5 septiembre, 2019

ESTRICTAMENTE PERSONAL

La cacería de Winkler

Raymundo Riva Palacio

Finalmente, el Congreso de Veracruz cumplió un objetivo, que se unieran las facciones de Morena que representaban los intereses del gobernador Cuitláhuac García, de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y del superdelagdo en el estado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para un propósito claro: tener la mayoría para suspender al fiscal del estado, Jorge Winkler, y sacarlo del cargo. Requirieron una mayoría simple por ser una suspensión con carácter temporal, que tendrá que ser calificada si se busca la definitiva. En todo caso, fue anulado, y el fiscal heredado de la administración de Miguel Ángel Yunes, que había aprovechado la pugna entre las facciones de Morena, dejó de ser una pesadilla para el gobernador. El problema es que para lograrlo, en Veracruz violaron flagrante y cínicamente la ley. Pero vayamos por partes.

El martes se publicó una edición extraordinaria de la Gaceta Oficial de Veracruz, el Tomo III, donde se informó del “Acuerdo de la diputación permanente de la Sexagésima Legislatura que como medida cautelar, control y defensa de la supremacía constitucional, resuelve separar temporalmente al C. Jorge Winkler Ortiz del cargo de fiscal general del estado por el presunto incumplimiento del mandato constitucional de contar con certificación, revalidación y registro correspondiente para la permanencia en el cargo”. Ipso facto, Winkler dejó la Fiscalía y lo sustituyó Verónica Hernández, una abogada con larga experiencia como notaria, fiscalista y derecho civil y administrativo, aunque de penalista nada.

Al hacerlo, el Congreso violó el Acuerdo 08/XLIV/19 suscrito en la Reunión Conjunta de Seguridad de la XLIV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública el 8 de julio pasado, que señala: “Se ratifica el Acuerdo 1/III-SE/2019 de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación por el cual se instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que, por conducto del centro Nacional de Certificación y Acreditación, lleve a cabo la reforma correspondiente al artículo Tercero Transitorio de los Lineamientos para la Emisión del Certificado Único Policial, a fin de modificar el plazo establecido para que las instituciones de seguridad pública cumplan los requisitos para la expedición del CUP a todos sus integrantes, debiéndose ampliar el término a dieciocho meses contados a partir del 10 de septiembre de 2019 y se publique en el Diario Oficial de la Federación”.

Si alguien alega que la suspensión temporal de Winkler se dio el 3 de septiembre, cuando ese acuerdo entraría en vigencia para la obligatoriedad siete días después, hay otro documento con fecha del 17 de mayo, el Acuerdo 1/IV-SE/2019, que establece una prórroga de plazo de vigencia de las evaluaciones de control de confianza: “La Comisión Permanente de Certificación y Acreditación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con la finalidad de evaluar a los integrantes de la Guardia Nacional, acuerda prorrogar por un periodo de un año el plazo de la vigencia de las evaluaciones de control de confianza establecidas en el Artículo 6, fracción V, de los Lineamientos para la emisión del Certificado único Policial, de aquellos integrantes de las instituciones de seguridad pública cuyo término de vigencia venza en los 12 meses siguientes a la publicación de este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación”.

Es decir, desde mayo la ley protegía a Winkler, como lo hacía con Eric Cisneros Burgos, secretario general de Gobierno veracruzano, que tampoco tiene la certificación mandatada por la ley. No es el único caso. Hay altos funcionarios, altos mandos y cientos de policías que no cuentan con la certificación exigida. Hay altos funcionarios federales que tampoco tienen la doble certificación, por lo que no tienen acceso a información de calidad de los servicios de inteligencia extranjeros. Incluso, cuando menos uno de ellos ha cancelado reuniones con algunos jefes de esas agencias y declinado invitaciones para ir a Washington.

En este sentido, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está actuando de forma idéntica al del ex presidente Enrique Peña Nieto durante su primer año: no combate a criminales, deja que los cárteles y las bandas se aniquilen entre sí, y pide prórroga para la certificación de funcionarios y policías. La diferencia entre ambos es que el gobierno de Peña Nieto no manipuló la ley de una manera tan públicamente artera para utilizarla discrecionalmente contra un funcionario que le incomodara a algún gobernador priista.

Los resultados de Winkler en la Fiscalía veracruzana están lejos de ser los mínimamente esperados. La violencia en el estado continúa teniendo la impunidad por omisión o comisión como su común denominador, sin que el fiscal haya podido marcar un punto de inflexión. Es decir, si el Congreso hubiera pensado en la seguridad de los veracruzanos, podría haber encontrado la forma de despedirlo por incompetente. Incluso, se podrían haber explorado las vías para que dejara el cargo porque su presencia generaba una creciente inestabilidad política, en perjuicio de los ciudadanos. Pero eso no es lo que estaba en la cabeza de los legisladores evidentemente. Tomaron la decisión de cazarlo.

La manera por la que optaron para suspenderlo, como se demostró párrafos arriba, es una violación a la ley y a los acuerdos que el propio gobernador García suscribió con sus pares y el gobierno federal. Violar la ley para que se alinean las fuerzas veracruzanas al gobernador es una ruptura del Estado de Derecho. A muchos no les importa eso en México, hoy y antes, para ser claros, pero ante las dificultades que enfrenta la economía mexicana y la creciente incertidumbre jurídica que está transmitiendo el gobierno, no le conviene al presidente ni al país la reiteración de atropellos como el que se acaba de dar en Veracruz.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

Editorial

Pasta de Conchos y Guardería ABC, la corrupción letal

En torno a la entrega de su primer informe constitucional, tanto en el mensaje del 1 de septiembre como por la gira del día siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por los avances en dos episodios de alta letalidad: Pasta de Conchos, la mina que operaba en condiciones inseguras donde murieron 65 trabajadores y, la Guardería ABC, donde murieron 49 niños.

Se trata de episodios tan dolorosos como las incontables historias trágicas de los tiempos recientes, pero que no se relacionaban con el periodo de la llamada “guerra contra el narco”, y sí con el encubrimiento, la impunidad de las altas esferas del poder político y económico, cuya prepotencia llegó en esos casos al extremo de evadir responsabilidades por decenas de muertes, manteniendo sus privilegios.

La noche del 18 de febrero de 2006, 65 obreros fueron a trabajar y encontraron la muerte en las primeras horas del día 19, debido a las malas condiciones del centro de trabajo.

Por esas condiciones inseguras eran responsables el patrón, Germán Larrea Mota Velasco -segundo hombre más rico del país, presidente de Grupo México y entonces, financiero de la fundación Vamos México que presidía la primera dama, Marta Sahagún-, sus representantes sindicales bajo el liderazgo de Napoleón Gómez Urrutia –hoy, redimido precisamente por Morena, el partido del presidente—y el Estado que, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) -en tiempos de dos ultraderechistas entonces poderosos: Carlos Abascal primero, Francisco Javier Salazar Sáenz después- llevó el tortuguismo burocrático, y quizás su corrupción, a un extremo letal.

El 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora, hubo un incendio en una guardería subrogada, esto es, concesionada por el Estado para ser operada por un particular al que se le pagaba con dinero público. Un archivo del gobierno estatal prendió y el fuego se extendió a la guardería matando a 49 bebés, encargados ahí por familias trabajadoras que confiaron en el tinglado de instituciones que se supone garantizaban la seguridad de sus pequeños: IMSS y Protección Civil, entre otras.

Entre las accionistas de la guardería figuraba Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de la entonces primera dama, Margarita Zavala Gómez del Campo, así como del gobernador Eduardo Bours Castelo, político y empresario enlistado entre los millonarios mexicanos, cacique sonorense que entre sus inversiones cuenta con Megacable operadora cablera y, Bachoco, la huevera más grande del país, entre otros negocios.

Hay denominadores comunes en los dos casos: los particulares gozaban de concesiones del Estado, es decir, hacían negocios al amparo del poder; el ocultamiento de información pues el día del siniestro en Pasta de Conchos desaparecieron bitácoras y registros previos, en tanto, la negativa a recuperar los cuerpos evitó el peritaje sobre el origen del siniestro; en la guardería, son muchos los indicios de un incendio provocado en el vecino archivo gubernamental.

Además, por negligencia o mordida, en cualquier caso corrupción, los empresarios tenían en riesgo a obreros y bebés; su influencia llegaba a las estancias presidenciales por las relaciones con las primeras damas de los dos gobiernos panistas; y tras las tragedias, gozaron de la protección gubernamental que se extendió hasta el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, pues en los dos casos sólo condenaron a empleados menores, dejando a salvo a dueños y altos funcionarios.

Destrabar la impunidad en las dos tragedias no parece sencillo. Sin embargo, en el caso Pasta de Conchos, la recuperación de los cuerpos a la que se opusieron gobiernos y empresa, permitiría también un peritaje. Una buena señal del gobierno de López Obrador se identifica en mantener fuera de todo procedimiento a Gómez Urrutia, por más pataletas que haga, así como a Grupo México.

En el caso de la Guardería ABC, el proyecto que en su oportunidad elaboró el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Larrea apunta a responsables en las altas esferas y, desestimado en su momento, es retomado por el presidente López Obrador en tanto, el ministro ahora preside la Suprema Corte. Otra buena señal.

Que López Obrador coloque estos dos asuntos en el contexto de su primer informe constitucional, así como su posicionamiento a favor de las víctimas, es cauce ineluctable para su retórica: los dos casos implican la relación entre el poder político y el poder económico que se ha propuesto separar; los dos representan la corrupción, llevada al extremo letal, que promete desterrar; los dos tocan, al menos moralmente, a las casas presidenciales y pueden representar la restauración del Estado de Derecho largamente postergado.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El papel de la SEDATU se enlazará con el de la Secretaría de Turismo, en el rescate y relanzamiento de los Pueblos Mágicos de México, así como del resto de los destinos turísticos nacionales.

Ojo, no se trata de retomar el programa que dejó el viejo régimen, sino de uno nuevo, que es parte del plan sectorial de la Sectur, y que está enfocado en ver a los destinos turísticos como algo integral, tomando en cuenta también sus zonas pauperizadas, y no sólo poniendo atención en las zonas de mayor afluencia de visitantes.

En pocas palabras, los pueblos mágicos no se abandonan. Al contrario, se les atenderá de manera integral, como siempre debió ser.

El titular de la Sector, Miguel Torruco, ha repetido muchas veces que el presidente de la República dio la instrucción de que el turismo sea una fuente de desarrollo para todos, y no sólo para los grandes capitales que utilizan los destinos vacacionales para anidar, y a los cuales se les trata con tanta deferencia, que hasta sus grandes eventos se les financian, aparte de que exigen calles, alumbrado público, servicios de agua potable y drenaje, así como seguridad, como requisito permanente.

Entre tanto, las colonias populares se apeñuscan sin servicios básicos, y de las cuales sale la mano de obra para los grandes consorcios turísticos, conformándose incluso con contrataciones temporales.

En mayo pasado, la Sectur dio por concluido el programa Pueblos Mágicos, cancelando la incorporación de más pueblos al programa que suma actualmente 121.

Eso dejó sin opciones a pueblos con potencial turístico, que no tienen sol, mar y arena, pero en cambio tiene historia, tradiciones, gastronomía, arquitectura y, en general, son espacios únicos surgidos del mestizaje de la Colonia, y cuyo acervo se conserva hasta nuestros días.

Para quienes vivimos del turismo sabemos lo importante que es que los pueblos tengan el beneficio del desarrollo turístico, pues eso no sólo implica mayor inversión gubernamental, sino, sobre todo, mayor inversión privada y una mejoría económica general, por la afluencia de visitantes.

Pero como parte de las políticas de austeridad decretadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se decidió no incorporar a más pueblos, y sí en cambio revitalizar a los 121 ya existentes, con una inversión estimada de 1 millón 250 mil pesos por cada uno, pero en un esquema bipartita de municipios e iniciativa privada. Concretamente, los municipios deben participar en remozamiento de calles y pintado de fachadas.

En este tenor, será hasta 2020 cuando se comiencen a recibir nuevas solicitudes, pero ahora se tendrá también la participación de la SEDATU, dependencia que se enfocará concretamente en el rescate de polígonos pauperizados, pues es común ver grandes franjas de miseria alrededor de las zonas hoteleras pudientes.

Torruco Marqués anunció el diseño de una nueva estrategia para reposicionar a los Pueblos Mágicos a partir de un Tianguis Turístico que se realizara en la última semana del mes de octubre en Hidalgo, donde se espera la asistencia de 130 mil visitantes.

Ahora bien, ¿qué hicieron los gobiernos estatales para mantener a sus pueblos mágicos? Porque es un hecho que el cambio federal los agarró desprevenidos, y el recurso que se les enviaba para inyectarles a esos pueblos ya no lo recibieron este año.

Algunos se quedaron de brazos cruzados. Otros, como los del Noreste del país que comparten historia y tradiciones, entre estos Coahuila, Zacatecas, Durante y Nuevo León, se unieron para hacer una bolsa conjunta que sustituyera el recurso que ya no recibieron de la Federación.

Especial ejemplo es Coahuila, entidad que dejó de recibir entre 20 y 40 millones de pesos de la Federación para sus Pueblos Mágicos; sin embargo, por sí solo le inyectó 120 millones al agregar el Impuesto Sobre el Hospedaje al presupuesto por ejercer, lo cual deberían hacer todas las demás entidades que tengan este reto de conservar sus pueblos mágicos.

La buena noticia es que los pueblos mágicos siguen siendo parte de la estrategia de desarrollo turístico nacional, y que la meta es incrementar esa red, a lo largo del presente sexenio.