(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
La matanza en un centro comercian de El Paso, Texas, en la
que cayeron 6 mexicanos y 6 más resultaron heridos, de un total de 20
asesinados y 26 heridos, así como la posterior matanza en Ohio, también en la
Unión Americana, donde cayeron 9 muertos y 26 heridos, pone por enésima ocasión
bajo la lupa la política armamentista de los Estados Unidos, tanto hacia fuera
de sus fronteras como hacia dentro.
Es hora de que los congresistas y senadores del vecino país
respondan por esa política tan abierta en cuanto a la producción y venta de
armas a civiles, y que tomen el ejemplo que desde 1996 adoptó Australia, tras
un hecho similar, restringiendo la compra-venta de armas única y exclusivamente
para asuntos militares, de defensa nacional y seguridad pública.
Ahora les tocó poner los muertos a los americanos que
cayeron víctimas de un joven supremacista que viajó desde Atlanta, Georgia,
hacia El Paso, Texas, para perpetrar la masacre en un centro comercial de la
ciudad fronteriza, donde hay una amplia comunidad latina.
Esta masacre, por cierto, es considerada la peor en la
historia de los Estados Unidos, en su tipo.
En Ohio el homicida es un joven de 24 años, que habría
tenido también motivos racistas para masacrar a la gente que esperaba entrar a
un bar.
Ante las masacres y la detención del joven criminal de Texas
(el de Ohio fue abatido por policías), políticos de Estados Unidos hicieron un
llamado a no quedarse como espectadores, pero ninguno tocó puntualmente la
regulación de las armas a la sociedad estadounidense, que prácticamente no
tiene restricciones para comprarlas y usarlas.
En Australia, tras una masacre similar registrada en 1996,
comenzó un duro proceso para prohibir la venta de armas semmiautomáticas y de
asalto, y regular aquellas que se venden para deportes.
El 28 de abril de 1996 fue un día triste para los
australianos: 35 personas vieron la muerte y otras 20 resultaron heridas. Un
hombre de 28 años llamado Martin Bryant, con un rifle semiautomático en la
localidad histórica de Port Arthur, en Tasmania, abrió fuego sin mediar
provocación en contra de las personas ahí presentes. Minutos antes realizó la
misma acción en el café donde almorzó tranquilamente, dando muerte a 18
personas.
Esta tragedia no solo causó conmoción entre los australianos
sino en todo el mundo. Por eso, los líderes políticos del país oceánico
comenzaron un proceso de reflexión donde el centro de la discusión fue el
extendido uso de las armas y la facilidad para adquirirlas en el mercado local.
En consecuencia, a pocas semanas de este hecho, las
autoridades regionales presionadas por los jefes de policía local, instaron al
Primer Ministro a que prohibiera el uso de armas, principalmente las
semiautomáticas y aquellas fabricadas para la guerra.
La primera medida adoptada por el entonces primer ministro,
John Howard, fue suspender la importación de armas. A esto se sumó que el
Parlamento australiano acordó un generoso programa para la devolución de las
armas, así también revisar la legislación existente en la materia.
Sin embargo, con el correr de los meses, la medida adoptada
por el gobierno liberal fue la creación del Acuerdo Nacional de Armas de Fuego
orientado a regular la portación y uso de armamento en todo el territorio y
brindar un marco legal adecuado para prohibir cualquier tipo de importación de
armas semiautomáticas.
Pero al contrario, en Estados Unidos ninguna medida de éstas
ha prosperado porque hay una asociación que es tan poderosa, que siempre logran
cancelar cualquier acción encaminada a legalizar la venta de armas a
ciudadanos.
Esta asociación, la National Rifle Association, defiende el
derecho de todo ciudadano estadounidense de poseer armas, tanto para la defensa
personal como para actividades recreativas. Se fundó en Nueva York en 1871, por
lo que se considera la organización de derechos civiles más antigua de los
Estados Unidos. El club posee 5 millones de socios.
A este club se enfrentan los políticos cuando piensan
siquiera en una regulación como la que se tiene en Australia, y como la que se
adoptó en México durante el gobierno de José López Portillo, como parte de su
política de pacificación del país luego del periodo de la Guerra Sucia y de la
persecución de la izquierda política y la guerrilla. El derecho a poseer armas
en Estados Unidos es parte de la segunda enmienda a la Constitución, y desde entonces
se vigila celosamente. Gracias a este derecho, los dos jóvenes homicidas de
este fin de semana tuvieron acceso a rifles automáticos que usaron contra la
población civil indefensa.
Pero estos no son los únicos tiroteos que se han registrado
en Estados Unidos. Son más comunes, de hecho, en escuelas, como en la
secundaria de Columbine, Colorado, en abril de 1999, cuando 12 estudiantes y
profesores fueron asesinados por dos alumnos, y lesionaron a 24 personas.
Digamos que ese fue el primer caso que pudo propiciar la
regulación de las armas para civiles en Estados Unidos. Y ayer, Donald Trump
únicamente ordenó luto nacional y puso las banderas a media asta. Pero hasta
ahí.
