuela, cuya crisis fue resultado de la corrupción de la burocracia civil y militar, donde se hicieron negocios a cambio de comisiones con empresarios locales. Los actos de corrupción propiciaron un descuido en la actividad petrolera venezolana, donde la falta de inversión en la producción propició la caída de su plataforma petrolera y el incremento en los costos de administración. Las ganancias de PDVSA no alcanzaban para reanimar la empresa, por las componendas con los empresarios, beneficiados con contratos a cambio de sobornos.

Esto se paró cuando intervino Estados Unidos. El 28 de enero el Departamento del Tesoro bloqueó todas las propiedades y los intereses de PDVSA y prohibió realizar transacciones con la compañía. Cortó el acceso del Banco Central de Venezuela a divisas, y limitó sus transacciones financieras internacionales. Ya no puede acceder a financiamiento en los mercados estadounidenses, una de las razones por las que detonó su crisis.

La economía venezolana quedó a merced de Estados Unidos porque no fueron las personas, sino PDVSA la que estaba con la gangrena de la corrupción. Por ese camino va Pemex. El presidente López Obrador debe avivarse y amplíar su horizonte estratégico y de acción. No hizo caso del juicio en Brooklyn en un principio cuando no figuraba directamente Pemex. Hoy ya no es lo mismo. O actúa rápidamente, o todos pagaremos su negligencia.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

Editorial

Fonden, el negocio del desastre

La primera semana de septiembre, la depresión tropical Fernand dejó severos daños en el noreste mexicano y, el caso de Nuevo León, fue especialmente llamativo por las consecuencias del meteoro, pero principalmente por las declaraciones del gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

Un día después de que las lluvias cesaron, el político expriista, que se ha promocionado como El Bronco en sus diferentes aventuras políticas, proclamaba que los daños ascendían a 7 mil 500 millones de pesos y que esa sería la cantidad que solicitaría al Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Las lluvias por “Fernand” se registraron entre el 3 y el 5 de septiembre, pero el cálculo de 7 mil 500 millones estaba listo para la noche del viernes, una cuantificación de daños realizada aun con lluvias aisladas pero suficiente para que el mandatario estatal expusiera la mañana del 7 de septiembre que esa era la cifra que necesitaba. Sobra decirlo, nadie podría cuantificar un desastre natural en 24 horas.

El Fonden se convirtió, como mucho en la administración pública, en una caja chica de los gobernadores coludidos con altos funcionarios de la secretaría de Gobernación para usar el Fonden que, por sus características, está sujeto a pocos controles. Un gobernador solía hacer una cuantificación y un área de la Coordinación Nacional de Protección Civil se encargaba de autorizar la cuantía, los recursos fluían en adjudicaciones directas sin verificación de lo adquirido en los diferentes rubros a los que suele destinarse el fondo.

Se trata más que de una sospecha de corrupción identificada desde hace tiempo, basta googlear las palabras Fonden-despensas-bodega, para que numerosas notas periodísticas aparezcan dando cuenta de casos en los que los apoyos para desastres fueron almacenados con presuntos fines electorales.

Esa es apenas la primera parte, se trata de aquello que tiene que ver con la atención inmediata a damnificados por un desastre natural: despensas, colchonetas, cobijas, alimentación. Las reglas de operación son mañosas, pues se establecen parámetros que sólo puede cumplir algún proveedor que, por tratarse de adjudicaciones directas en atención a una emergencia, quedaban a discrecionalidad de los servidores públicos de la federación y la entidad de que se trataba.

Además, está aquello que tiene qué ver con la atención inmediata, como reparar caminos vitales o abastos de agua. Otra vez la discrecionalidad. Y, finalmente, sigue la reconstrucción que implica obra y como se sabe, donde hay obra, sobra.

Por el ejercicio fiscal 2017, la Auditoría Superior de la Federación revisó 26 mil millones de un total de 33 mil millones que ejerció el Fonden. Al revisar la forma en que se ejercieron los recursos, en un año en el que además de los desastres por inundación se registraron los terribles sismos del 7 y el 19 de septiembre, resultó que había 7 mil 567 millones de pesos que se ejercieron de manera injustificada.

Aun peor. La ASF concluyó que la forma en que se entregaban subsidios y apoyos para la atención de desastres naturales, era ineficaz, ineficiente y costosa y alertó sobre eventuales casos de corrupción; ausencia de reglas claras y un diseño institucional débil.

Aunque hasta ahora la normatividad es la misma, un dato llamó la atención en la conferencia de prensa matutina del lunes 14 de octubre. El coordinador Nacional de Protección Civil, David León Romero, expuso primero que se han otorgado 34 declaratorias de emergencia y 16 por desastre, un total de 50 declaratorias, en contraste con las 112 de 2018.

Esas declaratorias han significado una erogación por 793 millones de pesos durante 2019, en contraste con los 42 mil millones de 2017 y los 14 mil millones de 2018.

El instrumento implica disciplina para no declarar desastre cuando no lo es ni asignar recursos que no corresponde a los daños, como parece ser el caso de lo solicitado por Rodríguez Calderón que, en el censo de verdad que se está realizando, Protección Civil-Fonden han cuantificado daños por 360 millones de pesos, esto es 20 veces menos de lo pedido por El Bronco.

Aunque el resultado de lo realizado en la actual administración es encomiable, hacen falta reglas más claras, una reforma que haga confiables los procedimientos y evite el robadero de otros momentos a costa de los damnificados. Un asunto de certeza. Y, naturalmente, faltan procesos de investigación exhaustivos para que aquellos que hicieron negocio con los desastres naturales –asunto este que ofende como pocos—no siga quedando impune.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

“El pueblo pone y el pueblo quita”. Bajo ese lema, avanza en el Senado de la República la aprobación del derecho a la consulta popular y a la solicitud de revocación de mandato, estatuto que se aplicará a todo servidor público electo por voto popular, incluido al presidente de la República y a los gobernadores.

Según lo aprobado en lo general (falta definir las particularidades), las consultas serán facultad del INE, y a petición de los ciudadanos.

Aunque esta reforma conlleva sus riesgos, como el que a un gobernante se le imputen anomalías y se le lleve al linchamiento público por parte de los grupos inconformes –que en México en este momento están a la vista-, esta nueva ley es sin duda revolucionaria, porque viene a fortalecer la democracia participativa; es decir, que se abre un canal de ida y vuelta en la vida pública, y la sociedad ya no estará a expensas de un mal gobernante, pues siempre tendrá a la mano la ley que le permite solicitar la revocación de mandato de gobernadores, presidentes de la República, y todo servidor que haya ascendido al poder con el voto del pueblo.

Por eso los morenistas, quienes son los promotores de esta reforma, a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, sostienen que se le está devolviendo al pueblo su poder, tal cual dicta la democracia, en la que el poder emana del pueblo.

El dictamen aprobado en las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos establece que la revocación de mandato sólo la puede solicitar la ciudadanía, en un mínimo del 3 por ciento de la inscrita en el listado nominal. Es decir, que si se gesta algún movimiento social que logre el aval de este porcentaje de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, el Instituto Nacional Electoral estará obligado a actuar en consecuencia.

Hasta ahí el proceso de la solicitud, pero ¿Cuál será la mecánica a seguir?

La revocatoria la organizará el INE pero la calificará el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y será válida con la participación del 40 por ciento de la ciudadanía del listado nominal.

Bastante holgado, por cierto, porque no se exige mayoría de empadronados.

Ahora bien, la oposición triunfó en la parte que impide que la consulta por la revocación de mandato se haga en el marco de las elecciones ya establecidas. Al contrario, tendrá que ser fuera de esos tiempos, que era lo que precisamente le concernía a priístas, panistas y perredistas, porque le temen que el nombre de AMLO venga de nuevo en alguna boleta, justo durante el proceso electoral de 2021, pues con ese solo hecho se convocaría a la gente a las urnas de manera masiva.

Los requisitos primordiales son que la consulta no podrá coincidir con las elecciones intermedias, el gobernante deberá haber cumplido tres años de mandato (para que se nombre en su lugar a un interino, porque de lo contrario tendría que convocarse de nuevo a elecciones), y se incluye como sujetos a revocatoria al Presidente de la República y a los gobernadores. ¿Qué tal?

Por lo tanto, la clase política de Guerrero debe estar relax. En las elecciones de 2021 no podrá hacerse esta consulta por dos razones; primero, porque son elecciones intermedias. Segundo, porque el presidente de la República todavía no habrá cumplido los 3 años de su mandato a julio de 2021. Se cumplirán 3 años de que ganó en las urnas, pero no de que tomó el poder, lo cual se cumplirá hasta diciembre de ese mismo año.

Siguiendo eta lógica, la consulta para revocación de mandato deberá hacerse a partir de enero de 2022.

Se mantiene en vigilancia trayectoria y evolución de Ciclón Tropical Potencial Diecisiete “E”

SPCGRO INFORMA:

El sistema de baja presión en el transcurso de la noche se intensificó a la depresión tropical número 17-E del Pacífico, se localiza este inicio de mañana aproximadamente a 50 km al sur-suroeste de Salina Cruz, Oaxaca, presenta movimiento hacia el noroeste a razón de 20 km/h, favorece la entrada de aire marítimo tropical hacia las porciones sureste y sur del país, condición que se incrementará conforme el sistema se acerque a la entidad guerrerense, que se mantiene en vigilancia.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se prevén lluvias torrenciales a puntuales extraordinarias (superiores a 250 litros por metro cuadrado): Guerrero y Oaxaca, además de la posible formación de trombas marinas en la zona de costa.

Se pide a la población en general extremar precauciones por las precipitaciones, viento y oleaje, así como la navegación marítima, y mantenerse atentos a las recomendaciones que emite el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Protección Civil.