(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Para los guerrerenses, sigue siendo un enigma la forma en
que se maneja el Poder Judicial del Estado. Pero de lo que sí estamos seguros
es que al seno del Tribunal Superior de Justicia, se cocina todo tipo de
delitos imputables a los servidores públicos, como el nepotismo en las
designaciones de cargos, tema en el que los magistrados ponen, imponen y
disponen, en un enredado reparto de cuotas de poder entre los togados.
Pero no sólo los magistrados llevan mano en esto, sino
también funcionarios de menor rango, que se ceban sobre los cargos de jueces de
control y ejecución penal, algo tan crucial en el nuevo sistema de justicia
penal, que los tristes resultados que se tienen en Guerrero en materia judicial
se deben precisamente a que esos cargos se entregaron en una subasta entre
cuates, y no por sus perfiles, sin respetar los exámenes de oposición.
Hasta donde logramos entender este asunto, los magistrados
son propuestos por el gobernador en turno, pero votados por el Congreso local.
Obviamente los criterios que prevalecen no son los profesionales y de perfil,
sino que es un asunto entre amigos y familiares (y hasta “protegidos”), pues
todo cargo público es bueno para el pago de favores electorales.
Y si el gobernador propone, el Poder Legislativo le hace el favor
de que todo salga a pedir de boca; incluso suelen presentarse ternas
disparejas, en las que uno es el bueno y los demás son los rivales más débiles;
desechables, pues. Mentira que se tengan convocatorias abiertas y exámenes de
oposición, o cosas por el estilo.
Ahora mal, ¿qué sucede en el Congreso, una vez que la pelota
está en su cancha? Todo se mueve en función de intereses partidistas: por un
lado, está el partido interesado en quedar bien con el gobernador, sobre todo
los plurinominales, pues para eso justamente los enviaron a esa tribuna. Y
luego están los partidos interesados en llevar mano de este tipo de
negociaciones. No es que les importe quién llegue como magistrado, sino que lo
que importa es vender el voto para que el partido que sí está interesado logre
su objetivo.
Y así es como se da la compra-venta de votos en el Pleno del
Congreso local, cosa que ha existido por siempre, hasta convertirse en “parte
de” la vida legislativa en el estado, y donde los diputados no votan
libremente, sino a juicio de sus coordinadores, y estos a su vez a juicio de su
partido –cuando se da el caso de que no haya gobernador afín-, pero sobre todo
a juicio del gobernador en turno. Todo esto corrompe de origen al Poder
Judicial, que como denunciaron diputados de Morena desde el pasado martes, es
un verdadero nido de corrupción y nepotismo. La fracción parlamentaria de
Morena denunció que magistrados, jueces y funcionarios del Tribunal Superior de
Justicia (TSJ) beneficiaron a esposas, hijos, familiares y amigos otorgándoles
plazas de jueces de control y ejecución penal, sin contar con carrera judicial
ni el perfil.
De acuerdo con la diputada Nilsan Hilario Mendoza, los
ganadores del concurso para elegir a los jueces de control y de ejecución
penal, no acreditaron los requisitos de elegibilidad establecidos en la propia
ley y no cuentan con carrera judicial de conformidad con los artículos 97 y 163
de la Constitución local.
Los nueve acreditados como jueces de control son, siempre de
acuerdo con el informe de Morena: Víctor Hugo Nava García, hijo del magistrado
Félix Nava Solís; Yolanda Morales Silva, quien se desempeña como proyectista
del magistrado Nava Solís “y protegida del magistrado Paulino Jaimes Bernardino”,
dijo la diputada.
Francisco Michel Espinoza Larios, hijo del consejero
Francisco Espinoza Grado, y su proyectista, Reyner David Ramírez, también
fueron designados como jueces de control, al igual que Luis Jesús Hernández,
sobrino político del secretario general de acuerdos del TSJ, Juan Sánchez
Lucas.
En la lista se encuentra también, Evelyn Ramírez Venegas,
“protegida” del magistrado Víctor Arellano Justo; Mario Hernández, “protegido”
del asesor de la presidencia del TSJ, Adrián Vega Cornejo. Verónica Roldán,
quien es auxiliar de la magistrada Norma Leticia Méndez Abarca, y Erick Serrano
Aguirre, proyectista del consejero magistrado Alfonso Vélez Cabrera.
Los cuatro jueces de ejecución penal son: Celia Croman
Flores, esposa del juez Bartolo Currichi Meza; María Teresa Sánchez Romero,
sobrina del secretario general de acuerdos del TSJ, Juan Sánchez Lucas, y
esposa del juez de Control Luis Enrique Hernández.
Génesis Hernández Rodríguez, esposa del magistrado Raúl
Calvo Sánchez, y Flaviano Alfaro Fierro, secretario auxiliar de la Secretaría
General de Acuerdos del TSJ, área que preside Juan Sánchez Lucas.
En el exhorto que propusieron los diputados de Morena pedían
también al presidente del TSJ, Alberto López Celis, que entregara al Congreso un informe de los métodos de
selección, criterios, lineamientos y bases para el otorgamiento de plazas a las
juezas o jueces de control y juezas o jueces de ejecución.
Las bancadas del PRI y PRD votaron en contra y el punto de
acuerdo fue turnado a comisiones. ¿Qué tal?
