11 abril, 2019 |

ESTRICTAMENTE PERSONAL

Qué difícil jefe

Raymundo Riva Palacio

Debe ser muy difícil ser miembro del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien todas las mañanas coloca a todo su equipo en una tensa situación donde saben que en cualquier momento tendrán que improvisar para seguirle el paso. Sus comparecencias matutinas y sus conferencias de prensa en Palacio Nacional son entre un circo romano y una montaña rusa. Para muchos fuera del gobierno, se han convertido en eventos morbosos para ver a quién difama o denuncia; para su gabinete, son un martirio porque todo puede pasar y cambiar, y todo puede esperarse. Todas las mañanas es como entrar en un túnel oscuro donde no sabe la mayoría qué va a encontrar.

Varios miembros del gabinete dedican personal a monitorear esas apariciones, para saber si hay alguna indicación que haya sobre su sector, algún nuevo programa que se le ocurrió al presidente y que no les había dicho, o algún tema contencioso sobre el cual les preguntará más adelante. Algunos han recibido instrucciones públicas sobre temas que nunca antes habían platicado con el presidente. Otros van a Palacio Nacional para participar en las reuniones de preparación de las mañaneras, donde a veces se juntan más de 100 funcionarios que aprovechan algún momento previo, para poder arreglar asuntos de su dependencia, ya que nunca los recibe.

López Obrador utiliza ese espacio para hacer lo que quiera. Una de las peculiaridades es cómo destroza la credibilidad de su propio equipo. Por ejemplo, el martes le tocó al subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, al desmentirlo de la evaluación para restablecer la tenencia en el país. El miércoles al de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien dijo que el nuevo aeropuerto de Texcoco no fue cancelado por corrupción, como originalmente se afirmó. En otra ocasión le dio instrucciones al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, para rasurar la Reforma Educativa, que estaba en el Congreso, para que los maestros no dijeran que era como la del presidente Enrique Peña Nieto.

López Obrador es un jefe sumamente complicado, en buena parte, porque le interesan muy poco la mayor parte de los temas de su competencia. Su rutina de trabajo empieza alrededor de las 5:40 de la mañana, cuando su gabinete de seguridad le da un reporte sobre la incidencia delictiva y se ponen de acuerdo sobre las cifras que darán a conocer. Siempre buscan dar números a la baja, aunque haya discrepancias hasta en un 20% con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como sucedió en el primer bimestre del año.

Terminando se abre el mercado de funcionarios queriendo plantearle al presidente algún tema, salvo aquellos que previamente fueron notificados que esa mañana tendrían sus 15 minutos de fama. Así le sucedió al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, a mediados de febrero, cuando le notificaron que tenía que presentar el plan para el sector eléctrico. Bartlett llegó con su presentación, pero minutos antes de entrar al Salón de la Tesorería, le dijeron que su documento sería para después y le entregaron uno que se había hecho en las áreas de propaganda de Palacio Nacional, que era la que tenía que enseñar a la prensa. En ella estaba el top ten de presuntos empresarios empapados en complicidades y conflictos de interés en el sector, que Bartlett, mostrándose como un ignorante, denunció sin poder sustentar sus dichos y acusó a ex funcionarios que ni siquiera estaban vinculados con el sector.

Al presidente no le interesa su gabinete. Para López Obrador, según funcionarios, los únicos con quienes tiene interlocución diaria y frecuente son los que se sientan permanentemente en la mesa de seguridad: el secretario de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Marina, almirante José Rafael Ojeda, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, el director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer. Tiene contacto, sin ser estrecho, con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y de manera coyuntural con quienes encabezan sus programas sociales. Hay miembros de su gabinete que incluso piensan que quiere despedirlos porque nunca les hace caso.

Lo conocen poco. En el gobierno de la Ciudad de México hacía lo mismo: reunión con el gabinete de seguridad, mañanera y desayuno de trabajo. Después se iba a jugar un rato béisbol, a tomar una siesta, y caminaba por el Centro Histórico repartiendo dinero. Ahora ha tenido que reducir sus prácticas de béisbol y recortar sus siestas. Ya no reparte dinero en las calles y por razones naturales de su mayor responsabilidad, a veces tiene eventos al mediodía. Pero en general, todo lo resuelve en la mañanera: informe de acciones de gobierno, conferencia de prensa y, como sucedió con la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, un evento formal y protocolar.

Después de eso, cada quien atiende lo que le ordenó directamente o a través de Scherer, principalmente. López Obrador es el poder todas las mañanas y delega la gestoría a través de un puñado personas específicas. Para él no hay líneas de mando, y se recarga en quienes tienen su confianza y es eficiente. A quien le delega ese poder, lo empodera para los asuntos de gobierno. Lo único que atiende directamente además de la seguridad, es lo que tiene que ver con la política electoral, con su staff encabezado por el coordinador de delegados federales, Gabriel García Hernández, el responsable de fortalecer el andamiaje para la consolidación del proyecto mediante las urnas, su mayor prioridad.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

Editorial

Guardia con alma militar

De nada sirvió que los ministros de la Corte echaran abajo la Ley de Seguridad Interior de Enrique Peña Nieto, de nada sirvió que los senadores trataran de enmendar la plana al Ejecutivo y a los diputados aceptando sesiones de parlamento abierto para discutir los cambios constitucionales para dar paso a la Guardia Nacional. Todo indica que el Presidente Andrés Manuel López Obrador está empeñado en que la cuarta fuerza de seguridad nacional sea esencialmente militar.

Pocos temas de la agenda pública han logrado un consenso casi unánime como el cuestionamiento al uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. En los pasados tres años que se ha planteado la Ley de Seguridad Interior y la propuesta de crear una Guardia Nacional, se han levantado voces en el país y de organismos internacionales cuestionando dichas iniciativas con datos contundentes sobre el riesgo de uso de soldados y marinos en tareas policiacas.

A pesar de ello el Presidente López Obrador se empeña en mantener una Guardia Civil de claro corte castrense como lo asentó el pasado jueves en Guadalajara al confirmar que el nuevo cuerpo de seguridad estará bajo el mando de un militar en activo.

Dijo que ya ha escogido a los mandos de la Guardia Nacional que tendrá un “Estado Mayor, que lo integra la Policía Federal, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y el comandante de la Guardia Nacional”. Éste comandante, adelantó, va a ser un militar en activo pese a que explícitamente la semana pasada el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y cientos de organizaciones de la sociedad civil exigieron que se respetara que el mando de la Guardia Civil no recayera en un militar.

En un comunicado presentado el pasado 31 de marzo, cuatro colectivos, media centena de organizaciones de la sociedad civil y más de 150 activistas y académicos calificaron de mero “disfraz” civil la conformación de la Guardia Nacional, por lo que exigieron al Presidente López Obrador que construya una Guardia Nacional “verdaderamente civil”, y no insista en militarizar al país.

Pero en lugar de atender estas peticiones y exigencias, el Presidente del Gobierno que promete la Cuarta Transformación de la vida pública del país, parece empeñado en la dirección del sentido militar de la Guardia Civil. Con ello, López Obrador parece estaría traicionando los acuerdos parlamentarios y los compromisos que estableció con organizaciones de la sociedad civil en las semanas que el debate llegó al Senado de la República.

Como si la actuación de unas instituciones entrenadas para abatir enemigos pudieran cambiar su formación y su historia sólo por la buena voluntad del actual presidente. Como si por la sola voluntad presidencial el ejército dejará de ser el instrumento de represión política al servicio de los grupos de poder en turno en la república.

Es una grave decisión que apuntala la tendencia de militarización del país que venía desde los anteriores gobiernos del PAN y del PRI y que lamentablemente continúa ahora en este Gobierno de Morena. Uno que prometió transformación y que está empeñado en continuar con la militarización del país.

Abril…

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Hacienda bajó desde marzo el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que es el impuesto que se paga por la producción y venta o importación de gasolinas, pero esto no tuvo ningún impacto en el precio del combustible que Pemex vende a los distribuidores, sino todo lo contrario.

Los gasolineros no sólo se quedaron con el dinero del subsidio, sino que además incrementaron los precios de las gasolinas y el diésel, agravando así mismo la inflación en el mercado nacional.

¿Qué sucedió? Que a pesar de que el gobierno está haciendo su parte para que la gasolina no sólo mantenga su precio, sino que baje, los gasolineros se determinaron a hacer incrementos al precio de los hidrocarburos que les surte Pémex a precios subsidiados, algo que es absolutamente injustificable.

El subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, explicó que en el primer trimestre de este 2019 el margen de ganancia de los gasolineros aumentó notablemente, “y sin una razón clara de costos”.

Dijo, por ejemplo, en comparación con el primer trimestre de 2018, los gasolineros se están quedando con un margen de beneficio de 70 centavos más por la venta de gasolina Magna, lo que implica un 55% al alza. En la Premium el margen es todavía mayor: 1.20 pesos, un 84% al alza. Y en el Diesel, 47 centavos, un 36% al alza.

Esto provocó que el pasado martes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los exhibiera públicamente, y les advirtiera que de continuar con esta práctica desleal hacia el consumidor final, Pemex crearía su propia red de gasolineras, para sembrarles una real competencia.

Así pues, luego de ser acusados de “embolsarse” estímulos fiscales y no bajar por ello los precios de las gasolinas, empresarios gasolineros buscan aclarar con Hacienda costos al público.

Obvio, los representantes argumentan que recurrieron al incremento de precios porque por la estrategia de combate al guachicol tuvieron pérdidas cuantiosas, por el desabasto que provocó el cierre de ductos de Pemex, y la transportación vía terrestre del combustible desde las refinerías.

Los empresarios buscan una reunión con la Secretaría de Hacienda para establecer cuáles son los verdaderos factores que influyen en los costos de la gasolina, pues para ellos no basta que Pemex se las dé a menor costo, sino que desean agregarles otras minucias, como la distancia entre las estaciones de servicio y las terminales de almacenamiento, que obviamente son las mismas, pues hasta ahora no se sabe que Pemex haya construido nuevas, sino al contrario, se tiene un rezago en esta materia de unos 25 años.

Pero el subsecretario de Hacienda fue claro al explicar que los precios de las gasolinas aumentaron principalmente por decisiones de los mismos empresarios gasolineros, quienes aumentan los estímulos fiscales a sus ganancias en lugar de aprovecharlos para reducir sus precios al público.

¿Qué tal? Consideramos que el presidente debe meter la competencia del Estado, porque si nos atenemos a que los empresarios piensen en nosotros, eso jamás va a suceder. Ellos están para ganar-ganar, nunca para perder.

Para darnos una idea del atraco, desde el viernes 5 de abril hasta hoy se aplicó un estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de 1.62 pesos por litro de la gasolina Magna, pero eso no se reflejó en el precio final, sino todo lo contario. Y la semana anterior a ésta, el subsidio fue de 1.05 pesos al IEPS.

Los gasolineros se quejan de que Pemex les da un margen de ganancia reducido; por lo tanto, se sirvieron con la cuchara grande.

Se supone que la apertura comercial de Pemex Distribución se hizo para que el consumidor final tuviera un mejor servicio. Y que la creación de nuevas marcas de gasolinas se autorizó para que el consumidor tuviera de dónde elegir. Pero todo es un montaje, porque no importa el nombre de la gasolinera, si es Pemex el que les surte a todas, y sobre todo si el gobierno está subsidiando el IEPS, impuesto que se aplica al precio final, y por lo cual los consumidores debemos ser los beneficiarios directos, no ellos.