Editorial

¿Quién para la UNAM?

En las próximas semanas se iniciará el proceso de elección o reelección del rector o rectora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se trata, como es sabido, de la máxima casa de estudios del país y sus voces tienen una repercusión en los más distintos aspectos de la vida pública del país. Es la primera ocasión que escribo sobre este tema en virtud de que, me parece, hoy en día adquiere una importancia singular preservar la autonomía con la debida rendición de cuentas en el contexto del cambio de régimen (no de gobierno) que vive México.

La polarización entre quienes sienten afectados sus intereses y expectativas y quienes, por el contrario, vislumbran cambios graduales en su beneficio, se ha vuelto un deporte nacional. Ni duda cabe, en este proceso hay vencidos y vencedores y cada quien va a defender el modelo de vida que le parezca correcto en esta lucha donde cada parte pone en práctica las herramientas que tiene a su alcance para generar una internalización de valores radicalmente distintos en el sistema nervioso central de la sociedad. Estoy a favor en su esencia de la 4T, con diferencias en lo accesorio. No obstante, no me cabe duda que la UNAM debe permanecer al margen de ese vigoroso intercambio de argumentos, posturas y definiciones en pugna, sin que se den espacios para sesgos institucionales de ningún tipo ni se convierta en botín político de nadie. De ahí, por tanto, que el proceso de designación del titular de la Rectoría requiere que se priorice la independencia de criterio, la prudencia en la conducción de la Universidad y, por supuesto, los resultados que permitan hacer más con menos.

En ese marco la posición facilista es quedarse callado y ver los toros desde la barrera. Es la condición humana. Como es de conocimiento público, no ocupo (ni quiero ocupar en modo alguno) ningún cargo en la administración universitaria. Mi posición, que aquí comparto, reside en el interés superior del país y de los universitarios. Nada más, pero nada menos. Estoy convencido de que debe fijarse postura y con elementos objetivables de quién y por qué debe tener la responsabilidad de conducir la UNAM el siguiente periodo. Estoy seguro que el actual rector, Enrique Graue, debe seguir en el cargo, por varias razones, entre las que de forma enunciativa señalo las siguientes: a) El rector Graue no es un político profesional ni quiere serlo. No representa a ningún partido ni sector, lo que paradójicamente en el pasado hubiera significado una debilidad. Hoy, por el contrario, es una fortaleza; muy pocos pueden exhibir esa impronta personal; b) Como es sabido, Graue arribó a la Rectoría a contracorriente de los grupos tradicionales que habitualmente se dedican a la política académica, lo que refuerza este planteamiento; c) La curva de aprendizaje de Graue fue razonablemente rápida y sus resultados hablan por sí mismos. Como ejemplos puede mencionarse un tema de frontera: a 45 años de no haberse creado una escuela en Ciudad Universitaria, en febrero de 2018 se aprobó la puesta en marcha de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, las unidades de investigación en temas torales subieron de jerarquía administrativa y, con ello, de recursos, como el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico ahora se ha convertido en Instituto, el máximo nivel de reconocimiento administrativo y académico a la investigación. Lo propio se ha hecho al crearse laboratorios nacionales de Clima Espacial, de Observación de la Tierra, de Innovación Tecnológica para la sustentabilidad, el de Recursos Genómicos. Se han creado siete laboratorios en temas relativos a la solución de los grandes problemas nacionales. Y si lo anterior fuera poco, la UNAM ascendió 72 lugares en el prestigiado índice mundial de calidad QS World University Rankings 2020, un hecho en verdad inusitado, y así se podría hacer un largo e inédito etcétera. ¿Cómo podría alguien en su sano juicio regatear el apoyo a un hombre como Graue?; d) Y ­estas reflexiones son ampliamente compartidas por la comunidad universitaria, en especial la jurídica, donde, por un lado, mi reconocido colega John Ackerman ha hecho público su apoyo por esta ruta y, por otro, el prestigiado jurista Eduardo López Betancourt ha hecho lo propio, por citar dos casos con pesos específicos en la vida universitaria.

Es tiempo de cerrar filas en torno a Graue, quien día con día genera los más amplios consensos por las razones expuestas y convoco a que se genere un movimiento que permita que la razón y la pertinencia ganen la partida en este proyecto de trascendencia pública por el bien de todos.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Este domingo el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, presentó al Congreso de la Unión del “Paquete Económico 2020”, que incluye los criterios económicos del gasto público que regirán el año siguiente, la iniciativa de Ley de Ingresos (que viene con amplias modificaciones), y el Presupuesto de Egresos.

Se supone que no hay una miscelánea fiscal nueva, pero sí que se apretará la pinza sobre los evasores de impuestos, así como también sobre los factureros, empresas que ayudan a empresas y gobiernos en el juego perverso de doble facturación y otros chunches, para evadir al fisco.

No habrá tampoco aumento de impuestos. De hecho, tanto diputados como senadores ya se preparan para dar la pelea en este tenor, y sobre todo que no se incremente le precio de las gasolinas.

Por lo tanto, y dado que continuarán las acciones para el rescate del sector energético (Pemex y CFE), se agudizará dos aspectos: el de la austeridad, y el del cobro de impuestos, algo que ya ha venido anunciando el personal de  Hacienda, sobre todo la Unidad de Inteligencia Financiera, que reportó pérdidas multimillonarias a causa de la evasión y la elusión fiscal.

Estas dos prácticas que son comunes en entre los personas físicas, morales e incluso gobiernos, representan entre 2.6 y 6.2 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional.

De ahí que el gobierno le ha puesto el ojo a las “Empresas Factureras o Fantasmas”, ya que “el uso de facturas apócrifas ha perjudicado las finanzas públicas y el bienestar económico, al reducir la disponibilidad de recursos públicos que el gobierno puede orientar a cumplir con sus funciones”.

En cuanto al presupuesto de egresos, hasta donde se sabe, habrá grandes recortes a la plataforma de gasto federal. Nuevos ajustes y recortes de programas no prioritarios, programas que se aplican de manera discrecional y aquellos que carecen de una justificación.

A estas alturas, el nuevo gobierno ya se dio cuenta que hay programas que sirven para la ordeña de recursos. Por ejemplo, hay uno que figura en todas las dependencias, sin excepción (incluso en la Oficina de la Presidencia), y que se refiere a “apoyo a la función pública y buen gobierno”. Visto así no dice prácticamente nada, y además carece de transparencia en su ejecución. Por lo tanto este programita pasará a ser historia.

En general, se habla de ahorros por 58 mil millones de pesos, que impactarán negativamente a 85 programas presupuestarios. Por ejemplo, para el año entrante ya no se gastará en el sostenimiento del Estado Mayor Presidencial, generándose un ahorro de 610 millones 892 mil 883 pesos.

La Secretaría del Bienestar y la Secretaría de la Defensa Nacional son las dos dependencias a las que más se les reducirá el presupuesto.

A la Secretaría de Bienestar se le cancelará en 2020 el fondo para el programa Prospera, que este año fue eliminado, y que equivalía a 20 mil 229 millones 561 mil 429 pesos.

Si este año fue difícil para los burócratas, 2020 lo será más. El presidente ha dicho que todavía el año entrante el país gastará más de la mitad de su ingreso per cápita nacional al pago de impuestos por deuda, mientras que trata de mantener el país a flote en medio de una sangrienta violencia que va en aumento, y además rescatar al sector energético.

Cuando AMLO tomó la decisión de rescatar Pemex, todo mundo lo llamó a loco. La empresa está tan caída y tan endeudada, que convendría mejor venderla como fierro viejo, que es lo que realmente habían venido haciendo los gobiernos anteriores.

Pero el presidente está empeñado en que el sector energético de México recupere su hegemonía mundial, aunque recientemente ya dio muestras de voluntad para que el rescate de Pemex se haga con la participación de la iniciativa privada. Esto nos dará un respiro y garantizará cierto nivel de éxito a este plan.

Entre tanto, aunque se busca un presupuesto de egresos más competitivo para 2020, también será más riguroso en cuanto al gasto para el sostenimiento del sector público. La SCT perderá 3 programas, a saber: Provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de Carga; Provisiones para la modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y de conectividad, y Provisiones para el desarrollo, modernización y rehabilitación de infraestructura de comunicaciones y transporte, todo por 6 mil millones 300 mil pesos

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, eliminará el Programa de Apoyos a Pequeños Productores, por 6 mil millones 131 mil 553 mil 872 pesos.

Esperaremos a conocer la opinión de los expertos, y las reacciones de diputados, gobernadores e iniciativa privada. Y, desde luego, la justificación del presupuesto que este lunes dará el presidente y el secretario de Hacienda, durante su conferencia mañanera.

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