(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Cinco largos años de investigaciones, millones y millones de
pesos gastados del erario público, más de 200 detenidos y hasta torturados, y
casi 2 mil días de un tortuoso peregrinar de los padres cuyos hijos fueron
apresados y desaparecidos en los hechos de “La negra noche de Iguala”, no han
servido de gran cosa.
Los errores de la Fiscalía Estatal, la PGR, los fiscales del
Caso Ayotzinapa, la tortura ejercida sobre los detenidos para resolver rápido
-presionados por el entorno político y social- un caso tan complejo como la
desaparición de 43 estudiantes normalistas en Guerrero, derivó en que los
tribunales mexicanos prácticamente lo tienen perdido, y da el caso que la
Fiscalía General de la República decidió comenzar de cero, para subsanar los
errores que se cometieron por muchos frentes.
Primero, como señala uno de los investigadores
independientes, desde el inicio se evitó seguir la línea de narcotráfico para
buscar a los muchachos. Eso evitó que se desestimaran varias líneas de
investigación, como es el caso de la línea que habla de que los muchachos
fueron llevados a Huitzuco (al menos parte de ellos), pese a que se tuvo por lo
menos con dos testimonios que involucran a policías de Iguala, de Cocula y de
este último municipio.
La PGR se concretó a la línea de Cocula, donde también la
CNDH confirmó que se encontraron cientos de restos óseos minúsculos, triturados
y carbonizados, de los cuales por lo menos 19 pueden corresponder a los de los
estudiantes.
¿Qué falta en todo esto? Primero, que se despolitice el
caso. Esto permitirá retomarlo sin tintes políticos de ningún tipo, como se
hizo hace 5 años, pues se aprovechó el momento para, entre otras cosas, hundir
al gobernador Ángel Aguirre Rivero, y para quitarle al PRD el gobierno estatal.
De hecho, todo debió comenzar a enderezarse hace dos años,
cuando la DEA entregó las conversaciones que líderes de Guerreros Unidos
hicieron desde Chicago, y las cuales revelan que los muchachos fueron
confundidos con gente de Los Rojos, que entonces operaban en la Zona Centro de
la entidad.
Entonces, partiendo de ahí, se dio la orden de matarlos,
algo de lo que se lamentaban los cabecillas desde Chicago, pues temían que se
les desmantelara el cártel, como ocurrió.
Siendo sinceros, en esto ni siquiera el alcalde José Luis
Abarca Velázquez, ni su esposa, María de los Ángeles Pineda, tienen
responsabilidad directa. Si acaso se les puede acusar de vínculos con el cartel
que se apoderó de Iguala de manera absoluta, al grado de que operaban desde
dentro de la policía municipal, pero no de haber planificado la masacre de
estudiantes.
En otro sentido operó la presión social y política sobre el
régimen de Enrique Peña Nieto, cuyo procurador, Jesús Murillo Karam, tenía que
dar resultados inmediatos, pues recordemos que la tragedia propició
manifestaciones de repudio a lo largo y ancho del planeta. Hasta en los lugares
más recónditos había reclamos por los 43.
Y aunque Murillo dice que logró unas 300 pruebas y
testimonios que solidifican su investigación, todo eso se cae ahora que el
fiscal Alejandro Gertz Manero determinó comenzar de cero, junto con el fiscal
especial del caso, durante una reunión con los padres de los muchachos, y
teniendo como testigo de honor al presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador.
Tres compromisos se hicieron en esa reunión, una de ellas es
recomponer el caso, la segunda frenar las liberaciones de los implicados, y la
tercera hacer evaluaciones periódicas.
Aparte, la investigación sobre los funcionarios que han
llevado la causa también continuará. “La Fiscalía General de la República
presentará los recursos y diligencias para responsabilizar a los funcionarios
que incumplieron con sus responsabilidades en el desarrollo de la
investigación, en particular contra los señores Jesús Murillo Karam, Tomás
Zerón de Lucio y José Aarón Pérez Carro, quien era el titular de la Unidad
Especial para el Caso Ayotzinapa…”, adelantó el Subsecretario de Derechos
Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas.
Y paralelamente a la indagatoria oficial de la Fiscalía,
prosigue la investigación independiente de la Comisión Especial que dirige
Alejandro Encinas. Por lo tanto, podríamos afirmar que “ahora sí”, el caso será
resuelto, tras 5 años perdidos en el marasmo de la política.
